No importa cuán envalentonados se sientan los ratificados primeros mandatarios, deben entender que no podrán gobernar ignorando a cinco de los nueve departamentos del país.
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Después del referendo del pasado 10 de agosto, la crisis política, económica y social sigue y se acentúa en Bolivia.
Evo y Alvaro se esfuerzan por aparentar «humildad» y espíritu de diálogo, aunque sus discursos siguen siendo tan contradictorios como siempre. Invitan al diálogo a los ratificados Prefectos de la «media luna», pero, acto seguido el Presidente declara, mediante la Tv bolivariana, en contacto con su mentor, Hugo Chávez, y ante la prensa internacional que su triunfo es producto de la voluntad popular y el de los otros, los de oposición, responde a la «oligarquía», en un franco desconocimiento que de los 4 millones de electores, la mitad le dijo SI a los prefectos que representan la otra Visión de País.
Del otro lado, los prefectos de la «media luna», ratificados por el voto popular de sus regiones, se legitiman en sus demandas por cuarta vez, tras un largo calvario que empezó dos años atrás recolectando firmas para exigir la Autonomía, sistema que va más allá de liderazgos regionales o locales, es una convicción colectiva de los pueblos del oriente, de la Amazonía y del sur, cansados del centralismo concebido desde una visión altiplánica andina.
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Los prefectos concurrieron al referendo con reglas desiguales, con una ley elaborada por el Poder Ejecutivo y aprobada en una extraña alianza del oficialista MAS y el partido opositor Podemos, para favorecer exclusivamente al Presidente y Vicepresidente. La victoria de Evo y su vicepresidente estaba asegurada no solo por la ley amañada, sino por el millonario aparato estatal y para-estatal utilizado por el gobierno en todos los rincones de la geografía nacional, además de los métodos coercitivos aplicados por los sindicatos y organizaciones sociales en todas las áreas rurales del país. Aun así y contra todo pronóstico los desamparados prefectos de la media luna ganaron y este hecho representa una doble victoria: moral y legal.
La lucha de las regiones frente al poder central representado por el gobierno del MAS, tiene por delante un largo y difícil camino en defensa de: la autonomía ganada, los recursos del IDH confiscados, los sectores productivos e industriales amenazados, la tierra y el territorio, la cultura y de un modelo de vida que pretende ser avasallado por una nueva Constitución Política del Estado concebida desde una visión aimara-quechua, cerrada y excluyente.
Las exhortaciones al diálogo de organismos internacionales, de la Iglesia Católica, Defensor del Pueblo, colegios de profesionales, medios de comunicación, etc, suman y siguen. Es el gobierno, sin más vueltas, que debe asumir medidas concretas, fijando día, hora y lugar para el encuentro del Presidente Morales con los prefectos del país, sin agendas impuestas o cartas bajo la manga.
No importa cuán envalentonados se sientan los ratificados primeros mandatarios, deben entender que no podrán gobernar ignorando a cinco de los nueve departamentos del país.
Deben entender que la crisis económica y social se agrava más allá de la política y de la mentirosa propaganda oficial que anuncia la libra de arroz a Bs. 2,80 cuándo en cualquier mercado «popular» de La Paz, se paga a Bs. 4,50.
Es necesario que el Presidente Morales se de cuenta que el encandilamiento que tienen las mayorías populares con su gobierno, producto de bonos demagógicos y masiva propaganda, un día terminará.
Es indispensable un mínimo de sensatez de parte del gobierno para abrir el diálogo. Un dialogo que le ayude a entender los verdaderos problemas del país y antes de que sea tarde, resolverlos.