La Cancillería brasileña ratificó que se aceptó el asilo político de Roger Pinto, legislador opositor a Evo. Un senador del PSD habla de mal momento en la relación bilateral. Vice de Bolivia califica de desatinado el asilo a Pinto.
Confirman en Brasil tensión por Pinto
Exclusivo. La Cancillería brasileña ratificó a una enviada de EL DEBER a Brasilia que se aceptó el asilo político. Un senador del PSD habla de mal momento en la relación bilateral
PEDIDO. El senador brasileño por el estado de Acre, Sérgio Petecao (PSD), defendió la situación del opositor Róger Pinto
Cecilia Dorado. Brasilia , El Deber
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Sérgio Petecao, senador Brasileño por el Estado de Acre y amigo del senador opositor Róger Pinto, aseguró que el legislador boliviano pidió al Gobierno de Brasil que, por su seguridad y la de su familia, su residencia se establezca en Brasilia.
El senador brasileño admitió que, en los últimos meses la relación entre Bolivia y Brasil ha sufrido un distanciamiento, no solo por este caso, sino también por lo que pasó con Petrobras, después de la nacionalización de los hidrocarburos, en 2006.
La versión del legislador brasileño contradice con la posición de la presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia, Rebeca Delgado, que declaró que este caso político no afectaba las relaciones entre ambos países. En criterio de la parlamentaria masista, es probable que el Gobierno de Brasil no tuvo la suficiente información.
Sin embargo, Petecao tiene otra posición. “Veo que la presidenta Dilma Rousseff no tiene la misma relación que se tenía con Lula (Da Silva). Tengo información de que cuando el presidente Evo Morales tomó las refinerías de Petrobras, ella -entonces ministra de Minas y Energía- intentó hablar con Morales, pero le dijo que no se sentaba con una mujer (…) los brasileños están con miedo en Bolivia”.
Petecao denunció además que los brasileños que viven en Pando, son amedrentados y hasta expulsados por la Policía y que si bien se firmó un acuerdo para que Brasil los traslade a su territorio, este proceso no es fácil, porque estas personas tienen hijos bolivianos y patrimonio en el país. “Nuestra relación con Bolivia siempre fue de amistad. Tengo amigos, los visitaba y hasta iba a pescar con ellos, pero ahora los brasileños están con miedo en Bolivia”.
Petecao, legislador del Partido Social Democrático (PSD) mantiene relación con Pinto. Lo conoce desde hace años, y dice que abogará por sus derechos en Bolivia porque “hay persecución política no sólo en contra de él, sino también de otras autoridades y representantes de la oposición”.
Otros que protestan, pero en contra de Pinto, son los familiares de las víctimas de la denominada ‘masacre de Porvenir’, que ayer realizaron un plantón frente a la embajada de Brasil en La Paz, donde el senador está asilado desde el 28 de mayo. El senador de CN enfrenta 21 procesos iniciados por el oficialismo.
Petecao propone la creación de una comisión parlamentaria boliviano-brasileña para hablar del tema y ver ambas partes de cada problema para corroborar si es verdad todo lo que se está denunciando.
El brasileño considera que si el Ministerio de Relaciones Exteriores aceptó el asilo de Pinto es porque el tema ha sido tratado “con mucha responsabilidad; no se da asilo a los bandidos, si fue concedido es porque el Gobierno brasileño está preocupado de la situación”.
Hasta ayer, representantes del Gobierno boliviano insistían en que no habían recibido nada oficial de la Cancillería brasileña sobre la concesión del asilo político a Pinto, a pesar de que la información fue divulgada en su pagina web.
En Itamaraty se ratificó que Brasil aceptó el asilo, que ya se dio a conocer la decisión al Gobierno de Bolivia y que se espera el salvoconducto para trasladar a Pinto.
Asimismo, ratificó que la decisión de aprobar el asilo está fundamentada principalmente en la Constitución brasileña y que mientras no haya el salvoconducto, Pinto puede seguir en la embajada en La Paz.
Una vez en Brasil, Pinto tendrá la libertad de elegir el lugar donde fijará su residencia.
