Aunque aún restan pasos procesales, el expresidente Carlos Mesa ya se prepara para enfrentar un juicio de responsabilidades por el denominado caso Quiborax. Incluso ya tiene pensadas algunas acciones que tomará durante el proceso, como por ejemplo pedir que lo escuchen en la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado y en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
En el otro frente, el Gobierno insiste en que no existe un trasfondo político en el proceso, tal como sostiene Mesa, y que un eventual juicio de responsabilidades será activado únicamente con base en las pruebas documentales que apuntan a que no siguió los procedimientos legales para revertir concesiones a Quiborax en 2004, lo que a la postre llevó al país a perder un juicio por una indemnización de $us 42,6 millones.
“Este no es un proceso político, aquí no hay una acusación política”, aseveró el ministro de Justicia, Héctor Arce, quien considera que Mesa es el que politiza este tema porque está consciente de su responsabilidad.
Ayer, la Fiscal General del Estado validó la proposición acusatoria planteada por la Procuraduría en contra del expresidente por la presunta comisión de los delitos de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La proposición debe ser considerada en sala plena por el Tribunal Supremo de Justicia antes de ser enviada a la ALP, que finalmente, tras un informe de la Comisión Mixta de Justicia, decidirá si activa o no el juicio de responsabilidades.
Mesa da por descartada esta situación, ya que el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) controla los dos tercios de voto en la ALP. Considera que en adelante solo es un factor de tiempo el que sellará su futuro en este proceso.
Así lo hizo saber esta mañana durante una entrevista con radio Compañera, donde afirmó que existen al menos dos motivos por los que el Gobierno impulsa el juicio en su contra, uno de ellos su deseo de inhabilitarlo para futuras elecciones, ya que es el político con mayor respaldo en las encuestas para hacer frente a Evo Morales en una eventual contienda electoral.
“Esta es una razón clara, no hay donde perderse”, aseveró.
Dijo que el otro motivo es limpiar de responsabilidad a quienes son los verdaderos causantes de la pérdida millonaria que sufrió el Estado como consecuencia del caso Quiborax, entre ellos Arce, quien antes de ser ministro fue Procurador del Estado.
“Una cabeza de turco para que sea yo el que pague los platos rotos de esa defensa vergonzosa”, afirmó.
En criterio de Mesa, su enjuiciamiento responde a una estrategia política que deja pésimos antecedentes para la democracia en el país. “Si hay algo que está absolutamente claro es que el Gobierno controla el Órgano Judicial y utiliza la justicia como un mecanismo punitivo, la criminalización o la judicialización de la política, para deshacerse de sus enemigos políticos”, afirmó.
“Estamos sustituyendo los tanques, las ametralladoras , las puertas pateadas en las noches de la dictadura militar por una acción de amedrentamiento político por la vía de la judicialización de la política”, agregó.
Para el Procurador insistió en que Mesa enfrenta un proceso por no haber seguido los procedimientos correctos en el proceso de reversión de concesiones a Quiborax y no por motivaciones políticas.
“No se trata de evitar la responsabilidad que uno pueda tener con base en diferentes argumentos con muy poco contenido jurídico como ha ido esgrimiendo Carlos Mesa”, afirmó. (10/07/2018)
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