El periodista argentino Andrés Salari realizará un documental sobre el «cartel de la mentira», auspiciado por el Ministerio de la Presidencia.
La ANPB lamentó que se use fondos públicos para desprestigiar a periodistas
El ministro Quintana, quien acuño el apelativo «cartel de la mentira». Foto: ABIDos organizaciones se pronunciaron esta semana a favor del periodismo boliviano, criticando la conducta gubernamental contra los informadores.En un comunicado a la opinión pública del 4 de octubre del presente año, la ANPB, junto a las asociaciones departamentales de Beni, Cochabamba, La Paz, Potosí, Santa Cruz y Tarija, denunció el “amedrentamiento gubernamental a la actividad periodística en el país”. En el documento, los periodistas se declaran en “estado de emergencia” por el anuncio de un documental a realizarse sobre el llamado “cartel de la mentira”. Éste estaría financiado por el Ministerio de la Presidencia, según anunció Juan Ramón Quintana, y pretende “lanzar acusaciones y agravios contra periodistas de larga y reconocida trayectoria”, mantiene el documento.El “cartel de la mentira” es el apelativo que utilizó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, cuando se presentó en la interpelación sobre el caso de Gabriela Zapata en la Asamblea Legislativa; en la que acusó a los medios de urdir una mentira para perjudicar la imagen del presidente Morales.El Vicepresidente Álvaro García Linera también utilizó el apelativo para referirse a los periodistas Humberto Vacaflor y Amalia Pando que fueron llamados a retractarse por declaraciones sobre autoridades gubernamentales. Vacaflor se retractó como fruto de un juicio ordinario y Pando debido a una resolución del Tribunal Nacional de Ética de Bolivia.En el comunicado, la ANPB expresa su sorpresa por el hecho de que se utilicen recursos públicos para que el periodista argentino Andrés Salari realice este documental para “justificar las acusaciones difamatorias con las que el gobierno ha enfrentado de manera continua a la prensa de Bolivia”.“En ese sentido alertamos a la opinión pública sobre la insistente y creciente ofensiva emprendida por el Gobierno, en contra del ejercicio periodístico en el país y hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales a detener la realización del citado documental para cesar la agresión y desprestigio contra el sector, en beneficio de la sociedad boliviana”, explica el documento.Fuente: Oxígeno / La Paz