La OEA también llama al Gobierno retomar las conversaciones con la oposición
La Prensa
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) se ofreció ayer nuevamente como facilitadora del diálogo entre el Gobierno y los prefectos de la «media luna», pero estos últimos demandan la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) como «garantía» para iniciar las conversaciones.
El secretario general de la CEB, monseñor Jesús Juárez, afirmó ayer que la Iglesia facilitará el acercamiento si los actores políticos así lo demandan, pero llamó al establecimiento de una mesa de concertación tras la ratificación del presidente Evo Morales y de los prefectos opositores Mario Cossío, de Tarija; Leopoldo Fernández, de Pando; Ernesto Suárez, de Beni, y Rubén Costas, Santa Cruz; además del oficialista Mario Virreira, de Potosí.
«Estos porcentajes llaman a la reconciliación», dijo Juárez, quien ya intentó mediar en la crisis política en junio, cuando se instaló una mesa de diálogo político con representantes de partidos políticos y los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores.
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El objetivo de esta comisión fue integrar los textos autonómicos, aprobados en los departamentos que conforman la «media luna», con el proyecto de Constitución, sancionado por el oficialismo y sus aliados en Oruro el 9 de diciembre.
La mesa fracasó después de dos semanas porque supuestamente el delegado del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Carlos Romero, anunció que no se realizarían cambios en la nueva CPE.
El presidente Evo Morales, el domingo, convocó a los prefectos a trabajar «de manera conjunta» y ofreció compatibilizar el proyecto constitucional con los estatutos regionales.
La respuesta de las prefecturas fue unánime: los estatutos están en ejecución y no se negociará si antes el Ejecutivo no devuelve el IDH.
Carlos Dabdoub, secretario de Autonomías de la Prefectura cruceña, dijo que no cree en el ofrecimiento del Mandatario, porque «las cinco veces que ofreció compatibilizar siempre terminó imponiendo su criterio».
Explicó que la administración prefectural aplica el texto autonómico aprobado el 4 de mayo. «Las normas departamentales están en ejecución y no hay quien las frene, fue la voluntad del pueblo».
El prefecto Costas promulgará el jueves la quinta ley departamental, la electoral, para la elección de asambleístas. Hasta ahora fueron aprobadas las leyes del Salario Mínimo de 1.000 bolivianos; de Transparencia y Acceso a la Información; de Diálogo Departamental, y de designación de directores provinciales de educación en cada provincia de Santa Cruz.
El domingo, Costas anunció la creación de un organismo de seguridad paralelo a la Policía para hacer cumplir el Estatuto, pero Dabdoub dijo que para el funcionamiento de este grupo se requiere de una norma de seguridad regional.
El ministro Sin Cartera de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, informó ayer que el Poder Ejecutivo no emitió ninguna convocatoria oficial a los prefectos para un encuentro. «Seguramente lo haremos una vez que se conozcan los resultados oficiales de la Corte Nacional Electoral (CNE)».
La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que monitoreó el referéndum revocatorio también llamó a los actores políticos a fijar reglas claras para iniciar el diálogo y lograr acuerdos.
El jefe de la misión de observadores, Eduardo Stein, dijo que la ciudadanía boliviana está exigiendo a los líderes políticos que se sienten a la mesa para lograr acuerdos. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, citado por la agencia Efe, aseguró también que el organismo interamericano seguirá apoyando «todo esfuerzo por buscar espacios de negociación entre el Gobierno boliviano y los sectores opositores». Dijo que espera que el plebiscito «contribuya al desarrollo institucional» de Bolivia mediante el respeto a las autoridades y la «promoción del diálogo».
En Beni, el prefecto Suárez aceptó asistir a dialogar con el Gobierno nacional, pero demandó que antes éste devuelva los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos que reclaman los comités cívicos y prefecturas de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.
Las autoridades departamentales mantienen una huelga de hambre, aunque el presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, se retiró del ayuno a pedido del prefecto Costas, porque su salud se estaba deteriorando.
Alberto Melgar, presidente del Comité Cívico de Beni, afirmó ayer que antes de dialogar, el Gobierno debe devolver los recursos del IDH.
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, también se sumó al pedido de diálogo para evitar mayor confrontación después de la consulta popular.
Aliados del MAS se movilizan para aprobar la nueva CPE
Tras el referéndum revocatorio, los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) se movilizan para dar vía libre al plebiscito por la tierra y la consulta sobre el nuevo texto constitucional.
El dirigente de la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia (CNCB), Marco Viruez, adelantó que el máximo ejecutivo de esta organización y presidente de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), Fidel Surco, convocará a una reunión de sus miembros para iniciar gestiones que lleven a aprobar el proyecto de Constitución Política.
Viruez dijo que se debe comenzar un trabajo de difusión y socialización del nuevo texto constitucional para «desmentir» la propaganda que emprendió la oposición política. «No habrá descanso después del revocatorio». El dirigente de los cocaleros, Julio Salazar, sostuvo que ese sector dará un plazo para que la ley de convocatoria a esos dos referendos se apruebe los antes posible, de no ser así, habrá movilizaciones.
«No puede seguir postergando digan lo que digan, por lo tanto, máximo en tres meses después debe aprobarse la nueva Constitución», manifestó Salazar, e indicó que el Gobierno debe privilegiar las dos consultas.
Por su parte, el máximo dirigente del Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq), Elías Quelca, anticipó que los pueblos originarios exigirán la realización de dichos referendos.
«Vamos a ver cómo va, si hay algunas oposiciones, vamos a tener que movilizarnos. De todas maneras, vamos a exigir una nueva Constitución Política».
El portavoz del Palacio Quemado, Iván Canelas, comentó que es poco probable que esos dos referendos se realicen en esta gestión como plantean los sectores sociales.
EEUU y Colombia sugieren diálogo
El Gobierno de Colombia felicitó ayer al Ejecutivo y al pueblo de Bolivia «por la forma pacífica y constructiva» en que se celebró el referéndum del domingo, y dijo que confía en que «sienten las bases de unión» en ese país.
Un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano en Bogotá destaca que la consulta popular fue una «muestra del respeto al Estado de derecho y a los valores democráticos». De igual manera, expresa el deseo de Colombia «de que se restablezca el diálogo entre todos los actores políticos de la sociedad boliviana y se construyan acuerdos y consensos en un marco de pleno respeto a la institucionalidad democrática».
El Gobierno de Estados Unidos también instó al Ejecutivo boliviano y a la oposición a que aprovechen la oportunidad que se les ha abierto después del referéndum revocatorio para «comenzar un diálogo franco» y resolver sus diferencias.