OPINION
Editorial
Los atentados contra la libertad de expresión y los medios de comunicación, han pasado de las agresiones callejeras al terrorismo criminal, como lo ocurrido con la Red Uno. El Gobierno tiene que frenar, mediante la investigación y sanción a los culpables de estas acciones criminales.
Aquella afirmación de que la democracia y la libertad de prensa están relacionadas estrechamente entre sí, no parece una exageración. El sistema democrático se nutre fundamentalmente de la tolerancia y la aceptación de las ideas de todos y en el plano político de los oficialistas y opositores.
La libertad de prensa y de expresión resulta un derecho constitucional de especial importancia para el desarrollo de una sociedad que busca ampliar su horizonte de participación, por ello mismo, el papel de los medios de comunicación social es de vital importancia y ningún gobierno a título de cambio, de revoluciones democráticas o de otro calificativo puede desconocer su significado en un Estado de Derecho.
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En Bolivia, el ejercicio del periodismo y el trabajo de los medios de comunicación social está enfrentando momentos difíciles. La cobertura noticiosa, en las calles y en otros acontecimientos, es de alto riesgo para los reporteros que soportan agresiones verbales y que, en algunas ocasiones, han sido heridos y en otras, han estado a punto de perder la vida.
En cuanto al trabajo de los medios de comunicación social, se ha desatado una campaña de desprestigio iniciada por el propio presidente de la República, Evo Morales, y amplificada en muchas ocasiones por los denominados movimientos sociales con acciones de hecho. Si el Gobierno pretendía minar el respeto social sobre esta actividad lo está consiguiendo a fuerza de insultos y golpes.
Sin embargo, esta situación está alcanzando situaciones muy graves. El país se ha convertido en uno que ya representa riesgo para el trabajo del periodismo. Durante los últimos meses, algunas redes de televisión han sido objeto de hostigamiento por turbas que pretendían tomar las instalaciones para destruirlas o causar daños a sus equipos y personal.
Las agresiones a la prensa y a los medios de comunicación social, es cierto que no sólo parten de los grupos afines al oficialismo, sino que también de sectores de oposición
De la agresión persistente, se ha pasado a la práctica del terrorismo, cuando en Yacuiba se atentó contra las instalaciones de Unitel, en una operación dirigida por un militar en servicio activo y cercano al Palacio de Gobierno. Las investigaciones parece que serán cubiertas con el manto de la impunidad.
El segundo caso -que debe motivar la más profunda preocupación- es el atentado dinamitero que fue objeto la madrugada del lunes la Red Uno, en Cochabamba, en un claro intento de destruir su antena de transmisión y silenciarla.
Estamos frente a una situación de grave peligro para el trabajo de los medios de comunicación. El terrorismo tiene que ser frenado y la responsabilidad está en manos de las autoridades de Gobierno, que deben investigar y sancionar de conformidad a la legislación estos actos criminales, contra el ejercicio de la libertad de expresión.