El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, tras la determinación que le da detención domiciliar al alcalde, José María Leyes, aseguró que con esta determinación judicial se da lugar al “golpe municipal” orquestado por el Gobierno y grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS).
“Han prohibido el ejercicio de los derechos políticos de un ciudadano y esto es un antecedente que demuestra la dictadura que estamos viviendo en nuestro país. Hoy se consuma la dictadura en nuestro país y estamos evidenciando que hay autoridades judiciales que pueden suspender los derechos políticos de cualquier autoridad electa por el pueblo”, dijo Monasterio.
El juez Luis Fernando Pérez determinó hoy detención domiciliaria, con custodia policial, para el alcalde de Cochabamba, José María Leyes. Asimismo, fijó una fianza de 200.000 bolivianos, arraigo y le ordenó no tomar contacto con funcionarios públicos.
En este contexto, el diputado de UD anunció que acudirán a organismo internacionales para denuncia la vulneración de los derechos políticos de Leyes.
Por su parte, el abogado de Leyes, Humberto Trigo, dijo que se estudiará una apelación a la determinación de que la autoridad edil no tenga contacto con funcionarios públicos.
Por su parte, el representante del Ministerio Público, José Manuel Gutiérrez, aseguró que se apelará la decisión del juez ya que se habría demostrado la probabilidad de obstaculización del proceso por parte de Leyes debido a “su posición dentro de la Alcaldía de Cochabamba” y a “las movilizaciones violentas vividas los anteriores días en la ciudad”.
“Se han declarado probados cinco de los riesgos procesales que el Ministerio Público ha planteado pero no compartimos las medidas sustitutas, estaban dadas todas las condiciones para la detención preventiva del imputado (José María Leyes)”, señaló.
Los delitos por lo que Leyes fue imputado son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contrataos lesivos al Estado.
El 2 de abril pasado la concejal Rocio Molina (MAS), denunció ante el Ministerio Público el presunto sobreprecio y la compra anticipada de un stock en la adjudicación de mochilas escolares a la Asociación 26 de Febrero por 12,4 millones de bolivianos.
Fuente: lostiempos.com