El Gobierno detecta radios de “adoctrinamiento político” y les cambia el contenido

Madeleyne Aguilar A.  / La PazEl Gobierno detectó que en la pasada gestión se usó las radios comunitarias para adoctrinamiento político, por lo que se apresta a reactivar el centenar de emisoras que hay en 88 localidades y  modificar el contenido en beneficio de las comunidades rurales.“Su contenido debería ser educativo, de bienestar de la comunidad y temas productivos. Por ejemplo, campañas de salud. Es lamentable informar que estas radios han tenido temas de adoctrinamiento político”, reveló la máxima ejecutiva de la Dirección Nacional de Medios Estatales (DGME), Claudia Paredes.En 2006 se creó el proyecto comunicacional de inclusión con los objetivos de “dotar al área rural de radioemisoras que permitan el ejercicio legítimo de su derecho a la información y comunicación”. Con ello  se pretendía garantizar la participación e inclusión de sus habitantes.“No he encontrado a la fecha ni un proyecto educativo que se haya presentado. Por otro lado, recién en enero de 2019 se solicitó regularización para funcionamiento y se supo que sólo el 30% cuenta con licencias de la ATT”, señaló Paredes.La dirección bajo su mando realizó una investigación para conocer en qué condiciones  se encuentran  las 100 emisoras. De 17 en frecuencia AM y 83 en FM, solo 95 están activas.

Paredes explicó que no se puede conocer a detalle cuáles eran los mensajes de las radios porque no tienen grabaciones de  los programas. Sin embargo, halló irregularidades en algunas emisoras. “Por ejemplo, el caso Kawsachun Coca, es una radio que está convocando a los movimientos a la sedición y al odio. Eso no es  lo que debería hacer”, denunció.Además, explicó que las radios comunitarias no deberían ser de amplio alcance, pero extrañamente esas emisoras que emitían mensajes políticos tenían  equipamiento más potente.“Su alcance debería ser de medio o un kilo. Eso es para más o menos 50 kilómetros. Pero la radio Kawsachun Coca tiene tres kilos. En esta investigación descubrimos que esta radio tiene tres repetidoras pagadas por el Estado”, reveló.Las repetidoras fueron readecuadas para beneficio de las comunidades. “No hemos retirado ningún equipo. Más bien, estamos dándole el impulso para que sean la voz de la población del lugar”, aseguró Paredes.Así  respondió la funcionaria  ante la preocupación de algunos sectores por el posible cierre de radios  en esta gestión de gobierno. El expresidente Evo Morales se refirió al tema durante su discurso vía telefónica, el 22 de enero, en el día del Estado Plurinacional  desde Argentina.“Apenas la derecha ha llegado al poder, ya han cerrado más de 60 radios, prohibieron canales internacionales de televisión, persiguieron  a periodistas por el simple hecho de pensar diferente”, acusó.La dirección de Medios Estatales y la jefatura de las radios comunitarias aseguró que no se canceló ninguna emisión en las comunidades. Los equipos que se recuperaron serán reinstalados después de su  mantenimiento.El Ministerio de Comunicación tiene tuición sobre 54 emisoras. Les paga a los custodios, es decir, a las personas que reciben los equipos.  Sin embargo, solo cuenta con ocho documentos firmados. Paredes denuncia que se entregaron radios sin seguir ninguna normativa.Este año, el presupuesto aprobado para las radios es de 3.341.794 bolivianos. Se planea reactivar las 100 emisoras, con  locución en idiomas nativos.La DGME promete “fortalecer a la radio madre con  profesionales y contenidos relevantes para las comunidades, como desarrollo productivo, salud, educación, seguridad ciudadana y cultura”.Se repondrán las antenas de San Julián, Sabaya, Ocurí y  los equipos perdidos en quemas de la radio Kawsachun Coca en Cochabamba y  Achacachi.Además, se retirarán activos que están sin uso, como en  San Joaquín, Chulumani, San Buenaventura, Uyuni y  Gayaramerín. Además, se trasladará  los que  están en domicilios particulares, como en Urubicha y Magdalena.Comunidades temen que les quiten las radios“La gente de las comunidades tiene acceso a internet y lo que se habla y viraliza se discute en las localidades. Por el caso de Kawsachun Coca  se dice que se están cerrando las radios comunitarias. Hay esa susceptibilidad”, contó Rómulo Ponce, trabajador de la radio comunitaria Caracollo.

