El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, anunció la creación de la «policía autonómica». Beni aprobará una ley electoral departamental. Tarija hará funcionar su Asamblea y Pando alista una ley forestal.
La Prensa
Perspectivas
Festejo: el prefecto Rubén Costas celebra su ratificación con los seguidores de la autonomía, anoche en la plaza 24 de Septiembre
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Después de que los prefectos de la llamada «media luna» fueran ratificados en sus mandatos, los estatutos autonómicos están en marcha. Santa Cruz anunció la implementación de un paquete de medidas, entre ellas la creación de un organismo de seguridad para hacer cumplir las leyes departamentales aprobadas por la Asamblea regional; en tanto, Beni instalará su Poder Legislativo para aprobar una ley electoral; Pando tiene en puerta una norma para que la Prefectura administre los recursos forestales, y los consejeros departamentales en Tarija se convertirán en «parlamentarios departamentales».
El presidente Evo Morales, en cambio, convocó a las autoridades departamentales a sumarse a trabajar de manera conjunta para reconstruir la unidad del país, «respetando las normas». También dijo que seguirá con las nacionalizaciones de las empresas capitalizadas, en medio de un discurso moderado que dirigió desde el balcón del Palacio Quemado.
Invocó por la unidad y la reconciliación de los bolivianos.
Su partido, Movimiento Al Socialismo (MAS), había apostado por el desempate territorial antes de la consulta, pero con los resultados preliminares la situación se mantiene como estaba.
Morales fue ratificado, al igual que los prefectos opositores.
En Santa Cruz, sin embargo, el prefecto Rubén Costas dio por hecho que la ratificación de sus colegas de Beni, Ernesto Suárez; Leopoldo Fernández, de Beni, y Mario Cossío, de Tarija, son expresiones de apoyo al régimen autonómico. «El Sí a los gobernadores y prefectos del Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz, junto con el Sí a la prefecta de Chuquisaca (Savina Cuéllar), lo asumo y entiendo no sólo como una simple aprobación de la gestión realizada, sino como una nueva ratificación a la autonomía departamental. Es la confirmación de nuestra decisión de dotarnos de un sistema que profundiza la democracia para el cambio verdadero».
Costas, en medio de un discurso agresivo contra Morales leído desde la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz, afirmó que su ratificación es la reafirmación del texto autonómico cruceño, que el 4 de mayo fue aprobado con un 81 por ciento. «Nuestro Estatuto, que ya estamos aplicando, adquiere la categoría de ‘catecismo autonómico’, ideario de un pueblo creyente».
La autoridad departamental, quien está en huelga de hambre por la recuperación de los recursos del IDH, anunció que la medida que sostienen los dirigentes cívicos será suspendida. También anticipó la creación de un organismo de seguridad que hará cumplir las normas departamentales, «así como brindar las garantías indispensables de toda sociedad democrática».
Asimismo, dijo que hay un proyecto para una agencia tributaria departamental que se encargará del control, fiscalización y recaudación de los impuestos departamentales y el establecimiento de un fondo solidario.
El jueves aprobará una ley departamental electoral que servirá para convocar a elecciones de asambleístas departamentales que conformarán la Asamblea Legislativa Departamental que actualmente está constituida por los consejeros de cada provincia.
El Estatuto cruceño señala que los representantes provinciales tendrán un mandato de cinco años e inmunidad como los parlamentarios. La Prefectura de Santa Cruz es una de las primeras que comenzó a aplicar el documento autonómico.
Aprobó un salario departamental de 1.000 bolivianos, la Ley del Diálogo Departamental, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, del Consejo Económico y Social, y designó directores provinciales de educación que dependen de la Secretaría Departamental de Educación.
Para el Gobierno, estas acciones están fuera del marco constitucional, según el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, porque la Constitución vigente no reconoce el régimen autonómico y los estatutos fueron aprobados en referendos «ilegales» que no fueron convocados por el Congreso Nacional como señala la Ley de Referéndum. Yaksic afirmó que «no es posible que ellos sigan con decisiones unilaterales en temas que tienen que ver con el conjunto de la nación. No es posible que pretendan regular todo».
En sintonía con la Prefectura de Santa Cruz, el prefecto de Beni, Ernesto Suárez, sostuvo que desde hoy comenzará a funcionar la Asamblea Legislativa para aprobar una ley departamental electoral con la cual se elegirá a los asambleístas departamentales, quienes tendrán la tarea de aprobar leyes regionales.
Beni aprobó su texto autonómico el 1 de junio con el respaldo del 79,5 por ciento. El proceso electoral fue conducido por la Corte Departamental Electoral de esa región.
