Fernando Prado SalmónEn el periodo 2011/20115, la Presidencia ha manejado Bs 9.600 millones mediante el programa Bolivia cambia, Evo cumple, en un esquema de casi ‘libre disponibilidad’, con pobrísimos controles, usurpando y atropellando competencias ministeriales, departamentales y municipales, y creando así un verdadero gobierno paralelo.Pero, ¿por qué este despropósito? La respuesta es clara: para mantener la vigencia del caudillo, y que él pueda hacer sentir a los pueblos y comunidades que todos los días del año ellos reciben un regalo producto de la generosidad del presidente, quien, cual rey, puede disponer de fondos a voluntad. Eso explica que se pase el año entero inaugurando obras que en realidad no le correspondería ejecutar.Lo dicho se evidencia analizando el valioso informe de fiscalización de ese programa, hecho público por el senador Óscar Ortiz Antelo, quien en el mismo sostiene: “Es uno de los ejemplos más claros del manejo discrecional de los recursos públicos… es el uso prebendal de dineros del Estado para mantener la popularidad del presidente sin criterio de prioridades, sin visión de políticas públicas y destruyendo los límites institucionales…”.Este mecanismo permite, en primer lugar, el atropello a la institucionalidad, pues con él la Presidencia usurpa las funciones de gobernaciones al ejecutar estadios y hospitales, y usurpa a las alcaldías al construir escuelas, mercados y canchas. No se respetan las competencias cuidadosamente descritas en la CPE, la Ley Marco y la Ley de Gobiernos Autónomos, mostrando a las autoridades legalmente elegidas como personajes menores frente al verdadero poder, que es el del caudillo nacional. Es la desinstitucionalización del país. Pero hay más: el manejo de esos fondos es arbitrario y está por encima de las leyes, sustentándose solo en decretos: como ejemplo basta citar el decreto 981/2011 que autoriza la adjudicación directa. Como consecuencia, en 2015, el 49% de contratos ha sido por adjudicación directa. Debe también mencionarse que el Decreto Supremo 932/2011 autoriza la transferencia de los recursos públicos de este programa a privados, tal como ha sucedido con el Fondo Indígena.La principal justificación para la creación de este programa estaba en que la burocracia estatal no permitía ejecutar obras, así que en vez de corregirla decidieron construir otra, la cual, lamentablemente fue peor que la que se quería evitar: La ejecución presupuestaria el 2011 fue del 25% y la de 2015 del 49%, muy por debajo de las ejecuciones de las instituciones constitucionales.Queda así al desnudo que el motivo para que exista ese engendro es solo político, para sustentar el poder del caudillo, que debe estar por encima de las autoridades elegidas para esas funciones.El Deber – Santa Cruz