Si antes el problema era una cuestión de poder dentro de la estructura del Estado, ahora lo que se cuestiona es esta estructura misma. Si bien se puede hablar de que esta crisis, de todos modos, es una oportunidad de cambios en positivo.
La Razón, Especiales / Bolivia Opina
• CIUDADANÍA • La población también es parte de la crisis, en el sentido de que debe demandar diálogo a los políticos.
La actual crisis política que vive el país, en primer lugar, es estatal, que pone en juego la estructura misma del aparato estatal boliviano, opina la mayoría de las cuarenta personalidades consultadas por La Razón a propósito de la actual crisis.
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La diferencia está, sin embargo, en la manera en que cada quien ve las salidas a la crisis.
Los responsables del actual deterioro que mencionan los consultados, en primer lugar, son el Gobierno y los sectores sociales, por lo menos sus alas más radicales, y, al frente, la oposición liderada por los prefectos de la denominada Media Luna.
En las opiniones que presentamos, en la contraposición Gobierno-prefectos, por lo común se identifican dos proyectos o legitimidades: la indígena comunitaria, más bien representativa del occidente del país; y la regional y cívica, cuyo emblema es la autonomía departamental.
Con mayor o menor militancia por alguna de estas tendencias, las personalidades en todos los casos hablan de que en el futuro del país, primero, no es posible desconocer ninguna de ambas tendencias; y, segundo, al final siempre debe haber un acuerdo, un pacto entre ellas.
En otras palabras, se promueve que ninguna podrá imponerse; de hecho, la crisis que hoy vivimos, en gran medida es producto de la falta de diálogo y encuentro entre ambas realidades.
Se trata de buscar el pacto que logre; por un lado, generar un ambiente social y estatal propicio para la inclusión social y política de la mayoría indígena antes excluida, sea en su forma de autonomías indígenas u originarias, sea en su incorporación en los diferentes niveles sociales y estatales de la Bolivia moderna. Se trata de resolver la deuda histórica que el país tiene con sus mayorías indígenas y campesinas.
Pero, por otro lado, al reconocer las autonomías departamentales, nuestros invitados destacan que con esto se está resolviendo el problema regional, de integración y presencia del Estado nacional en todo el país, de la construcción del aparato estatal con real presencia territorial.
Las formas de resolver el gran pacto o acuerdo nacional a que todos hacen referencia varía según el programa particular que cada quien ve realizable en las actuales condiciones políticas y sociales que vive el país.
La palabra, en todo caso, el diálogo, el pacto, el acuerdo, la convergencia. Una confluencia que, se reitera en varias ocasiones, se la debe ejercer en función de «salvar» a los mismos contendientes: aunque coyunturalmente ganase uno u otro lado de la balanza, se insiste, ninguna viviría en paz duradera sobre el despojo de la otra. Por el bien común, se precisa del pacto, la coexistencia o la convivencia.
La forma que puede tomar este diálogo es variada. Se habla de un acuerdo de alto nivel entre Presidente y prefectos, al punto de que, incluso, se pueda conformar un gobierno nacional con este nivel de gestión, un «gobierno territorial», que estuviera incluso por encima del Poder Ejecutivo nacional.
Nuestros invitados, por otro lado, no dejan de mencionar el rol que tiene la ciudadanía en la resolución de la crisis. En todos los casos, se habla de una responsabilidad social, desde las organizaciones sociales, cívicas, comunales o regionales, hasta el ciudadano individual.
La labor, la campaña a que llaman nuestros opinadores, es a presionar a los poderes públicos, a la clase política, a la concertación, al acuerdo en función del bien de todo el país.
ESCENARIOS
Particularismos • Los particularismos de raza, región y sector han prevalecido sobre la universalidad democrática. Hoy, existe el reinado de la arbitrariedad, señalan los autores.
Enfrentamiento • Los mayores responsables para que la crisis se agrave, coinciden los analistas, más bien son las alas radicales de las dos grandes visiones, la gubernamental indigenista y la autonomista; sus desbordes políticos.