Agustín Echalar AscarrunzSi con una buena fe rayada en la ingenuidad aceptamos la versión de nuestros compatriotas y del Gobierno plurinacional respecto a lo sucedido ese domingo 20 de marzo, tendríamos que entender que en su extremo celo profesional ellos cometieron un gran error: se pasaron la frontera sin más, portando armas y, para colmo, amedrentaron y les quitaron sus pertenencias a personas, que por estar en su país, no podían ser (todavía) consideradas como contrabandistas. Tendríamos que aceptar que por nervios o por cansancio se les ocurrió hacer las cosas de una manera muy sui géneris. En vez de detener al contrabandista (supuestamente en ese momento ellos creían estar en Bolivia), le quitaron su camión cargado del supuesto contrabando y lo dejaron tirado en medio del desierto. Luego parece ser que el camión se arruinó y tuvieron que dejarlo. En ese momento aparecieron los carabineros chilenos y los que creían que estaban en territorio boliviano, o se acobardaron ante una nueva invasión o se dieron rápidamente cuenta de su error y, por ende, de su verdadera situación. Parece ser que en forma muy abusiva los carabineros los redujeron. Pero claro, hay que tomar en cuenta que estos individuos acababan de quitarle un camión a un ciudadano, que más allá de sus intenciones todavía no había cometido ningún delito, y lo habrían hecho también con bastante violencia. Es más, dejar a una o dos personas en medio del desierto es un terrible acto de lesa humanidad, podían haberse insolado o congelado o sufrir ambos extremos. Ese es un detalle que no debería ser minimizado ni por moros ni por cristianos. El Gobierno boliviano salió por los fueros de sus funcionarios, algo loable, pero que considerando el enorme contrabando que aún fluye hacia Bolivia, debió haberse hecho con una razonable reserva de que la versión chilena, que aducía que estos individuos habían tratado de robar un camión lleno de mercadería, podía tener un mínimo de verdad. Las cosas fueron de mal en peor con la denuncia por parte del presidente en ejercicio del Estado Plurinacional, de secuestro de funcionarios bolivianos cometido por carabineros de Chile en territorio boliviano, y la respuesta dada por la Presidenta de Chile, aduciendo que eso no había sido así, que todo ocurrió en territorio chileno y que los individuos apresados habían tratado de robar un camión. Aunque nunca se disculpó, el Gobierno dejó de decir que carabineros de Chile habían incursionado en territorio boliviano y empezó con un doble discurso, que a veces da la impresión de ser francamente infantil. Clamó por una solución diplomática entre países «hermanos” (si ahora éramos hermanos) y no hizo absolutamente nada diplomático, porque como se sabe ese tipo de acuerdos se hacen a puerta cerrada, o por lo menos sin megáfonos ni lanzallamas, y menos por Twitter. Lo cierto es que considerando el mal estado de las relaciones entre Chile y Bolivia, quienes trabajan en la frontera con ese país deberían extremar cuidados para no crear ninguna tensión más. Chile ha actuado de acuerdo a sus leyes y ha tratado a los nueve bolivianos como personas que ingresaron ilegalmente a su país, además portando armas, y que cometieron un ilícito aparte de ingresar dos coches que no tenían autorización para ello. El vía crucis de los funcionarios bolivianos durante estos tres meses y el veredicto de la jueza no podrían ser más aleccionadores, podemos estar seguros de que los ciudadanos bolivianos en el futuro tendrán extremo cuidado de no ultrapasar la frontera chilena sin cumplir con las normas establecidas. Mientras tanto, en Bolivia lo que toca preguntarse es qué hacer con los ahora declarados «mártires de la reivindicación marítima”, a final de cuentas su actuar impreciso, su incapacidad de reconocer una frontera, algo elemental en la lucha contra el contrabando, le ha costado al país una enorme cantidad de dinero. Para empezar los coches y las armas que han sido incautadas y luego los costos de su defensa, los viajes de las pocas autoridades que han podido obtener visa, y la multa de casi 50.000 dólares americanos. Lo que debería esperarles aquí es mínimamente una amonestación, cuando no la pérdida de sus situaciones laborales, aun recurriendo sólo a la versión de ellos y no a la de la justicia chilena. Página Siete – La Paz