Caso Rózsa. Ronald Castedo logra atención de la CIDH por su salud

El general Gary Prado consigue que un juez restrinja el derecho a viajar a dos de sus juzgadores por terrorismo

Ronald Castedo logra atención de la CIDH por su salud

 

Ronald Castedo en la audiencia de ayer por el caso terrorismo Ronald Castedo en la audiencia de ayer por el caso terrorismo. FUAD LANDÍVAR

IGOR RUIZ ZELADA / EL DEBERTras cumplir con la transcripción de las actas por parte de la secretaría del tribunal se reinició ayer el juicio por el caso terrorismo con la novedad de que el encausado Ronald Castedo logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notifique al Gobierno, al que le da tres meses de plazo para que explique por qué no fue separado del proceso siendo que su salud peligra, porque su corazón solo funciona el 20%.De igual manera otro de los procesados, el general Gary Prado Salmón, dentro de su querella contra los jueces técnicos Sixto Fernández y Eliana Gemio del tribunal que lo juzga por el caso terrorismo, consiguió que un magistrado, dentro de las medidas cautelares, les restrinja el derecho a viajar, a que no asistan a locales de expendio de bebidas alcohólicas y a que se presenten una vez al mes a firmar un libro.EsperanzaCastedo recurrió al tribunal internacional argumentando que su salud se deterioró por varios ataques cardiacos, convirtiéndose en un enfermo terminal, lo cual no le permitía viajar a La Paz, cuya altura es superior a los 3.600 metros sobre el nivel del mar, con el riesgo de sufrir muerte súbita.Según su abogado defensor, José Nicolás Hoffmann, la nota de pedido a la CIDH se la envió a mediados de 2013.“Un pedido como el de Castedo tarda bastante para una entidad como la CIDH, que lo ha visto con relativa rapidez y lo hizo conocer la semana pasada. La nota se la enviará directamente al Gobierno, que, si pasado el plazo y si no lo resuelve, nosotros iniciaremos una querella”, dijo.Por su parte, Gary Prado Araúz, defensor de su padre, Gary Prado Salmón, recordó que se plantearon las medidas cautelares para garantizar que, dentro del juicio que les sigue a los juzgadores Gemio y Fernández, no vayan a escapar, como lo hizo el exjuez Marcelo Soza