Plantean opción para desacato
La anulación de la figura jurídica del desacato del Código Penal Boliviano fue anunciada ayer por el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, pero advirtió de que la Asamblea Legislativa Plurinacional debatirá otro mecanismo jurídico que obligue al opositor a “pensar bien antes de hablar”.
García Linera se refirió sobre el tema cuatro días después de que el Gobierno de Brasil otorgue asilo político al senador opositor Róger Pinto, de CN, que enfrenta 21 juicios en su contra, iniciados por oficialistas, de los cuales seis son por desacato.
“Necesitamos sacar el artículo sobre desacato, pero hay que colocar algún tipo de mecanismo que por lo menos obligue al opositor a pensar cinco segundos antes de hablar”, aseguró la autoridad.
El dignatario de Estado dijo que en el debate de la Asamblea encontrarán, viendo la legislación comparada, “alguna otra figura que ponga freno a la calumnia, la mentira y las acusaciones infundadas”.
Nardy Suxo, ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción aseveró, durante un encuentro en Santa Cruz, que las leyes de Perú y Uruguay todavía mantienen el desacato y que “la nueva figura jurídica debe cuidar la honorabilidad de las autoridades”. Ella retiró la denuncia por desacato en contra de Pinto.
Para el ‘vice’ es un hecho ‘desatinado’
Álvaro García Linera, presidente en ejercicio de Bolivia, calificó de ‘desatinada’ la decisión del Gobierno brasileño de otorgar el asilo político al senador opositor Roger Pinto, de CN, que desde el lunes 28 de mayo se encuentra refugiado en la embajda de Brasil en la ciudad de La Paz, después de denunciar persecución política y amenazas de muerte.
“Considero que es una decisión desatinada la que ha asumido el Gobierno del Brasil, de otorgar asilo a una persona que acá en Bolivia está acusada, no por sus ideas, sino por delitos comunes”, aseguró García Linera
La autoridad señaló además que, para no entorpecer las investigaciones, desistirá del proceso por desacato que mantiene contra el senador Pinto, así como lo hizo el lunes la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo.
Por su lado, desde Sucre el fiscal general, Mario Uribe, advirtió que los juicios por desacato contra Pinto continuarán pese al desestimiento anunciado por las autoridades de Gobierno.
A su turno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, dijo que esta figura judicial se debe mantener vigente. /MCh.
Vice califica de desatinado el asilo a Pinto
EL MANDATARIO DIJO QUE APOYA ANULAR LA FIGURA LEGAL DE DESACATO
Los Tiempos – 13/06/2012
El presidente en ejercicio Alvaro García Linera, ayer. – Apg Agencia
El presidente en ejercicio Álvaro García Linera calificó ayer de desatinada la decisión asumida por el Gobierno del Brasil de otorgar asilo político al senador Roger Pinto, jefe de Bancada de Convergencia Nacional en la Cámara de Senadores, al considerar que sobre él pesan procesos penales por los "asesinatos registrados en septiembre de 2008 en el Porvenir, Pando", además de juicios por daño económico al Estado y delitos comunes.
García dijo que los trámites de asilo político del legislador opositor pandino se encuentran bajo la competencia y procedimientos de la Cancillería del Estado Plurinacional, por lo cual se abstuvo de emitir más criterios sobre este asunto que causó preocupación y malestar entre los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Brasil publicó la aceptación de la solicitud del senador la semana pasada, a través de un comunicado, aunque la Cancillería boliviana insiste en que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre esa decisión.
El senador está a la espera de que el Gobierno boliviano emita un salvoconducto que le permita trasladarse desde la Embajada brasileña hasta el aeropuerto y salir del país, sin ser detenido.
A las críticas contra Brasil, por su decisión de asilar a Pinto, ayer se sumó el fiscal General del Estado, Mario Uribe, quien declaró que ese país violó dos convenciones internacionales de lucha contra la corrupción con esta determinación.
“El hecho de que se conceda el asilo significa el grave riesgo de que quedarán en la impunidad hechos (de corrupción) que se están procesando”, dijo Uribe.
