El TCP suspende ‘plazos procesales’ de casos en curso hasta después del 31 de marzo

La decisión aplaza la resolución en casos como la reelección indefinida en Bolivia y la demanda sobre la redistribución de escaños.

Vista de la fachada principal del TCP en Sucre.
Vista de la fachada principal del TCP en Sucre.
 Yuvert Donoso / Sucre 

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió suspender los plazos procesales de procesos en curso hasta el 31 de marzo, tomando en cuenta la cuarentena determinada por  el Gobierno. En consecuencia, el caso de la reelección indefinida, como también la demanda sobre la redistribución de escaños, quedan postergadas en su tratamiento hasta el próximo mes.

“Absolutamente todo ha quedado suspendido en instancias del Tribunal Constitucional Plurinacional, sin embargo, hay algunas, resoluciones que van a ir notificándose, no hemos suspendido esas notificaciones”, afirmó el presidente del TCP, Paul Franco, al hacer conocer una serie de medidas asumidas por la Sala Plena tendientes a garantizar la protección tanto de los funcionarios judiciales como de los litigantes que acuden al TCP.



En agenda del TCP se encuentra la demanda en contra de la Ley 084 que determinó la reelección indefinida de las autoridades electas por voto popular, la ley sobre la redistribución de escaños uninominales, entre otros temas que quedan pendientes en su resolución hasta el próximo mes de abril.

“Para precautelar que las partes no se encuentren en un estado de zozobra con relación a las causas que se llevan adelante, se determina la suspensión de los plazos procesales para que no tengan la necesidad de que estén preocupados por dicho aspecto  y así como la suspensión de los sorteos (de causas) hasta el 31 de marzo”, explicó.

Por otra parte, dijo que a partir de este viernes se aplica en el TCP el plan de contingencia para precautelar la seguridad de los funcionarios como también de la gente que acude a esa institución.

Destacó que se pondrá en práctica el teletrabajo como un mecanismo para reducir los riesgos.

“Vamos a reducir de 300 a 50 servidores públicos en oficinas, el resto cumplirá sus funciones desde sus domicilios, a partir de la implementación de Tecnologías de Información y Comunicación que han sido provistas a través de redes sociales en base a la coordinación con cada uno de los letrados de los despachos de los magistrados”, sostuvo. (19/03/2020)

Fuente: La Razón Digital