Gobierno de España da 15 días a la familia Franco antes de empezar el proceso para exhumar el cuerpo

«Es urgente porque vamos tarde. Un dictador no puede tener una tumba de Estado en una democracia consolidada como la española. Es incompatible». La vicepresidenta Carmen Calvo dejó claro que el Gobierno y el PSOE admiten que, después de 40 años de democracia, la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos tenía que haberse hecho muchos antes. Pero ahora la decisión está tomada y el Gobierno ha puesto todo en marcha para que, con o sin la autorización de la familia, los restos sean exhumados de forma discreta antes de final de año. El Consejo de Ministros, el primero tras las vacaciones de verano, aprobó el decreto ley que reforma la Ley de Memoria Histórica y ampara el proceso administrativo que se iniciará la semana que viene para exhumar el cadáver.Todo está muy medido para blindar la decisión frente a las reclamaciones judiciales de la familia. Los siete nietos del dictador tendrán 15 días para decidir si quieren hacerlo por las buenas y son ellos los que se hacen cargo del cuerpo e indican el lugar donde debe ser enterrado, presumiblemente en el panteón familiar en el cementerio de El Pardo, donde yace su esposa, Carmen Polo y su hija Carmen. Si lo rechazan, no se ponen de acuerdo entre ellos o no dicen nada, será por las malas, con decisión del Gobierno.El ministerio de Justicia realizará los trámites de remitir el proyecto al ayuntamiento, solicitar un informe no vinculante a la Comunidad de Madrid, siempre con la decisión en manos del Gobierno. Por último, se dará un nuevo plazo de 10 días a los familiares, y el Consejo de Ministros decidirá sobre la exhumación y el destino de los restos. La tumba de José Antonio Primo de Rivera, al lado de la de Franco, no se tocará en un primer momento. Él sí es víctima de la Guerra Civil, explicó Calvo así que será enterrado con los demás, seguramente en la zona de los osarios, y no en lugar preminente como ahora. Pero eso se hará después de concluir la exhumación de Franco, que es la prioridad del Gobierno.La vicepresidenta prevé que el procedimiento administrativo, que se iniciará la próxima semana en la reunión del Consejo de Ministros, esté culminado antes de finales de año. La medida llega 43 años después de la muerte del dictador, que construyó el monumento para glorificar su victoria en la Guerra Civil con la participación de miles de presos políticos. El decreto tiene que ser convalidado en el Congreso por mayoría simple, más votos a favor que en contra.»Tener la tumba de Franco supone una falta de respeto y de paz a las víctimas que allí están enterradas. No podemos perder un solo instante, no lo va a hacer este Gobierno», ha afirmado la vicepresidenta. «No hay ni una sola razon de fondo para que la democracia española no tome esta decisión. No podemos cumplir el aniversario de la constitución de 40 años sin haber hecho esto. Han sido muchos años abandonando una cuestión muy importante para la dignidad de este país. Ningún país que se sienta digno consigo, ninguna democracia de nuestro entorno ha sostenido una situación asi 40 años».La fórmula es la prevista y avanzada por EL PAÍS: un real decreto que añade un párrafo al artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica que explica la urgencia de la decisión e insta a la exhumación. El decreto entra en vigor mañana pero se llevará a su convalidación en el Congreso, donde todo indica que no tendrá problemas para ser aprobado con la abstención de Ciudadanos y la incógnita del PP. El Gobierno justifica la urgencia amparándose en el pronunciamiento del Congreso de los Diputados de Mayo de 2017 sin ningún voto en contra a favor de la exhumación y que salió adelante como una proposición no de ley presentada por el PSOE durante el Gobierno de Mariano Rajoy.La vicepresidenta ha explicado que será un proceso «con todas las garantías» y que el decreto ley tendrá una caducidad de 12 meses. El próximo viernes, 31 de agosto, se acordará el procedimiento para iniciar los trámites, incluido el aviso a la familia para que se haga cargo de los restos de Franco. «En el caso de que la familia discrepe o no plantee ningún lugar para Franco, será mediante este procedimiento que el Gobierno decida a qué lugar digno y respetuoso se trasladan los restos», ha detallado. En el Ejecutivo hay dudas sobre cómo hacerlo, porque quieren evitar un espectáculo de franquistas en comitiva alrededor de los restos. Por eso se dirá a la familia dónde se le va a enterrar, pero es probable que no les comuniquen hasta el último momento el día y la hora en la que los técnicos levantarán la losa de 1.500 kilos que cubre la tumba del dictador.Un punto clave es el de la Iglesia. El Gobierno insiste en privado en que han hecho todas las gestiones necesarias y están convencidos de que no pondrá problemas. Pero Calvo no quiso dar muchos detalles para no comprometer a la Iglesia. Solo señaló que el Gobierno tiene mecanismos para exhumar los restos respetando el Concordato con la Santa Sede «dentro de la estricta legalidad», pero no explicó cuáles.La oposición se ha aferrado a la fórmula elegida, el decreto ley, para descolgarse de la iniciativa aunque esté de acuerdo con el fondo. Tanto Ciudadanos como PP han anunciado que no apoyarán la retirada impulsada por el Ejecutivo al no considerarla urgente. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció que su partido no dará su apoyo al decreto, aunque la fórmula elegida, la abstención, no lo bloquea. El único partido que puede oponerse es el PP. Los populares recurrirán el decreto ley del Gobierno al Tribunal Constitucional, pues consideran que esa vía legal exige justificar la urgencia del asunto y en este caso, según ellos, no existen tales circunstancias. Pero no han confirmado aún su voto.  La vicepresidenta se mostró convencida de que ese recurso no prosperará y acusó a la oposición de buscar excusas para rechazar una medida que cuenta con un gran apoyo popular.La Moncloa tiene confianza en que su medida saldrá adelante porque su convalidación solo exige mayoría simple y cuenta, a priori, con el apoyo de Unidos Podemos y sus socios catalanes, ERC y PDeCAT, después de que los republicanos acordasen con el Ejecutivo anular los juicios del franquismo, como el que propició el fusilamiento en 1940 del president de la Generalitat catalana, Lluis Companys. También el PNV respaldará al Gobierno, con lo que el número de síes será de 177, uno más que la mayoría absoluta.La familia se opone pero no podrá actuar jurídicamente contra el decreto, aunque sí podrá recurrir la decisión administrativa ante la Audiencia Nacional. Este viernes, el nieto mayor del dictador, Francis Franco, se ha quejado en Antena 3 y ha dicho que la medida de Moncloa le parece «ridícula». También decenas de  personas se han manifestado en el Valle de los Caídos para protestar contra la decisión del Gobierno de exhumar al dictador y rendirle homenaje. Es probable que este tipo de situaciones se repitan en las próximas semanas hasta que finalmente el cuerpo sea exhumado, pero el Gobierno está tranquilo y convencido de que es una decisión que solo tiene efectos positivos.