"La ciudadanía comprenderá que no queremos, desde el Ministerio Público, que ocurra lo mismo que con el gobernador del departamento de Tarija, el señor Mario Cossío; esa es la preocupación que tenemos y el hecho que se le concediera asilo significa impunidad en hechos que están siendo procesados", manifestó Uribe.
Asimismo, señaló que la figura del asilo planteada en circunstancias como las de ambos dirigentes políticos "disminuye la eficacia en lo que las Naciones Unidas están pidiendo en la lucha contra la corrupción".
Ayer, un grupo de personas realizó una protesta en puertas del edificio de la Embajada de Brasil en La Paz, rechazando el asilo otorgado al senador y advirtiendo que no dejarán que Pinto abandone el país.
Consultado sobre el salvoconducto que debe emitir el Gobierno de Morales para permitir a Pinto trasladarse a Brasil, el Vicepresidente señaló que "es un procedimiento que está en manos de la Cancillería".
Pinto se ha quejado en una carta de que hay "más de 20 procesos penales" en su contra abiertos por el Gobierno y el oficialismo, cada "uno más descabellado que el otro", según él.
García Linera negó que el senador sea un perseguido político y explicó que, por ejemplo, está acusado "de asesinato", por su supuesta responsabilidad en una matanza de campesinos en Pando ocurrida en septiembre de 2008.
La salida del Gobierno
La propuesta
Álvaro García dijo que planteará otro mecanismo para frenar las acusaciones "llenas de infamias, calumnias, mentiras por parte de la oposición".
El proceso
El fiscal general, Mario Uribe, señaló que continuarán las acciones legales contra el senador Pinto, porque sus delitos son de orden público.
FISCAL: LOS JUICIOS PROSEGUIRÁN
El fiscal General del Estado, Mario Uribe, aseguró ayer desde Sucre que los juicios por desacato contra el senador Roger Pinto continuarán a pesar de que autoridades, como la ministra Anticorrupción, Nardi Suxo, y el vicepresidente Álvaro García Linera, desistieron de las denuncias que presentaron en contra del senador por presuntas difamaciones y calumnias.
Las expresiones de Uribe coinciden con las del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gonzalo Hurtado, quien declaró que los procesos por desacato deben continuar aunque los afectados renunciasen a las denuncias.
“Tratándose el delito de desacato de una acción pública, el Ministerio Público, en cumplimiento de sus funciones, debe proseguir con la investigación hasta la conclusión en una de las formas que establece el Código Penal de estos procesos”, anunció la autoridad judicial.
“Si el funcionario público no denuncia un delito de orden público incurre en un encubrimiento o incumplimiento de deberes”, dijo Uribe al alegar que la ministra Suxo estaba obligada a denunciar al senador, cuando consideró que éste había incurrido en un ilícito, y “así lo hizo en cumplimiento de sus funciones".
Debate sobre el delito de desacato
El presidente en ejercicio Álvaro García Linera confirmó ayer que en su condición de jefe del Legislativo propiciará la reforma de esa figura penal. "Abriremos el debate para eliminar el desacato (del Código Penal), pero debemos debatir también qué haremos con personas (de oposición) que, a falta de ideas, acusan y mienten", dijo.
“Necesitamos sacar el artículo sobre desacato, hay que sacarlo, pero hay que colocar algún tipo de mecanismo que por lo menos obligue al opositor a pensar cinco segundos antes de hablar”, aseguró el Mandatario.
Dijo que hay necesidad de una figura que permita que la función pública sea respetada y no mellada. “Seguramente en el debate democrático en la Asamblea encontrarán alguna figura o sino, viendo la legislación comparada, alguna figura que ponga un cierto freno a la crítica política, que la respetamos, a la calumnia, a la mentira y acusaciones infundadas”, insistió.
Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, expresó su rechazo a la eliminación del delito de desacato, con el argumento de que si ocurre aquello, se daría vía libre al desprestigio de las funciones públicas.
El desacato es un delito penal castigado hasta con dos años de cárcel y se aplica cuando un funcionario público es calumniado o difamado en el ejercicio de sus funciones.