En los últimos 10 años se registró 64 asesinatos de personas con diferente orientación sexual. Lamentan la utilización de niños en la movilización de la víspera en Santa Cruz.El Defensor del Pueblo, David Tezanos, teme que surja la violencia producto del rechazo a la Ley de Identidad de Género. Hizo un llamado a líderes religiosas y a sectores sociales a tomar conciencia del riesgo que conlleva apoyar o fomentar, bajo el argumento de defensa de la familia natural y utilizando el nombre de Dios.A su juicio se atenta contra derechos conquistados de grupos minoritarios, como Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI). Pidió que quienes protestan actúen en consecuencia a los valores de la fe que profesan no cayendo en interpretaciones dogmáticas que fomentan la discriminación, el rechazo y el odio entre seres humanos.Lamentó que en la movilización desarrollada en la víspera en la ciudad de Santa Cruz, se haya recurrido a la utilización de niñas, niños y adolescentes, inculcando actitudes de intolerancia, discriminación y rechazo contra las personas que han optado por una opción sexual diferente.“Cabe recordar que la Ley 548 prohíbe el uso de niñas, niños o adolescentes, como objeto de presión en conflictos sociales, así como la instigación a participar en cualquier tipo de medidas de hecho”, afirmó Tezanos Pinto.Mediante un comunicado se indica que el fundamentalismo religioso y la intolerancia en todas sus formas han desencadenado no sólo acontecimientos vulneratorios de derechos humanos, sino incluso crímenes graves con desenlace trágico como los más de 64 asesinatos de personas LGTBI en el país en los últimos 10 años, de los cuales sólo 14 llegaron a un proceso de investigación y ninguno obtuvo sentencia.Finalmente, la autoridad indicó que la Defensoría del Pueblo se encuentra en alerta ante posibles hechos violentos a los que podría llevar la intolerancia con los antecedentes que se conocen de homofobia y transfobia en Bolivia. De la misma manera, acotó, se llevará adelante la investigación de actos de maltrato en movilizaciones relacionadas a esta problemática.Fuente: El Deber