Explicó que  en la provincia Cercado de Oruro  le solicitaron averiguar sobre esa situación. “Temen que se les quite las radios”, dice.  La situación se repite en Patacamaya.“Nosotros informamos a nuestra comunidad. Realizamos cobertura a temas de salud, educación. Nos movemos dentro de todas las actividades que suceden en la comunidad para informar de lo acontecido y tener a la gente al día”, detalla la radialista Delia ChoqueElla trabaja en la emisora Túpac Katari, de la frecuencia 99.7 FM, desde abril de 2018. Los habitantes de la provincia Aroma la enviaron a averiguar si se cerrarán las radios.Sucedió lo mismo con Rómulo Ponce Vilca, que  trabaja para la radio comunitaria Caracollo desde la gestión 2014. “En todo este tiempo siempre se ha cumplido la función de informar, educar y entretener. Las comunidades han aportado  en sus saberes ancestrales”, resaltó.Las jefa de Radios de Pueblos Originarios (RPO) reiteró que no se cerrarán radios. Aseguró a los radialistas comunitarios que se renovarán sus contratos.

Ambos trabajadores recalcaron que las radios comunitarias necesitan un mantenimiento continuo. En Patacamaya se suspendió la transmisión por problemas técnicos.“La Alcaldía  sólo aporta con la energía, pero no con el personal. Por ejemplo, yo soy técnico, reportero, director y hasta mantenimiento”, denunció Ponce, respecto a Caracollo.Según la investigación de la DGME “el 70% de los equipos entregados están en manos de organizaciones sociales y 30%  con gobiernos municipales”. Para la gestión 2020, se  prevé viajes para el mantenimiento.Además, firmarán convenios con gobiernos municipales, ya que algunas radios cerraron porque no había recursos para pagar  los gastos de  luz.La Radio  Kawsachun Coca recibió  más de Bs 2 millones entre 2011 y 2019 La  Radio Kawsachun Coca (RKC), de propiedad de los cocaleros del Chapare, se benefició con  ingresos por publicidad por  más de dos millones de bolivianos a través de 26 contratos con el Estado. Dirigentes campesinos criticaron el uso de recursos económicos para fines políticos.Según la investigación de la DGME, hubo  26 contrataciones, por un total de 2.041.896 bolivianos que Kawsachun Coca recibió de varias entidades públicas, entre ellas el Ministerio de Comunicación, con un total de  539.073 bolivianos por seis contratos.El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (Fonadal), por 19.800 bolivianos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos pagó  66.340  bolivianos  por cuatro contratos. Además, el Gobierno Municipal de Shinahota  dio 26.583  y  YPFB pagó 480 mil bolivianos por tres contratos.El Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral le pagó 300 mil bolivianos y  la Vicepresidencia 70.500 bolivianos  en dos contratos.El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene un contrato por 100.620, mientras que  Pro-bolivia tiene dos contratos que suman 479.170 bolivianos.El Fondo Nacional de Desarrollo Integral firmó tres contratos  que suman 106 mil bolivianos,    Boliviana de Aviación (BOA) pagó 47.250 bolivianos, mientras que el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales desembolsó  29.760 bolivianos.“Entre las empresas más recurrentes están los  ministerios, YPFB y Fonadal, entre otras. Los contratos se pueden verificar en el Sicoes. En total hemos encontrado más de dos millones de bolivianos”, apuntó la jefa de la Dirección Nacional de Medios Estatales, Claudia Paredes.El dirigente campesino Román Loayza criticó “que la Radio Kawsachun Coca siempre ha apoyado a Evo” y remarcó que esas emisoras no deberían hacer campaña para ningún partido político, como  hizo el Movimiento Al Socialismo.“Cuando Evo Morales era presidente todos los recursos les daban a esas radios. El Gobierno actual debe poner en su lugar y tramitar las licencias”, aseveró el dirigente de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos y representante de la sigla IPSP, que antes acompañaba al MAS.Página Siete