En su edición impresa de ayer viernes, la revista brasileña Veja entrevista al afamado periodista norteamericano Douglas Farah, experto en temas de narcotráfico y seguridad, quien menciona a Juan Ramón Quintana y Sacha Llorenti como sospechosos de tener relaciones con el crimen organizado.“Los criminales fueron invitados por los gobernantes de los países denominados ´bolivarianos`, liderados por el presidente venezolano Hugo Chávez, a compartir el poder político. Así, conquistaron una fuerza inédita en la región”, dice el entrevistado.
Farah indica que “Narco-Estado es el nombre que se atribuye a un país en el que la cúpula gubernamental da protección a las actividades de los traficantes o mantiene alguna participación directa en el negocio clandestino. En esos lugares, los criminales son utilizados como instrumento de política interna y externa y apoyan al poder central. A cambio, cometen sus crímenes en total seguridad”.“La existencia de ese tipo de acuerdo explica el espectacular crecimiento del papel de Venezuela como lugar de paso de la cocaína de otros países. Lo mismo ocurre con Ecuador y Bolivia. En esos países, cuando funcionarios de primera línea son encontrados en operaciones ilegales, jamás son investigados ni sancionados. Al contrario, son promovidos”, señala.
El investigador dice que “Quien es castigado en los narco-Estados son los periodistas y los políticos de oposición con coraje para divulgar las relaciones entre el poder político y el crimen organizado. Fue lo que aconteció con el senador boliviano Roger Pinto, que entregó denuncias al presidente Evo Morales, por eso pasó a ser perseguido por el gobierno. El político acabó refugiado en la embajada de Brasil para escapar a las represalias”.“En Bolivia, Juan Ramón Quintana, ministro de la presidencia, y Sacha Llorenti, ex ministro de gobierno, son sospechosos de mantener relaciones con el crimen organizado. Llorenti acaba de ser nombrado embajador de Bolivia en la ONU”, agrega.