La crisis de gobernabilidad del evismo ha alcanzado hoy un nuevo hito: ante la masiva desobediencia policial, el presidente Morales despliega a las Fuerzas Armadas en las calles, inicialmente con el cometido de sustituir a los huelguistas en tareas de seguridad ciudadana, pero con la posibilidad de que esa movilización derive en otras alternativas, incluyendo un eventual Estado de Sitio.
Lo cierto es que el gobierno se juega mucho en las próximas 48 horas, vitales antes de la llegada de la IX Marcha Indígena a la ciudad de La Paz, momento en que el poder central necesitará de toda la capacidad represiva para garantizar su estabilidad.
Por lo tanto, es altamente probable que veamos al régimen cediendo a buena parte de las demandas policiales entre el domingo y el lunes, con el objetivo de realinear a la fuerza del orden antes del arribo de los marchistas defensores del TIPNIS.
Hasta entonces, la carta en la manga de la solución autoritaria, vía militarización, seguirá en agenda, promovida por los sectores más exacerbados del oficialismo.
Coincidentemente, el discurso gubernamental apunta a la descalificación de la huelga policial como un “intento de golpe de Estado”, con el doble objetivo de mermar el apoyo de la población a las movilizaciones y justificar hipotéticas medidas de fuerza.
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Mientras tanto, toda Bolivia contiene el aliento ante este nuevo capítulo de lo que Cayetano Llobet llamaba la “desinstitucionalización”, o lo que Humberto Vacaflor definiría como un episodio hacia el “Estado fallido”…