14 arbitrajes costaron $us 908 millones y faltan 4 por resolver

Tras el  fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el caso Quiborax, que obliga al Estado a pagar   57 millones de dólares, con   intereses, la nacionalización de 14 empresas desde 2006  le ha costado al Estado  al menos 908 millones de dólares.A la fecha aún están pendientes otros cuatro casos, por los que los demandantes exigen en total 731,7 millones de dólares.A principios de 2017, la Procuraduría General del Estado (PGE) informó que Bolivia pagó 828,3 millones de dólares por la nacionalización de 12 firmas que operaban en el país.A esos casos resueltos se suman el laudo de la española Abertis con un acuerdo transaccional de 23 millones de dólares, que se alcanzó en mayo del mismo año,  por la estatización de   Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA) en 2013, y el de Quiborax, resolución que se conoció el pasado 18 de mayo de este 2018. Con ambos fallos la  indemnización  suma un total de 908,3  millones de dólares.Están en curso arbitrajes  con las compañías South American Silver; Glencore; Jindal Steel Bolivia y BP Investment que demandan   731,7  millones de dólares por anularse contratos o revertirse las empresas.Entre algunos de los laudos  que el Gobierno cerró  están el que se enfrentó   con Ashmore-Shell  y con la que se  alcanzó   un acuerdo por 241 millones de dólares por la nacionalización de sus acciones en Transredes.Luego, en 2010 se logró un convenio con ETI Eurotelecom Internacional por la expropiación de sus acciones en ENTEL;  la transnacional recibió 100 millones de dólares.En 2014, se dispuso que el Estado pague a Rurelec  28,9 millones de dólares  por la reversión  de sus acciones en eléctrica  Guaracachi. En 2015, el Gobierno y la petrolera argentina PAE firmaron el pago de 357 millones de dólares, por la nacionalización de Chaco.A fines de noviembre de 2015, Bolivia concluyó  el arbitraje con Iberdrola y Paz Holdings con el pago de  53,6 millones de dólares.Los casos pendientesGlencore interpuso un arbitraje por  la expropiación del Complejo Metalúrgico Vinto, la Planta de Antimonio Vinto y el centro minero de estaño de Colquiri y  exige 300 millones de dólares.Se espera que el 22 de junio de este año  presente su réplica. La PGE presentará el escrito de dúplica en octubre, señaló en su última rendición de cuentas.Actualmente está a la espera de la emisión del laudo final de parte del tribunal por el caso South American Silver, que pide 385,7 millones por la reversión de la mina Mallku Khota.Por el caso AIR BP, propietaria de 12 estaciones de servicio de venta de jet fuel en diferentes  aeropuertos en el país, las partes están en conversaciones amistosas para el arreglo de la controversia, indica el informe oficial.La demanda económica asciende a 5,5 millones de dólares.Por el laudo con la  compañía Jindal Steel Bolivia, la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional de París resolvió en agosto de 2014 el pago de 22,5 millones de dólares, que incluye  18 millones de dólares por la ejecución de primera boleta de garantía y 4,5 millones por intereses.Sin embargo, la firma india inició una nueva demanda por la ejecución de una segunda boleta por otros 18 millones de dólares. Por ambos son 40,5 millones.A la fecha, según la Procuraduría, tras una audiencia sobre jurisdicción y asuntos procesales, que se realizó en abril pasado en Colombia, el Tribunal  solicitó la presentación de escritos posaudiencia. Se tiene previsto responder a las preguntas hasta el 15 de junio próximo, a partir de lo cual se estima que el Tribunal Arbitral emitirá su decisión sobre la jurisdicción en un plazo de entre 90 y 120 días, agrega el informe de la PGE.Fuente: Página Siete