Lidia Mamani / La Paz
Los analistas indicaron que la norma vigente tiene contradicciones con varias disposiciones de la Carta Magna, lo que ocasiona conflictos en su aplicación, por lo que se tuvo que recurrir a soluciones temporales que ocasionaron inseguridad en el sector petrolero privado y la caída en la producción de los hidrocarburos, entre otros.
Raúl Velásquez, investigador de la Fundación Jubileo, indicó que la Ley de Hidrocarburos 3058 establecía la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la recuperación de la propiedad estatal que estaba en manos de las capitalizadas, de modo que esta firma estatal pueda participar en toda la cadena productiva.
Además, incluía la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) con una alícuota del 32%, que sumada a las regalías y participaciones permitían que el Estado se quede con el 50% del valor de la producción de hidrocarburos.
Ambas figuras sentaron las bases para la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos, promulgada por el Decreto 28701, del 1 de mayo de 2006.
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“Sin embargo, en febrero de 2009 en el país se aprobó una nueva Constitución, que establece nuevos elementos para la política hidrocarburífera y, por lo tanto, el Gobierno anunció, gestión tras gestión, la socialización y tratamiento en la Asamblea de una nueva Ley de Hidrocarburos. Pero, al igual que los frecuentes anuncios que hace el Ministerio de Hidrocarburos, no dejan de ser buenas intenciones que no se traducen en un documento tangible que pueda ser debatido públicamente”, dijo.
En criterio de Velásquez, la falta de una nueva legislación resta seguridad jurídica a un sector caracterizado por ser de largo plazo. La mayor parte de la norma vigente consiste en decretos y resoluciones que son modificadas con facilidad y tienen menor jerarquía que una ley.
“Una nueva Ley de Hidrocarburos debería abordar por lo menos los siguientes aspectos: nuevo marco institucional, transparencia y acceso a información, condiciones para la exploración (legal, económica y ambiental), reposición de reservas mediante exploración y desarrollo, contratos de servicios para exploración y explotación, régimen fiscal aplicable al sector, contratación de bienes y servicios en las regiones productoras e industrialización”, sugirió Velásquez.
Con la aprobación de la nueva Carta Magna, en febrero de 2009, el Gobierno, mediante el Ministerio de Hidrocarburos, se comprometió a enviar a la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de Ley de Hidrocarburos, para ajustarla a las disposiciones establecidas en la nueva CPE.
En junio del año pasado, el Gobierno volvió a anunciar la aprobación de una nueva norma que regule el sector petrolero, cuando el ministro Luis Sánchez dijo que se trabajaba en un anteproyecto de Ley de Hidrocarburos.
Aseguró que la norma incorporaría 102 leyes, 194 decretos, 176 resoluciones y reglamentos, en total 472 normativas que fueron aprobadas desde 2007, según publicaciones de la prensa.
El experto Hugo del Granado también recordó que luego de la aprobación de la Constitución hubo distintas contradicciones y vacíos con la Ley 3058, por eso propusieron, a través de los diferentes ministros de Hidrocarburos, la urgencia de aprobar una nueva norma del sector que esté acorde con la CPE vigente.
Sin embargo, ninguno de los ministros preparó un proyecto para enviar a la Asamblea, porque todos se quedaron en borradores en las oficinas del Ejecutivo. “¿Cómo se justifica esto?, es porque el Gobierno encontró una mejor manera de manejar el sector, que era únicamente a través de decretos supremos, incluso resoluciones ministeriales, e hicieron que la parte jurídica y legal del sector se pueda acomodar a la legislación establecida por la Constitución”, afirmó.
En su opinión, la principal causa para que no se apruebe una nueva norma se debe a que en el Gobierno hay posiciones encontradas sobre diferentes temas, como régimen fiscal.
“La principal causa ha sido la falta de acuerdo al interior del Gobierno para acordar una ley que tenga que flexibilizar el régimen fiscal y, además, que hable de las condiciones estatistas que se han creado desde 2009, es la principal causa para que no se haya elaborado una ley o un proyecto que sea enviado a la Asamblea”, apuntó Del Granado.
El experto afirmó que la falta de un marco jurídico claro hace que el sector petrolero atraviese dificultades que perjudican su actividad y desarrollo.
“La próxima gestión el Gobierno tiene que aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos, porque el sector está mal, no hay dinero, tiene baja producción, no hay nuevas reservas, tenemos problemas con el régimen fiscal y el sector petrolero se deteriora mucho porque las empresas privadas no van a venir a invertir por la inseguridad jurídica, ya que los decretos no pueden estar por encima de una ley”, señaló.
José Padilla, exsecretario de Energía e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, advirtió que en el caso de que se postergue la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, no habrá avances en la industria hidrocarburífera del país.
“El Ministerio de Hidrocarburos no ha manejado con transparencia las políticas en materia energética; por el contrario, le hizo daño al país a nivel internacional, es el caso del contrato que se tiene con Brasil”, cuestionó.
Padilla conminó a que la Asamblea Legislativa Plurinacional convoque a una sesión especial de petición de informe oral al ministro Luis Sánchez, para que rinda cuentas por los 13 años de la política que denomina de “nacionalización”.
Luego se deberán definir acciones para impulsar inversiones que estén por encima de los 8.000 millones de dólares, destinados principalmente a las tareas de exploración.
Jubileo cita algunas contradicciones de la ley
Raúl Velásquez, investigador de la Fundación Jubileo, afirmó que a partir de la falta de una ley que regule el sector petrolero y que sea acorde con la Constitución Política del Estado, aprobada en 2009, se tiene un desorden institucional en el sector que debe ser corregido.
Por ejemplo, la Ley de Hidrocarburos vigente establece funciones para la Superintendencia de Hidrocarburos, institución que ya no existe y en su lugar está la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que de acuerdo con el artículo 365 de la CPE tiene el deber de fiscalizar todas las actividades hidrocarburíferas.
Otra de las contradicciones es que la Constitución establece, en su artículo 363, que la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) será la responsable de ejecutar la industrialización del sector.
Sin embargo, el proyecto de la Planta de Amoniaco y Úrea fue desarrollado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que está a cargo de su operación. La EBIH ni siquiera es nombrada en la Ley 3058.
En relación con el régimen fiscal, mencionó que la Constitución de 2009 establece que los departamentos productores de hidrocarburos percibirán una regalía del 11% de su producción departamental fiscalizada por Hidrocarburos y el Tesoro General de la Nación (TGN) , y los departamentos no productores obtendrán también una participación en los porcentajes, a ser definidos por una ley especial.
Mientras que en el artículo 52 de la Ley 3058 se señala que aparte de que los departamentos productores reciban el 11% de la regalía, también se destinará una regalía nacional compensatoria calculada en 1%, pagadera a las regiones de Beni (2/3) y Pando (1/3), n tanto que el Tesoro General de la Nación tendrá una participación del 6%.
Fuente: paginasiete.bo