El actual Procurador de Bolivia y Carmiña Llorenti, directora de la Escuela de Abogados del Estado, realizaron acciones jurídicas ante el laudo iniciado por la firma chilena.
Gobierno boliviano pactó con asesor marítimo de Chile pago millonario a Quiborax. El asesor de Chile y abogado de Quiborax (izq.) estrecha la mano al procurador Menacho. Ministro Navarro estuvo presente. Foto de archivo El Deber
El procurador general del Estado, Pablo Menacho, en una conferencia de prensa anterior. Foto:ABIEl procurador general del Estado, Pablo Menacho, y Carmiña Llorenti, directora de la Escuela de Abogados del Estado, fueron parte del equipo jurídico de Bolivia contra Quiborax por la reversión de las concesiones en el Salar de Uyuni, según documentación de la página web oficial del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).En el portal de la institución internacional se publicaron cuatro documentos con el número de caso ARB /06/2, en los que se detalla el proceso arbitral entre el Estado y las firmas Quiborax SA y Non Metallic Minerals (NMM) SA.Carmiña Llorenti es mencionada en tres de estas cuatro publicaciones como una de las representantes de Bolivia que formaban parte de la Procuraduría General del Estado.Los documentos en los que Llorenti es citada son: “1. Decisión sobre la solicitud para poner término a la suspensión provisional de la ejecución del laudo (del 21 de febrero de 2017)”; “2. Orden procesal N°. 1 (del 30 de junio de 2016)”, y “3. Decisión sobre anulación (del 18 de mayo de 2018)”.Menacho también es citado como uno de los representantes del Estado Plurinacional de Bolivia en dos de los cuatro documentos. Uno de ellos es el “Orden de procedimiento número 2”, publicado el 13 de junio de 2017, y en la “Decisión sobre la anulación”, que corresponde al 18 de mayo de 2018.La controversia con la empresa chilena Quiborax surgió en julio de 2004 a raíz de la revocatoria de concesiones mineras a la empresa durante el gobierno de Carlos Mesa.Quiborax y NMM iniciaron un proceso contra Bolivia ante el CIADI, que después de 12 años dispuso en mayo de la presente gestión un pago compensatorio de 57 millones de dólares en favor de las demandantes.Después de negociar con los representantes jurídicos de ambas compañías, Bolivia acordó realizar una transacción final de 42,6 millones de dólares de compensación, acuerdo que puso fin a la controversia.No obstante, el martes, el expresidente Mesa presentó ante la Fiscalía General en Sucre un escrito en el que denuncia que Quiborax falsificó un acta para iniciar la demanda de arbitraje contra Bolivia.En respuesta, el procurador general del Estado, Menacho, admitió la existencia de la documentación falsa pero no fue considerado por el tribunal.El Gobierno responsabilizó a Mesa por perder el millonario laudo arbitral.Piden a Fiscalía rechazar el memorial de Carlos Mesa El procurador general del Estado, Pablo Menacho, solicitó ayer a la Fiscalía General, en Sucre, mediante un memorial que se rechace las solicitudes que hizo el expresidente Carlos Mesa, quien pidió desestimar la proposición acusatoria que tiene en su contra.“Estamos aquí frente a una cantidad de irresponsabilidades. El 22 de mayo hemos presentado una proposición acusatoria (contra el expresidente Carlos Mesa y tres de sus exministros) y ahora estamos presentando un memorial para que se rechace la solicitud que presentó el señor Mesa el pasado 12 de junio”, afirmó en conferencia de prensa en la Capital del Estado.En criterio de Menacho, el expresidente Mesa transmitió versiones “descontextualizadas y aisladas” e incluso faltó a la verdad en el caso Quiborax, con el único objetivo de evadir su responsabilidad de haber incumplido la Ley 2564.Menacho sostuvo que si Mesa acataba la norma durante su gestión, en 2004, se habría identificado que el exsocio de Quiborax, David Moscoso, falsificó un acta, pero no fue así y se descubrió en 2009, durante el proceso del arbitraje con la empresa chilena.También descartó que haya habido una negociación preliminar de pago de tres millones de dólares a Quiborax.“Quiero ser claro y enfático, no hubo ningún acuerdo de pago de tres millones de dólares en 2008, sí hubo conversaciones amistosas y la defensa del proceso arbitral”, afirmó Menacho.El martes, Mesa se dirigió a la Fiscalía y presentó un escrito en el que señala elementos de juicio adicionales para el rechazo de la proposición acusatoria en su contra.Página Siete / La Paz