Gobierno y sectores sociales acuerdan repliegue de militares y pausa en las movilizaciones

#BTVInforma | Necesitamos vivir en paz, necesitamos ser una sola #Bolivia señala la una de las representantes de la ciudad de #ElAlto. pic.twitter.com/udRO7XGWy0

— Bolivia tv (@Canal_BoliviaTV) November 24, 2019

El Gobierno y los dirigentes coincidieron en que es necesario darle paz a Bolivia y que la salida para destrabar el conflicto es nuevas elecciones en el tiempo más breve posible como acordó la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Anoche, el Legislativo sancionó la ley de convocatoria a nuevas elecciones que serán administradas por nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Los comicios se ejecutarán en 120 días después de la elección de vocales del Órgano Electoral en la Asamblea.

Con ese punto acordado por coincidencia hay dos acápites que fueron ampliamente discutidos por el Gobierno y los dirigentes de organizaciones sociales: Garantías para que los dirigentes que protagonizaron movilizaciones no sean perseguidos y judicialmente y la liberación de todos los detenidos por la violencia y los saqueos por parte del MAS.

El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, expuso que el Gobierno no pondrá reparos a promulgar la ley que dará garantías a los dirigentes de organizaciones sociales pero aclaró que el fuero sindical, ya protegido por ley, no puede convertirse en impunidad.

Sobre la liberación de todos los detenidos dijo que el Órgano Ejecutivo no puede disponer de la liberación de los aprehendidos por los actos vandálicos, saqueos, ataques armados, atentados terroristas como al gasoducto Carrasco-Cocahabamba o la planta de YPFB en Senkata, El Alto.

Fidel Surco, otrora compañero de lucha en el primer gobierno de Evo Morales, planteó lo que Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado, hizo ayer en la Cámara de Senadores: Que Evo Morales no sea juzgado por la vía ordinaria porque ya no será «candidato a nada» en Bolivia; no obstante, la presidenta Añez ya puso sus reparos a esta propuesta. «No promulgaré la ley de la impunidad» sentenció en referencia al proyecto de ley del ala dura del MAS mientras el ala concertadora plantea que se garantías a los dirigentes de manera general.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, respondió ante las acusaciones de los dirigentes que él no ordenó la «cacería» de dirigentes de sectores sociales sino ordenó la «cacería» de Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia. «Lo ratifico y lo sostengo aquí, y si alquien quiere defenderlo que levante la mano» instó Murillo a lo que nadie se molestó en levantar la mano.

Otra demanda de las organizaciones sociales es la abrogación del Decreto Supremo 4078, que permite a las Fuerzas Armadas participar en operativos para restablecer el orden  y no tener responsabilidad penal.

El ministro de Defensa, Fernando López, dijo que este decreto evidentemente tiene que tener un fin, es decir, tiene que terminar en un momento «y el momento es cuando certifiquemos el 100% de pacificación en el país».

No obstante, los dirigentes insistieron en el repliegue de los militares de las calles y que la seguridad interna se deje a cargo de la Policía, pero la presidenta Jeanine Añez explicó que las fuerzas combinadas están en las calles por «extrema necesidad» ante la ola de saqueos en las ciudades por parte de seguidores de Evo Morales.

Los sectores sociales determinaron que para pacificar el país harán un cuarto intermedio en las movilizaciones como el corte de rutas o el cerco a las ciudades ordenada por el mismo Evo Morales.

Casi antes del cuarto intermedio, el ministro Justiniano dijo que se modificará el Decreto Supremo 4078 disponiendo que las Fuerzas Armadas se mantendrán en todas aquellas empresas estratégicas del Estado para su custodia y conservación, lo que fue aplaudido por los dirigentes.

Fuente: paginasiete.bo