Los representantes de la Empresa Misicuni en el juicio contra el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni, que comenzó sin la presencia de los seis procesados, en el juzgado anticorrupción, ayer. | Hernán Andia
Los representantes de la Empresa Misicuni en el juicio contra el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni, que comenzó sin la presencia de los seis procesados, en el juzgado anticorrupción, ayer. | Hernán AndiaEl daño que se causó el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) por la conformación de una sociedad ficticia para adjudicarse el contrato de 84 millones de dólares para construir la represa de Misicuni no es de 23 millones de dólares como determinó la Contraloría General del Estado, sino de 33 millones, informó el presidente de la Empresa Misicuni, Jorge Alvarado.En noviembre de 2013, la Empresa Misicuni resolvió el contrato con el CHM por falta solvencia financiera. En 2014, se encontró un contradocumento (Anexo 16), que reveló que el representante legal del CHM, Martín Rovira Rada, contactó a ejecutivos de empresas italianas, venezolanas y colombianas para obtener sus currículos, armar la propuesta, ganar la licitación y, de esa forma, adjudicarse el contrato, según un edicto publicado por los fiscales del caso.En 2014, la Contraloría explicó que el consorcio causó un daño económico a Misicuni.“De acuerdo a lo que ha establecido la Contraloría, son 23 millones de dólares; pero, de acuerdo a los cálculos de la Empresa Misicuni, consideramos que alcanza a los 33 millones de dólares”, dijo Alvarado.Indicó que no sólo se trata de un daño económico; sino también un daño social, debido a que la obra debía entregarse en 2014; pero, a la fecha, el agua no puede ser entregada a la población.“Debería estar generando energía eléctrica y no se está brindando agua la población, es un costo social y económico que debería cuantificarse”, declaró.Explicó que, cuando se inició el proceso contra los ejecutivos del consorcio, se incautaron varios bienes; sin embargo, las propiedades no cubren ni 5 millones de dólares para resarcir daños.Aseguró que Misicuni se dio cuenta del engaño cuando la aseguradora Credinform presentó el contradocumento como prueba en un proceso contra Misicuni.El CHM estaba integrado por CCI de Bolivia, Obresca y Vialpa de Venezuela, Change Consulting Group y Gerencia G.C.C. de Colombia y nominalmente por la italiana Grandi Lavori.SUSPENDEN JUICIO HASTA ABRIL PORQUE UN JUEZ SE ENFERMÓEl juicio oral en contra el CHM se suspendió ayer después de dos recesos porque el juez Genaro Pardo se enfermó.El juicio tuvo ayer dos recesos a causa de la descompensación del juez, que no asistió a las 8:30, por lo que la audiencia se suspendió media hora. Ante su ausencia, la misma se postergó hasta las 17:30. Al final se reprogramó para dentro de un mes, hasta el 20 de abril.Los representantes del consorcio, Martín Rovira Rada, Eduardo Gómez Vásquez, Raúl Nemtala Caballero, Julio Hernán Espinel Martínez (venezolano), Francesco Senis y Raúl Maggioni (italianos), son procesados en rebeldía, porque no asumieron su defensa desde 2014. Los ejecutivos enfrentan cargos por la presunta comisión de conformación de sociedades ficticias, falsedad ideología e incumplimiento de contrato. La juez determinó separar el delito de falsedad ideológica porque no es de corrupción.MISICUNI REANUDÓ LAS OBRAS UN AÑO DESPUÉS CON CAMCE Después de resolver el contrato con el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM), en 2013, las obras se reiniciaron en 2014 y fueron adjudicadas a la empresa china Camce Engineering Bolivia Branch (Camce), que se adjudicó tres de los cuatro paquetes del megaproyecto por más de 62 millones de dólares.A la fecha, la obra tiene más del 90 por ciento de avance y la represa tiene cerca 27 millones de metros cúbicos de agua acumulados. Esto representa 62 metros de los 120 de altura que tiene la estructura. El objetivo es llegar 31 millones hasta abril.Misicuni dotará de agua a Cercado desde junio y generará energía en septiembre. Aún se deben licitar las obras complementarias. Se trata de la estabilización de los taludes, el tratamiento de las fallas con inyecciones de plinto con 3,2 millones de dólares y la protección del vertedero con 1,6 millones de dólares. Además de la perforación del portal y compuertas del túnel de aducción de Vizcachas-Putucuni, con 1,2 millones de dólares, y la contratación de la supervisión, con 725.756 dólares.En la segunda fase, el megaproyecto tenía previsto dotar de 3.100 litros de agua por segundo a los siete municipios de la región metropolitana. De acuerdo al cronograma inicial, las obras debían concluir en 2012. Sin embargo, la Empresa Misicuni y la Gobernación decidieron que el CHM siga con el proyecto hasta 2013 a pesar de que no tenía solvencia financiera.PERJUICIO Y BÚSQUEDA Jorge Alvarado, presidente Empresa MisicuniHay costo social y económicoEl proyecto debería estar generando energía eléctrica y la población no está recibiendo agua; eso un costo social y económico. Cómo recuperar ahora, ése es el problema. Se han incautado algunos bienes que están con anotación preventiva, pero eso no es nada; no alcanza ni los cinco millones. Cómo recuperamos el dinero, el consorcio no tiene ni una carretilla. Vamos a ver cómo resarcir el daño a través de Cancillería.Arturo Arnez, abogado Empresa MisicuniSe buscará a los acusados con la sentenciaSe deben agotar todas las gestiones para buscar a las empresas acusadas y recuperar los recursos afectados. Se va a trazar una estrategia legal después de que tengamos la sentencia; ahora, estamos en la etapa donde se determina la culpabilidad, posteriormente, avivaremos mecanismos para poder ubicar a los acusados ya con una sentencia. En este tiempo se ha acumulado pruebas.Los Tiempos / Laura Manzaneda