El presidente del Comité Cívico, Alberto Melgar, por su parte, indicó que respaldará la aplicación del Estatuto Autonómico. «Ya pasó bastante tiempo. Ahora que fue ratificado nuestro Prefecto, existe un claro mensaje de la población que pide autonomía».
Anunció que el ayuno que mantienen los cívicos en la plaza principal de Trinidad por la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos se mantendrá invariable, al igual que en las provincias benianas.
«Los recursos económicos son necesarios para la autonomía, son como el combustible para echar a andar este proyecto. Estamos convencidos de que con la ratificación de los prefectos que apoyan esta causa conseguiremos nuestra demanda».
El Consejo Nacional Democrático (Conalde), del que forman parte las autoridades departamentales y cívicas de Beni y Pando, se reunirá el viernes en Santa Cruz para definir otras medidas de presión. Los prefectos de Pando, Leopoldo Fernández; Mario Cossío, de Tarija; Ernesto Suárez, de Beni, y Rubén Costas, de Santa Cruz, además de los dirigentes cívicos de estos departamentos, están en ayuno desde la anterior semana, demandando que el Gobierno devuelva los recursos del IDH descontados que superan los 950 millones de bolivianos desde 2007 hasta el primer semestre de 2008, según el reporte de las secretarías de Hacienda de las administraciones prefecturales.
El Poder Ejecutivo, a través de dos decretos supremos, descontó casi el 70 por ciento de los ingresos por los impuestos gasíferos para pagar la Renta Dignidad, un bono de 200 bolivianos para los mayores de 60 años y para redistribuir el ingreso de la renta petrolera.
En el departamento de Pando, el prefecto Fernández, quien fue ratificado con un 56,4 por ciento, anunció que la primera norma que será aprobada en el Consejo Departamental es una ley forestal planteada por el Colegio de Ingenieros del rubro para que la Prefectura administre los recursos forestales y diseñe programas de desarrollo en la amazonia. También está en agenda la conclusión del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa Departamental que reemplazará al Consejo Departamental, creado por la Ley de Descentralización Administrativa. El texto autonómico pandino fue aprobado con un 81,9 por ciento de respaldo, aunque se registró una abstención del 45,33 por ciento.
Ricardo Shimokawa, dirigente cívico, en contacto con este medio, dijo que ahora hay «vía libre» para ejecutar las competencias definidas por el documento refrendado.
En Tarija, que también forma parte de la «media luna», el presidente del comité cívico, Reynaldo Bayard, manifestó que desde hoy comenzará a funcionar el Parlamento Departamental que es la instancia legislativa del Gobierno Departamental. El texto autonómico tarijeño señala que las provincias serán administradas por ejecutivos departamentales de desarrollo, quienes reemplazarán a los subprefectos que actualmente son designados por la Prefectura.
Este documento fue aprobado con el 71 por ciento de los votos el domingo 22 de junio.
Analistas sugieren diálogo para evitar el descontento en la población
Diálogo y concertación son las dos palabras que más ha utilizado un grupo de analistas cuando fueron consultados sobre cuál debe ser el camino para salir del embrollo sociopolítico que vive el país, situación que no ha podido ser solucionada con el revocatorio.
También coincidieron en que el resultado del plebiscito no modifica el escenario político, aunque da una señal de que la ciudadanía quiere convivir en paz pese a la divergencia de visiones políticas, y que la victoria de uno u otro bando no puede interpretarse como un cheque en blanco para tratar de imponer políticas que se contraponen entre uno y otro lado.
El resultado de la consulta confirma que se ha «ratificado el estado de cosas», dijo el sociólogo Fernando Untoja, y resaltó que tal aspecto no significa que en Bolivia exista una división geográfica, pero sí una de carácter política y social.
Al respecto, el abogado constitucionalista Carlos Alarcón señaló que se han confirmado las dos visiones de país que en apariencia son contrapuestas, pero que en la realidad son compatibles: la visión autonomista liberal occidental de la «media luna» y la visión indígena comunitaria que responde al MAS.
«La concertación pasa por una revisión del proyecto de Constitución del MAS, al igual que los proyectos de estatutos autonómicos, para integrar y así tener el pacto social de unidad y de integración de los bolivianos». Para el politólogo Marcelo Varnoux, la ratificación del presidente de la República, Evo Morales, y de los prefectos autonomistas «no resuelve» el problema de fondo. «No se avanzó nada. Ahora el Gobierno debe leer el resultado lejos de la soberbia que lo caracteriza y sentarse a dialogar para encontrar soluciones sobre temas como el IDH, por ejemplo».
El ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas indicó que ahora no se puede hablar de victorias, porque si bien el Gobierno aumentó su votación en un 7 por ciento, los prefectos de las tierras bajas aumentaron también entre el 12 y 20 por ciento. «Así que más que hablar de victorias, creo que hay un atrincheramiento, y hay que buscar que la ciudadanía exija mecanismos de negociación entre ambos bandos», comentó. Entretanto, el politólogo Henry Baldelomar espera que ni uno ni otro lado se «engolosinen» con cierto triunfalismo y pretendan tomar decisiones apresuradas. «Lamento que algunos medios interpreten mal la información al decir, por ejemplo, que en Santa Cruz Evo ha sido revocado, lo que puede incrementar el desencuentro que hay en el país».
Tanto Alarcón como Varnoux y Baldelomar señalaron, coincidentemente, que después de la consulta popular no se puede convocar a un referéndum para la Constitución aprobada en Oruro sin llegar a acuerdos, ya que de lo contrario se volverá a incendiar el ánimo de quienes consideran que ese proyecto no refleja la unidad del país.
Todos los analistas consultados ponderaron el espíritu democrático de la población que se volcó a votar en forma pacífica y con la esperanza de que su voto sea tomando en cuenta, porque de lo contrario puede ocurrir un descontento general. «A partir de ahora, queda la expectativa de días mejores».
Bolivia Transparente evalúa el proceso
La Iniciativa Ciudadana de Observación Electoral Bolivia Transparente, que envió a todo el país 3.041 observadores nacionales, informó que ayer funcionaron el 100 por ciento de las mesas que vigilaron y no percibieron irregularidades.
Según el informe, un 92,2 por ciento de las mesas se instalaron entre las 08.00 y las 10.00. Las demás comenzaron a funcionar después de las diez de la mañana. Por otra parte, el 99 por ciento de las mesas monitoreadas funcionaron en el local designado inicialmente por la Corte Electoral.
«El 91 por ciento de las mesas observadas —señala el documento— contaron oportunamente con el material electoral provisto por la Corte. Asimismo, un 93 por ciento contaba con carteles informativos visibles que facilitaban su identificación por parte de los electores. Sin embargo, en muchos recintos se observó la falta de orientación suficiente del órgano electoral sobre el lugar que les correspondía a los ciudadanos depositar su voto».
En más del 95 por ciento de las mesas vigiladas se han cumplido las condiciones básicas de privacidad y seguridad para la emisión secreta del voto y en el 76 por ciento de las mesas hubo, al menos, un delegado de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones sociales para vigilar la votación.
Bolivia Transparente fue la única institución de observación electoral nacional que fue acreditada por la Corte Nacional Electoral, pero ya trabajó en los comicios de 20005 y 2006.
OEA sugiere a la clase política negociar
La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) pidió al Presidente y a los prefectos ratificados en el referéndum revocatorio de mandato popular que construyan un escenario de diálogo para solucionar la crisis política que afronta el país.
El jefe de la misión, Eduardo Stein, en conferencia de prensa, expresó que la población le está pidiendo a la clase política que «negocie y se ponga de acuerdo en los temas fundamentales del desarrollo del país».
Explicó que éste fue un elemento elocuente que ha sido recogido por los 125 observadores desplazados en todo el territorio nacional.
«Al final, sus políticos, según la población boliviana, están para resolverles problemas y no para crearles problemas a la población».
Los reportes iniciales del grupo dan cuenta de que en la consulta popular participaron más del 82 por ciento de los inscritos en cada mesa.
A la culminación de la jornada electoral, Stein se dirigió a la sede de la Corte Nacional Electoral (CNE) para compartir los datos obtenidos en las urnas observadas por los 125 veedores de la OEA con el presidente de la entidad, José Luis Exeni.
El ex Vicepresidente guatemalteco y jefe de la MOE/OEA afirmó que la jornada se desarrolló dentro de lo normal tanto en la instalación de mesas como en la participación de la ciudadanía. El organismo detectó nueve casos de irregularidades: «dos detenciones ilegales por parte de personas cercanas a los sitios de votación y siete casos de trifulcas con algún nivel de violencia, pero casos menores».
Para Stein, de acuerdo con los informes preliminares, «salvo un prefecto (Oruro), está muy claro (resultados), tanto en los criterios del Congreso como en los criterios de la Corte en su resolución, que los revocados están revocados y los ratificados están ratificados. Sugirió a la CNE hacer un esfuerzo «por limpiar de arrugas» al padrón con un análisis técnico en profundidad o con una auditoría para los próximos plebiscitos.