Otra modificación se dio en el artículo 2, que autoriza al Ministerio de Salud el incremento de Bs 3.000.000 a Bs 5.000.000 para la atención de quienes hayan resultado heridos producto de los conflictos en el país.
Luto en Senkata. Un cortejo fúnebre el 21 de noviembre en El Alto.Foto: archivo
El gabinete ministerial aprobó el incremento de la indemnización de Bs 50.000 a Bs 100.000 para familias de quienes perdieron la vida durante los hechos violencia y convulsión social entre octubre y noviembre, tras las elecciones nacionales anuladas del 20 de octubre y la renuncia de Evo Morales.
La disposición se encuentra contemplada en el Decreto Supremo 4176, que tuvo acceso La Razón, modifica el Decreto Supremo 4100, que hacía referencia al resarcimiento y la otorgación de asistencia humanitaria.
Parte del parágrafo I, artículo 4, señala que “la ayuda social humanitaria asciende a Bs 100.000 por persona fallecida, misma que alcanza a los herederos forzosos”, del conflicto político-social que estalló en el país entre el 21 de octubre y 24 de noviembre de 2019.
El parágrafo II menciona que el Ministerio de Salud, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO), “establecerá el grado de invalidez para la ayuda social humanitaria de los heridos producto de los conflictos del pasado año con las siguientes categorías y montos: a) Invalidez nula 0%; b) Invalidez leve 1% a 24% un monto de Bs 20.000; c) Invalidez moderada de 25% a 49%un monto de Bs 30.000; d) Invalidez grave de 50% a 74% un monto de Bs 40.000; y e) Invalidez muy grave de 75% o superior un monto de Bs 50.000″.
Otra modificación fue señalada en el artículo 2, en el que se autoriza al Ministerio de Salud el incremento de Bs 3.000.000 a Bs 5.000.000 para la atención de quienes hayan resultado heridos producto de los conflictos en el país. El monto económico será asignado a la adquisición de medicamentos, insumos y la atención médica en los establecimientos de salud pública, privada y de seguridad social a corto plazo.
La norma modificada autoriza al Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) otorgar por un periodo de 12 meses, computables a partir de la publicación del decreto, la transferencia público-privada en especie por un valor de Bs 500 a un representante familiar de un fallecido y quienes resultaron heridos.
El Ministerio de Educación gestionará cupos de acceso directo a las unidades educativas fiscales, además de becas de estudio en universidades privadas o institutos tecnológicos en favor de los heridos y familiares de los que perdieron la vida.
Mientras que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social se encargará de priorizar en su bolsa de trabajo a los heridos y familiares de los fallecidos.
Diez personas en Senkata, El Alto, perdieron la vida por herida de bala en medio de un operativo policial-militar que rompió un cerco a la planta de hidrocarburos para abastecer con combustible a La Paz. En Sacaba, otro contingente policial-militar se puso al frente de una marcha cocalera que intentó entrar a la ciudad de Cochabamba, con el saldo de 10 muertos.
El Gobierno descartó que los uniformados hubieran disparado sus armas de reglamento mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un primer informe, calificó lo sucedido como una “masacre”. (19/03/2020)
Fuente: la-razon.com