La Defensoría del Pueblo observó ayer la falta de compromiso y coordinación de las autoridades departamentales y municipales para coadyuvar en la solución de las disputas por tierras en el eje metropolitano, donde hay unos 32 conflictos latentes.
“Hace falta una autoridad como instancia para resolver estos conflictos. No es posible que se sigan tramitando sólo por la vía judicial discusiones que merecen un espacio de análisis y demostración”, manifestó el delegado de la Defensoría, Nelson Cox.
Precisó que a la fecha hacen un seguimiento de seis pugnas por derecho propietario de tierras en la región.
“Estamos acompañando dos casos en Sacaba, el último es el de Colinas de Andalucía. En Sipe Sipe al de Itapaya, en Cercado al de Albarrancho y otros en Tiquipaya”, detalló.
Cox lamentó que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), el INRA y las alcaldías evadan su responsabilidad de frenar avasallamientos en enclaves agrícolas y en el Parque Nacional Tunari con el pretexto que las normas limitan sus competencias.
El representante indicó que los asentamientos ilegales vulneran el derecho a la vida y el acceso a servicios básicos, debido a que los loteadores obligan a la gente que compró una parcela a construir inmediatamente para ejercer presión.
“En ocasiones cuando los conflictos llegan a actos violentos pedimos resguardo policial para cuidar la integridad física y psicológica de las personas. Solicitamos el apoyo de la Defensoría de la Niñez, del SLIM y de la Unidad del Adulto Mayor por la presencia de niños, mujeres embarazadas y ancianos”, agregó.
Violencia
En lo que va del año, los enfrentamientos por tierras ya cobraron la vida de una persona y dejaron una treintena de heridos en Cochabamba. Los más violentos ocurrieron en Itapaya y en Albarrancho, debido a que en las peleas se emplearon armas de fuego.
En los operativos de desalojo este medio verificó que los asentados viven en condiciones deplorables porque no tienen vías de acceso consolidadas, agua potable ni luz.
Propuesta
El delegado defensorial planteó que la Gobernación elabore una ley departamental con los alcaldes de los 47 municipios para resolver líos por el derecho propietario antes que los avasallamientos de tierras se conviertan en un problema social como en Oruro y Tarija.
Asimismo, recordó que es importante que las alcaldías hagan un seguimiento de los conflictos porque los afectados contribuyen con sus impuestos al desarrollo de su jurisdicción.
Actualmente, un proceso judicial para resolver un lío sobre la propiedad de un terreno dura de uno a 14 años. La retardación de la justicia llevó a varios propietarios afectados con asentamiento ilegales a asumir otro tipo de acciones para proteger su patrimonio.
Ese es el caso de los vecinos de la urbanización Colinas de Andalucía de Sacaba que decidieron contratar seguridad privada y reforzar con más muros sus predios para evitar que las 50 personas desalojadas el miércoles vuelvan a ingresar al sector. La tensión en la zona persiste, pese a que la Policía desplazó cuatro uniformados.
ARMAN CARPAS EN CERRO SAN PEDRO
Las 50 personas desalojadas el miércoles de tres lotes de la urbanización Colinas de Andalucía permanecen en la zona y han aumentado la cantidad de carpas en la serranía de San Pedro, en el lado de Sacaba.
Ayer se evidenció que varias familias instalaron sus carpas en pleno cerro, pese a la advertencia de la Alcaldía de que no permitirá asentamientos. En tanto que otro grupo decidió reforzar la posesión en dos predios que están en disputa.
“No vamos a salir. Estamos molestos porque han quemado nuestras carpas, frazadas y han destruido víveres sin motivo. El amparo era para tres terrenos y los vecinos se han entrado a los otros para agredirnos”, afirmó una asentada.
Fuente: lostiempos.com