La Paz, ANF.- Carlos Jang Hur Torrez fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva y salió del penal de San Pedro, donde estuvo recluido preventivamente por el proceso de estafa y corrupción en su contra por la adquisición del Estado de 16 barcazas chinas y dos empujadores por un costo de más de $us 28 millones de dólares.El caso Barcazas que se conoció el 2012 reveló graves irregularidades en la suscripción del contrato entre la Empresa Naviera Boliviana (ENABOL) y las empresas coreanas-chinas subcontratadas por la compañía General Marine Business en 2009, para la construcción de barcazas y empujadores. Hasta la fecha el Estado no ha podido recuperar esos productos navieros y a seis años del escándalo no se inició el juicio.Ese año cinco personas fueron procesadas y detenidas: el ex gerente general de ENABOL Freddy Ballesteros (detención preventiva), el ex director administrativo Fidel Gamboa (detención domiciliaria), la ex directora jurídica Carmen Rosa Gámez (detención domiciliaria), el capitán de fragata Evalth Velasco (detención domiciliaria) y el abogado de la empresa General Marine Businnes (GMB), Carlos Jang Hur (detención preventiva).Enabol pagó al contado y por adelantando $us 28 millones, de ese monto, $us 3 millones debían ser destinados al transporte de los bienes que nunca llegaron al país, durante las investigaciones se conoció que esos recursos económicos fueron a parar a cuentas de terceras personas.Las barcazas y empujadores debían entregarse a finales de 2010, pero por líos judiciales permanecen en China, hasta 2015 el Estado tenía una deuda por almacenaje de las barcazas en un astillero de $us 15 millones; mientras que la construcción de los empujadores estaba inconclusa.Los bienes estaban a punto de ser embargados por la deuda que tenía Bolivia; sin embargo, el caso pasó a tratarse en un litigio internacional abierto en el Tribunal Marítimo de Quingdao de China, aunque el país habría ganado en una instancia, el Gobierno esperaba a ver si los empresarios apelarían.

Entre tanto, en Bolivia el proceso está prácticamente paralizado, en 2017 la Fiscalía concluyó con las investigaciones y acusó formalmente a 21 ciudadanos bolivianos y seis extranjeros, varios de ellos fueron declarados prófugos de la justicia.Jang Hur es uno de los acusados, estuvo detenido preventivamente hasta 2018, luego pidió la cesación a la detención y una instancia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) le concedió las medidas sustitutivas. Según información a la que accedió ANF, el representante legal de la empresa salió de la cárcel en enero de este año.Para verificar esa situación, este medio de comunicación consultó a Ramiro Cabrera, abogado de otros dos implicados en este caso, y el jurista mencionó que tiene conocimiento de que algunos involucrados fueron beneficiados con las medidas sustitutivas debido a que ya estarían detenidos preventivamente por más de tres años.»Carlos Hur Torrez, uno de los imputados habría logrado su libertad, seguramente en solicitud debidamente fundamentada presentada ante el juez de la causa», manifestó.Jang Hur es acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, contratos lesivos al Estado, asociación delictuosa e incumplimiento de contratos.Anteriormente, Jang Hur negó haber incurrido en los delitos por los que es acusado y calificó de ilegal su detención en la cárcel San Pedro.La acusación fiscal se emitió el 30 de enero de 2017, posteriormente se notificó a las partes para que se sortee un tribunal y se dé inició al juicio oral, sin embargo, a la fecha el juicio no se ha iniciado.»Respecto al juicio ni siquiera hay auto de apertura a juicio, solo ha habido notificación con la acusación formal, entonces hasta que se llegue a juicio yo creo va a tomar un buen tiempo», explicó Cabrera.En enero de este año se conoció que el Tribunal Marítimo de Quingdao falló a favor de Bolivia y le restituyó el derecho propietario sobre 16 barcazas y dos remolcadores que estaban en litigio, pero la otra parte podría apelar.A ocho años del caso, las autoridades temen que los bienes estén deteriorados.Al momento el Gobierno no definió aún que pasará con las barcazas chinas, y las autoridades judiciales del país tampoco resuelven la situación jurídica de los implicados en este caso que data de 2009.Correo del Sur