Gobierno pone en marcha plan de reforma de la Justicia y remite al Legislativo tres proyectos de ley
Los tres proyectos de norma son la ley conciliación ciudadana y municipal, la modificatoria de la ley de ejercicio de la abogacía y la modificación al Código de Procedimiento Penal a través del nuevo Código del Sistema Penal, un proyecto que reúne en una sola norma los códigos Penal y el Procesal Penal.
El presidente Evo Morales en la presentación del plan de reforma del sistema judicial. Foto: Ángel GuarachiLa Razón Digital / Rubén Ariñez / La PazEl gobierno puso en marcha este martes el plan de reforma del sistema judicial y para ese fin remitió a la Asamblea Legislativa tres proyectos de ley que modifican normativas que regulan el ejercicio de la abogacía, acortan los plazos de los litigios y sancionan a las autoridades que incurran en dolo.“Hermanas y hermanos, son las conclusiones de la cumbre para implementar y para mejorar la justicia boliviana y para eso enel Órgano Ejecutivo estamos enviando tres proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, anunció el presidente Evo Morales durante la presentación de ese plan de reformas.Los tres proyectos de norma son la ley conciliación ciudadana y municipal, la modificatoria de la ley de ejercicio de la abogacía y la modificación al Código de Procedimiento Penal a través del nuevo Código del Sistema Penal, un proyecto que reúne en una sola norma los códigos Penal y el Procesal Penal.“Después de un trabajo en el Gabinete Jurídico, en consulta con la Asamblea Legislativa, con algunos expertos, tenemos un resumen para hacer esta profunda transformación y sobre todo un plan de implementación de las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia Plural (que se desarrolló en Sucre en junio de 2016)», señaló Morales.Con el fin de garantizar la celeridad de los litigios penales, la reforma fija la destitución y procesos para los jueces que suspendan audiencias. Una sanción similar se proyecta para los fiscales que se ausenten de las audiencias.Asimismo, los abogados que no asistan a las citas judiciales serán reemplazados por defensores públicos y sancionados disciplinariamente con suspensión de su matrícula profesional y el pago de multas.El plan de reforma fija de manera categórica la prohibición de la suspensión de audiencias.“La audiencias no se suspenden por ningún motivo porque algunos abogados, fiscales, jueces (son) expertos para suspender audiencias. Es el motivo de la retardación de justicia sin ningún motivo. Puedo imaginarme si alguien no está pagando bien a algún fiscal o juez hay que suspender con algún motivo porque está en plena negociación para extorsionar”, esbozó el Mandatario.En criterio del presidente Morales, no todos los juristas cometen ilícitos “pero a veces por algunos y algunas está mellada la dignidad de la abogacía y por tanto la justicia boliviana”.Los ajustes también alcanzan a la inclusión de agentes encubiertos en el sistema judicial para luchar contra la corrupción y la validación de videos y audios como pruebas legales para denunciar ese tipo de ilícitos.En esa línea, fija “la verificación del patrimonio de los servidores públicos y familiares porque tengo información que además tiene palos blancos. Usan a los familiares”, sostuvo Morales.Otro de los asuntos críticos tiene relación con el hacinamiento en los recintos carcelarios, que albergan a un gran porcentaje de imputados sin sentencia. Ante ello, el plan reivindica el uso de medidas alternativas a la detención preventiva, como el uso de manillas electrónicas y el arraigo o la retención de documentos de los acusados.“El objetico de esta implementación de las conclusiones de la Cumbre es establecer las bases de la revolución de la justicias en Bolivia para la construcción de un nuevos sistema de justicia plural al servicio del pueblo erradicando practicas coloniales y corruptas, eliminando la retardación y garantizando acceso a justicia pronta oportuna y justa”, subrayó Morales.El jefe del Estado boliviano además desveló que su despacho analiza la convocatoria a un referéndum para reformar la Carta Magna y así incluir la cadena perpetua para las personas que abusen sexualmente de menores.
