Asociación de Prensa de Bolivia ratifica defensa de DDHH ante intento presidencial de «censura previa»

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) ratificó la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos, en respuesta al mensaje del presidente Evo Morales que aludió a la organización para justificar su proyecto de ley contra la mentira.La institución que representa a los principales diarios y una agencia de noticias, desde el anuncio presidencial, el 20 de agosto, expresó rechazo y expuso como argumento que los derechos fundamentales del ciudadano a pensar, expresar y cuestionar estarían restringidos y sometidos a censura previa.Un comunicado sostiene que la ANP, desde su fundación en el año 1970, es una institución defensora de las libertades de expresión, de prensa y de opinión. La organización sustenta su solidez alternando las tareas periodísticas y la administración de medios, con un profundo sentido de defensa de derechos, de libertades y de la democracia.En su tercer pronunciamiento, la ANP ratifica que su defensa no se limita sólo al trabajo periodístico e incluye a todos los ciudadanos.

ANP en defensa de los derechos de ciudadanos

Ante exigencia del presidente MoralesPeriodistas en cobertura de información.Periodistas en cobertura de información.ANP –  La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) ratificó la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos, en respuesta al mensaje del presidente Evo Morales que aludió a la organización para justificar su proyecto de ley contra la mentira.Desde su cuenta personal de Twitter @evoespueblo, el mandatario preguntó: “¿Cómo una institución como la Asociación Nacional de la Prensa, que representa a medios de comunicación, puede rechazar proyecto de ley contra la mentira? Por ética profesional deben defender la verdad. Queda claro que no son periodistas de base, sino empresarios dueños de medios”.La ANP que representa a los principales diarios y una agencia de noticias, desde el anuncio presidencial, el 20 de agosto, expresó rechazo y expuso como argumento que los derechos fundamentales del ciudadano a pensar, expresar y cuestionar estaría restringidos y sometidos a censura previa.“La ANP, desde su fundación en el año 1970, es una institución defensora de las libertades de expresión, de prensa y de opinión. La organización sustenta su solidez alternando las tareas periodísticas y la administración de medios, con un profundo sentido de defensa de derechos, de libertades y de la democracia”, expresa un comunicado emitido ayer.En relación a las diferencias que observa entre reporteros y empresarios, la institución defensora de la libertad de expresión señala que “Periodistas y medios forman una unidad inquebrantable en la defensa de esos derechos universales y constitucionales. Juntos atraviesan restricciones a la cobertura de noticias en esferas del poder y la asfixia financiera que alienta al cierre de empresas periodísticas”.En su tercer pronunciamiento, la ANP ratifica que su defensa no se limita sólo al trabajo periodístico e incluye a todos los ciudadanos. “Al crearse la nueva legislación, los elementales derechos de pensar y expresar ideas libremente sin censura previa, sufrirán restricciones basadas en los caprichos de administradores de justicia y de quienes detentan el poder”, advierte.“Más allá del trabajo periodístico, la preocupación de la ANP está dirigida a proteger la cualidad humana de difundir el pensamiento, su producción intelectual, las posiciones ideológicas y toda expresión artística o científica”, agrega el mensaje.El expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, calificó al anuncio presidencial de innecesario e hizo notar que el Código Penal ya incluye las figuras de difamación y calumnia.“El Presidente no puede coartar los derechos de los ciudadanos y pedimos que respete la Constitución y el derecho a la libertad de expresión”, afirmó.El portavoz del Colegio de Profesionales en Comunicación de Santa Cruz, Delmar Méndez,  considera que la pretendida ley de la mentira, busca amedrentar a periodistas.“La propuesta gubernamental de penalizar mediante ley la mentira tiene la intencionalidad encubierta de coartar la libertad de expresión y restringir la opinión pública en medios de comunicación y redes sociales. Aunque formalmente no se conoce un proyecto de ley al respecto, el planteamiento, de por sí, genera desconfianza”, declaró.Méndez comentó que “en primer lugar, no sabemos quién va a determinar qué es mentira o qué es verdad. Por los antecedentes del régimen, conocemos que se considera como mentira a todas las verdades que incomodan al Gobierno Central (como el caso Zapata, los resultados del referéndum de febrero de 2016). De este modo, esta ley será un mecanismo jurídico de criminalizar a todo aquel que opine”.Agregó que “se busca amedrentar la libre expresión y el derecho al disenso que tienen tanto la oposición como la ciudadanía y, principalmente intimidar a los medios de comunicación social y al periodismo independiente”.El Diario / La Paz