El jurista sostuvo que los tres abogados de Gabriela Zapata, expareja de Evo Morales, fueron advertidos por organismos internacionales “de la inminente persecución que se avizoraba”.
Desde la clandestinidad, Wálter Humberto Zuleta, que fue abogado de Gabriela Zapata, afirmó a Página Siete que no retornará a Bolivia porque no hay las garantías de un debido proceso.Hace un año -en mayo de 2016- Zuleta salió del país rumbo a México, luego se conoció que estaba en Perú, pero ahora se desconoce su paradero. El 17 de mayo de 2016, la fiscal Mariana Montero había ordenado la aprehensión de Zuleta y de sus colegas Eduardo León y Williams Sánchez.Esa acción se dio un día después de que la defensa de Evo Morales, Gastón Velásquez, presentó una denuncia contra Zapata, la expareja del Presidente, y contra los tres juristas por tráfico y trata de personas, alteración y sustitución de estado civil, sustracción de menor y otros delitos por supuestamente presentar ante una jueza a un menor como si fuese hijo del mandatario.Después de su salida del país circularon en las redes sociales fotografías junto a Zapata. En ese sentido, Zuleta dijo que «la idea de esta situación de estar vinculado a Zapata respondió a una estrategia de Eduardo León para afirmar sobre un complot contra él… para retirarlo del caso Fondioc”.Gabriela Zapata dijo en una entrevista que usted era su pareja. ¿Cuál es su postura?No sé lo que habrá dicho la señora Zapata sobre este tema, lo que extraña es que el periodismo diga que no le creen nada, pero luego admiten creer lo que le quieren creer, es extraño, dado que se ha denotado claramente un caso de megalomanía galopante.Pero igual es menester decir firmemente que nunca existió relación alguna, más que de una amistad inicial, normal entre abogados y clientes. Nunca estuve en reuniones sociales, viajes, eventos o locales públicos y las razones de cualquier reunión siempre fueron de trabajo y con terceras personas de los mismos intereses. Y nunca pasaría. Somos harina de costales muy pero muy diferentes.¿Por qué abandonó el país? ¿Usted sabía que los detendrían?Cuando se abrió el caso que involucró a los abogados, entre otros, los tres habíamos recibido recomendaciones de dos organismos internacionales de Derechos Fundamentales y por al menos dos veces dos meses antes, la recomendación era tomar previsiones por la inminente persecución que se avizoraba.Esto, dada la extrema politización que había tomado el proceso judicial, ya que desvió la búsqueda de una verdad jurídica para ser sustituida por una justificación política con objetivos electorales.En consecuencia, los abogados estuvimos advertidos, aún más León y Sánchez Peña, que recibieron información posterior de que esta situación se daría, por lo que cada cual debió tomar sus propias medidas de cuidado.El Tribunal dictó una sentencia de tres años de cárcel contra usted. ¿Volverá al país?La sentencia dictada en mi contra, aunque mínima, es injusta e ilegal. Encima, tiene enormes contradicciones, más allá del alto contenido político, porque había sido anunciado oficialmente, que así se demostraría un complot político por el cual se dieron los resultados del referéndum de febrero de 2016.Argumento de la celeridad que batió un récord mundial: dos meses de juicio, cuando el promedio de los juicios duran cuatro años y el 80% de los presos del país no tienen sentencia.Teniendo esta finalidad, está claro que la sentencia, la de ahora y las posibles futuras, ya tienen redacción previa.Entonces considera que hay una sentencia redactada por el caso de trata de menores…Lo que preocupa más es cómo la aplicación de justicia en nuestro país pasa por jueces y fiscales moralmente enclenques, que quieren favorecer el mandato de los políticos, más que honrar su profesión y su sagrado mandato de entregar a la sociedad el disponer de entregar lo justo a los justos.Se me ha juzgado en ausencia y con declaración de rebeldía por ellos mismos, jurando que no conocían mi paradero, cuando públicamente y con fotos sabían dónde me encontraba. Luego igual continuaron las causas y sentenciaron.Quiero recordar que hasta en los procesos contra exmandatarios del país, ministros y otras autoridades ausentes se ha respetado el principio del derecho a la defensa. Incluidos los gobernante de facto. A mí no. Más si se me procesaron delitos menores que no son de corrupción pública.Página Siete / Beatriz Layme / La Paz