La mujer peregrina por justicia y su abogado dice que el acusado escapó a Argentina. La Iglesia informa que se trata de una calumnia e indica que el cura fue suspendido.[vid url=http://cd1.eju.tv/wp-content/uploads/2020/01/PB2001300710.mp4]Activistas denunciaron ayer que una misionera laica de 42 años que colaboraba en el templo del Complejo Misional de San José de Chiquitos fue vejada sexualmente en reiteradas ocasiones por el sacerdote José M. P. hace dos años. Pese a que el caso fue denunciado ante la Fiscalía, la Iglesia protege al religioso acusado, según el abogado de la víctima.Por su parte, la Iglesia aseguró ayer que la supuesta víctima “no tiene pruebas” y la denuncia es una “calumnia”.“Fue en 2017 que ocurrió la vejación. Han sido reiteradas las ocasiones en las que fue vejada. Ha sido una violación en estado de inconsciencia, ya que la doparon”, denunció ayer Marvin Astorga, abogado de la víctima, Alicia (nombre convencional).Ayer, el jurista y varias activistas de La Paz organizaron un mitin frente a la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) para exigir un pronunciamiento del caso a las autoridades de la Iglesia.“Alicia no estás sola, nosotras te creemos” e “Iglesia, Estado. Asuntos separados” fueron algunos de los gritos de las activistas. Empapelaron además el edificio con pancartas con mensajes para exigir justicia para la víctima.El jurista indicó que fue a través de valoraciones médicas y psiquiátricas que se estableció el abuso a la misionera. Según el abogado, además el mismo agresor mostró a la víctima fotografías que la muestran desnuda y amarrada. “Cuando (el sacerdote) le mostró las imágenes la amenazó indicando que esas fotografías iban a ser puestas en manos de las autoridades religiosas”, sostuvo.La víctima denunció el abuso ante la Fiscalía y representantes de la Iglesia, pero hasta hoy “peregrina” por justicia porque el caso se encuentra estancado. Según el abogado, Alicia sufre amedrentamiento y hostigamiento; además, está a punto de ser desalojada de la localidad junto a otros religiosos.
Astorga dijo que pese a todas las pruebas que presentaron contra el acusado, la Fiscalía ordenó el cierre de la investigación en octubre de 2019 sin motivos técnicos ni jurídicos. Indicó además que el cura denunciado fue enviado a Argentina por la Iglesia Católica “con el fin de escapar de la justicia boliviana”.
“Estamos aquí para que se reabra el caso y el sacerdote tenga una sanción ejemplificadora”, dijo una de las representantes del Colectivo Bellas Libres de El Alto, Yesenia Hanover.
Ante esa “acción”, en diciembre del año pasado la defensa de la víctima presentó la denuncia a la Dirección Nacional de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia. Tras conocer el caso, esta instancia evidenció que se cometieron transgresiones a la norma y enviaron una nota a la Fiscalía del Estado para exigir un pronunciamiento al respecto.
Astorga dijo que otros dos sacerdotes, Hubert Fleydel y Elvio Pinto, que apoyaron a la víctima junto con otras tres personas, supuestamente recibieron una orden de desalojo del templo misional de la localidad. Su plazo vence hoy a las 16:30.
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Hanover sostuvo que el caso ya es de conocimiento de la presidenta Jeanine Añez y espera que solicite una investigación minuciosa al respecto. Alicia también presentó su denuncia ante el cardenal, Toribio Ticona. “Lastimosamente el Cardenal le dio la espalda a la víctima”, dijo.
El obispo de San Ignacio de Velasco, Robert Flock, emitió un comunicado en el que indica que “hay fuertes indicios para considerar que esas acusaciones se traten de una calumnia”. Y que con excepción de esa acusación, “el P. José goza de buena fama en la atención pastoral de las parroquias San José de Chiquitos y San Juan Bautista de Taperas desde inicios del 2017, cuando fue enviado por el mencionado instituto”.
Indicó que “la parte acusadora no presenta alguna evidencia para sostener la denuncia”, pero que al conocer la demanda contra el cura en abril de 2019, decretó su inmediata suspensión del ministerio.
“Después de presentarse al fiscal, quien impuso las medidas cautelares que consistían en no acercarse a la acusadora ni a su residencia, es decir al complejo misional, he levantado la suspensión, pero he restringido su ministerio a la comunidad de Taperas”, sostuvo.
El obispo indicó que la víctima no es religiosa y consulta ¿qué hace viviendo ella y otras tres personas más en esa parroquia? Mencionó que solicitaron la desocupación de la iglesia, y ante la negativa acudieron a las instancias legales para su desalojo. Esto no es persecución, sino asumir nuestra responsabilidad por el bien de la Iglesia y del pueblo. Recordó que este caso es de conocimiento de la Santa Sede.
Fuente: Gigavisión, Página Siete