José Luis Parada asegura que se benefició la comuna cruceña con casi Bs 900 millones recortados al gobierno departamental cruceño. De esos, unos 300 millones fueron de libre disponibilidad
Tres caras de la discusión Hugo Siles, Rubén Costas y Percy Fernández, en un encuentro sobre pacto fiscal. Para la Gobernación, la administración central solo ayuda al hermano rico, la Alcaldía / Foto: Rolando VillegasLa frase de Percy Fernández aún repica en la política local. “Tenía la sensación que nos querían trabuscar los bolsillos”, dijo, en referencia al gobernador Rubén Costas y su insistencia por el pacto fiscal. Ahora, el que ve ‘manos’ en los bolsillos de la Gobernación es José Luis Parada, asesor general de Costas y exsecretario del Tesoro del Gobierno departamental.Parada es tal vez el funcionario más antiguo del edificio de ladrillo visto y hormigón de la Omar Chávez. Por ello asegura que parte del dinero recortado por el Gobierno central a la Gobernación va a parar a las arcas de todos los municipios cruceños, pero en especial al de Santa Cruz de la Sierra.Según detalla, desde 2008 el Gobierno se lleva un buen pedazo de la torta de lo que le correspondía originalmente a Santa Cruz por conceptos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para pagar la Renta Dignidad. En estos años, esos recortes se han acumulado hasta totalizar Bs 1.500 millones, que han sido transferidos directamente a las cuentas de los 56 municipios del departamento bajo un concepto de población y a la provincia Andrés Ibánez le ha tocado casi Bs 900 millones, casi todo para Santa Cruz de la Sierra.Consultado al respecto, el secretario de Administración y Finanzas de la Alcaldía, Manuel Medina, aceptó que el Gobierno inscribe estos recortes en las cuentas municipales, pero eso no significa que estas lleguen realmente a los municipios, sino que son utilizados para pagar directamente la Renta Dignidad.Parada cuenta algo parecido, pero con matices. Primero aclara que cuando la Renta Dignidad se llamaba Bonosol era pagado con las utilidades de las empresas capitalizadas. Luego que del monto transferido, dos tercios son utilizados para pagar la Renta Dignidad y un tercio queda de libre disponibilidad para los municipios.Eso, según Parada, al día de hoy, son alrededor de Bs 300 millones para Santa Cruz de la Sierra.Pez y pescadorMientras el secretario de Comunicación de la Alcaldía, Jorge Landívar, se pregunta si lo que quiere la Gobernación es repartir la torta de los recursos nacionales en pedazos más chicos o buscar agrandarla para no afectar a nadie, su colega secretario Medina aclara que Percy Fernández es un autonomista con mucha trayectoria, pero también entiende que los gobiernos de las ciudades son el foco de demanda de recursos para atender necesidades crecientes, sobre todo por la fuerte migración que llega a la urbe.Por ello, para conseguir más recursos ante la baja de las transferencias del Gobierno central aplicó medidas como ‘incentivos tributarios’ (perdonazos) o el apalancamiento de recursos a través de créditos.Mientras Vladimir Peña, secretario de Gobierno y vocero del gobernador, asegura que la propuesta de pacto fiscal es para que el nivel central comparta los recursos de coparticipación con las gobernaciones, Parada cree que la administración central del Estado solo ayuda al “hermano rico” del departamento.Para el asesor del gobernador, si se toma en cuenta que en 2013 el Gobierno transfirió los hospitales de tercer nivel a las gobernaciones, el ahorro para el municipio cruceño fue de $us 200 millones, pese a que el presupuesto de la Alcaldía “es entre tres y cuatro veces superior” al de la Gobernación.“El Gobierno central se lava las manos y no asume ni siquiera la responsabilidad de proveer ítems de salud, pese a que es la prioridad financiera del Estado”, reniega Parada, que asegura que la Gobernación paga más de 1.800 ítems.El GobiernoHugo Siles, viceministro de Autonomías, es una especie de juez en esta pelea. Considera que no entiende por qué la Gobernación se queja de falta de recursos, si entre 2012 y 2014 llegaron a tener hasta Bs 3.000 millones en caja y banco, es decir, no podían ejecutar todo su presupuesto. Cree que el mayor problema de la Gobernación es que no ve otra forma de tener más recursos que extendiendo la mano a las transferencias nacionales, sin querer generar empresas subnacionales ni brindar servicios. “El Gobierno nacional tuvo que tutelar el cobro del impuesto a las sucesiones, porque la Gobernación no lo cobraba”, dijo Siles.EL DEBER / Pablo Ortiz