Especialistas ven riesgo sobre Constitución Política del Estado

La Paz | Los TiemposEl colectivo ciudadano Una Nueva Oportunidad (UNO) cuestionó ayer la Cumbre Nacional de Justicia porque no planteó soluciones para enfrentar la crisis del sistema y sólo buscó un mecanismo para abrir la CPE. En ello coincidieron Carlos Alarcón, Jorge Lazarte y José Antonio Rivera.Los expositores Carlos Alarcón, José Antonio Rivera y Jorge Lazarte, del colectivo ciudadano Una Nueva Oportunidad (UNO), coincidieron ayer que la “justicia se encuentra herida de muerte” y que para mejorarla se requiere concretar la independencia judicial. Para lo cual, se requiere propiciar pactos entre los actores principales de la sociedad con miras a una nueva agenda del sistema y no como ocurrió la semana pasada en la capital del Estado, una reunión improvisada y sin determinaciones concretas.“No se ha dado una respuesta clara y contundente sobre cómo deberíamos establecer un sistema de justicia, verdaderamente independiente de todo tipo de poder pero especialmente del poder político, además que sea un sistema de justicia de alta calidad para lo que se necesita con suma urgencia contar con jueces, fiscales y otros operadores del sistema que sean totalmente independientes y con alta calidad humana”, manifestó Alarcón, abogado constitucionalista.El abogado aseguró que en la cumbre se ha extraviado el norte que debe seguir el sistema judicial y por el contrario se forzó para aprobar medidas que van en contra de convenios internacionales, además de reñir con aspectos del respeto a los derechos de las personas establecidas en la Constitución.“Si vemos la conclusión principal, ha extraviado el norte, ha forzado la figura de la prisión perpetua como para tratar de conseguir una modificación a la Constitución Política del Estado  en un contexto en que recientemente ya hemos pasado por un proceso donde claramente la mayoría de los bolivianos hemos votado porque no se modifique el artículo 168”, indicó.Diagnóstico necesarioPor su parte, Jorge Lazarte (exvocal de la desaparecida Corte Nacional Electoral) explicó que el Gobierno utilizó la cumbre para beneficio propio y que eso se demuestra con la incorporación de elementos que no se consideraron en las precumbres judiciales, pero más allá para abrir la Carta Magna e impulsar una nueva reelección de Evo Morales.“Al Gobierno parece que no le interesa esta dimensión de la justicia, sino aquella que le pueda servir. El problema de la justicia no se reduce a la cadena perpetua”, puntualizó.El colectivo ciudadano opositor UNO anunció que en los próximos días realizará una serie de eventos en todos los departamentos del país para informar sobre la verdadera intención de la cumbre judicial que a través de sus conclusiones busca sólo abrir la Constitución y un nuevo referendo para habilitar al binomio presidencial con miras a las elecciones de 2019.La asociación, que está integrada por personas como Jorge Lazarte, José Antonio Quiroga, Ricardo Calla, Loyola Guzmán, Carlos Alarcón, Cecilia Requena, entre otros, trabajó para impulsar la opción No en el referendo constitucional del 21 de febrero.APROBARON LO QUE DIJO EL VICEEl constitucionalista José Antonio Rivera señaló que es una segunda oportunidad que se pierde para modernizar y solucionar la crisis que aqueja a la justicia. La primera fue en la Asamblea Constituyente cuando sólo se aprobó la elección de los magistrados a través del voto y la segunda se refiere a la cumbre de Sucre en la que se incluyó lo que les encargó el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, en la inauguración del cónclave.“La cumbre ha terminado en un monólogo de sectores sociales, 73 por ciento de los asistentes es de los movimientos sociales, 18 por ciento era funcionarios estatales vinculados al Ejecutivo y Legislativo, 3 por ciento del sector académico y de la universidad, 3 por ciento los abogados y el resto de los jueces no tuvieron la palabra”, dijo indignado. Aseguró que no se tomó en cuenta los síntomas de la crisis: violación al derecho de acceso a la justicia, elevados índices de retardación de justicia, injerencia política que afecta a la designación, la administración y las influencias directas para la toma de decisiones en el Órgano Judicial.