También pidieron a la Cancillería a gestionar ante la Embajada de Estados Unidos la información oficial relativa a los antecedentes que derivaron en la cancelación de visados a autoridades y exautoridades bolivianas.
eju.tv /Fuente:Visión 360
Los presidentes del Senado, Roberto Castro, y de la Cámara de Diputados, Diego Ávila, coincidieron en solicitar al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, que se aparte de sus funciones mientras se esclarece la denuncia de Estados Unidos en su contra. Asimismo, demandaron al vicepresidente del Estado, Edmand Lara, convocar con urgencia a una sesión de la Asamblea Legislativa para abordar el tema.
«El Fiscal General del Estado debe apartarse del ejercicio de sus funciones conforme a lo establecido en los mecanismos previstos por ley. Esta medida debe permitir que las investigaciones se desarrollen con plena independencia, sin interferencias ni privilegios, garantizando la búsqueda de la verdad material y el respeto al debido proceso», afirmó Castro en conferencia de prensa junto a Ávila.
La determinación surge luego de que Estados Unidos revocara la visa a Mariaca por supuesta participación en actos de corrupción significativa. Similar medida fue dispuesta para el exministro de Justicia, Iván Lima, además de tres fiscales, tres jueces, un magistrado, otras dos exautoridades, un coronel de la Policía y un empresario.
Ambos titulares de las cámaras legislativas solicitaron al vicepresidente Lara una convocatoria inmediata a sesión plenaria para evaluar las repercusiones de la medida asumida por la administración de Washington.
«En la sesión de la Asamblea, cuya convocatoria estamos solicitando, plantearemos que se consideren los mecanismos de investigación y seguimiento permitidos por el ordenamiento jurídico. No estamos anticipando culpabilidades ni sustituyendo a fiscales o jueces; estamos pidiendo que los hechos sean examinados a fondo, que se preserven los elementos de prueba disponibles y que toda decisión tenga sustento legal», sostuvo Ávila.
Además, instaron a la Cancillería a gestionar ante la Embajada de Estados Unidos la información oficial relativa a los antecedentes que derivaron en la cancelación de visados a autoridades y exautoridades bolivianas.
