El secretario General de la Organización de Estados Americanos (ONU), António Guterres, saludó este viernes el acuerdo político alcanzado en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia en la perspectiva de avanzar en la denominada “ley de garantías” para “el ejercicio de los derechos constitucionales” y allanar el camino pleno a la realización de las próximas elecciones.
“La implementación de esta ley debería allanar el camino para una mayor normalización de la situación en el país y la celebración de elecciones transparentes, inclusivas y creíbles”, destacó Guterres, según una nota de prensa de esa organización.
Las bancadas del Movimiento Al Socialismo (MAS), de Unidad Demócrata (UD) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) concertaron la mañana de este viernes el acuerdo para viabilizar la ley cuestionada desde el Gobierno y los adversarios del que fuera el oficialismo bajo el argumento de que encubría la impunidad de aquellas exautoridades vinculadas con delitos.
Tras una maratónica negociación sentaron las bases de la norma que había sido parte ya de las negociaciones para la desmovilización de sectores que respaldaban a Evo Morales. Se dejó en claro que la iniciativa legal no promoverá la impunidad y que de no llegar a acuerdo se acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional en consulta.
Guterres acogió con beneplácito el acuerdo alcanzado entre las diferentes bancadas con representación legislativa, como parte de las negociaciones que se dieron para pacificar el país y en el que participó un enviado de Naciones Unidas.
“El Secretario General hace un llamado a todos los actores políticos y sociales para que sigan comprometidos en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis que ha afectado al país a través del diálogo constructivo”, refiere el documento.
Los sectores afines al MAS exigieron la aprobación de esa norma de garantías que entre otros aspectos establecía viabilizar los salvoconductos para quienes tenían asilo político y resarcimiento a las familias de las víctimas de los conflictos y a los heridos. Después de las elecciones, el 20 de octubre, y la renuncia de Morales, el 10 de noviembre, se desataron una serie de hechos de violencia.
La cifra de muertos alcanzó a 32. Los hechos que cobraron mayores víctimas se dieron en Senkata, en El Alto, donde perdieron la vida 10 personas por herida de bala, y en Sacaba, Cochabamba, donde murieron otras ocho personas, también por herida de bala. En ambos sucesos participó la fuerza combinada de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Ambos hechos fueron calificados de masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un primer informe. El Gobierno rechazó el informe y se llegó a un acuerdo para una investigación.
Está en camino de las nuevas elecciones en Bolivia con el proceso de elección de nuevos vocales electorales nacionales y departamentales. Morales dimitió al cargo en medio de denuncias de fraude electoral. (13/12/2019)