Cerco del MAS a Santa Cruz se endurece

Movilización. Los campesinos de Yapacaní afirmaron estar preparados y armados para cualquier enfrentamiento

El Deber. C. Peña y Lillo / El Norte
El cerco masista a Santa Cruz se endurece. Los campesinos que mantienen intransitable la carretera antigua a Cochabamba, la ruta hacia Trinidad y la salida por la nueva vía al interior del país volvieron a amenazar a las autoridades departamentales con iniciar una marcha a la capital cruceña.
Un ampliado de emergencia de dirigentes de las centrales y subcentrales de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Ichilo (Fsutcri) decidió unir fuerzas con la Federación Sindical de Colonizadores Productores Agropecuarios de Yapacaní para que, aproximadamente unas 30.000 personas, marchen hacia la ciudad y así retomar las instituciones que fueron intervenidas por los cívicos.
La reunión de los dirigentes de la Fsutcri se realizó en el punto del bloqueo que ellos llevan adelante, a orillas del puente del río Yapacaní. Todos los representantes del sector campesino de la provincia Ichilo condenaron enérgicamente los hechos sangrientos ocurridos con sus similares de Pando y ven como responsable de las muertes al prefecto pandino, Leopoldo Fernández, y a los otros prefectos de la ‘media luna’.
“Estamos todos muy dolidos y decididos a todo, porque lo que han hecho con nuestros compañeros en Pando es una cosa inhumana. La sangre nos llama. Ellos han derramado la sangre campesina, también la van a pagar así. Tenemos una sola decisión: ir a Santa Cruz a tomar todas las instituciones que ellos han saqueado y destruido. Sí o sí, aquellos que han matado y empezado a generar muerte, tienen que irse de donde han venido”, advirtió Severino Llave, dirigente de la subcentral de Buenavista.
“No vamos a permitir que, como hace 500 años, vengan a matarnos como a perros. Ahora estamos preparados y armados. Si es que nos quieren provocar, de la misma manera vamos a responder. Estos señores tienen que irse de Santa Cruz, es una decisión firme en la que no retrocederemos. Todo está planificado a escala departamental y nacional para la marcha hacia la capital en los próximos días”, puntualizó Llave.
También han manifestado que van a luchar para que se apruebe la nueva Constitución Política del Estado y para que los recursos del IDH lleguen directamente a los municipios. El control en los tres puntos de bloqueo, dos en el puente del río Yapacaní, a la salida y entrada, y uno sobre el río Arroyo Hondo, se ha vuelto más estricto por el rígido control que realizan a las pertenencias de las personas que pasan por esta población.
En la misma zona norte, los campesinos de Chané endurecieron la presión en el cierre de las vías y amenazaron con marchar hacia la capital cruceña si en un plazo de tres días los cívicos no entregan al Gobierno las reparticiones que fueron tomadas.
De igual manera la acción se replicó en San Julián. Allí el máximo dirigente de los colonizadores, Benancio Cortez, afirmó que Costas debe renunciar a su cargo y también esperan una decisión para marchar hacia la capital cruceña.
En los tres casos, los campesinos han mostrado a los diferentes medios de comunicación armas de fuego, palos, dinamitas y machetes, con los que aseguraron se defenderán ante cualquier intento de desbloquear por la fuerza los cortes de las vías.



   Provincias  

Frontera
La carretera y la vía férrea están expeditas, mientras que el aeropuerto de la población, Salvador Ogaya, continúa bloqueado por los taxistas que mantienen la pista de aterrizaje inoperable. Las oficinas públicas del Estado siguen en poder del movimiento cívico y serán entregadas cuando se tenga una respuesta favorable al proceso de diálogo. La frontera boliviano-brasileña de Arroyo Concepción se mantiene abierta, aunque el tráfico vial es irregular.

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Chiquitania
A través de un pronunciamiento conjunto entre los municipios chiquitanos y guarayos, se solidarizan con el dolor y la pérdida de familiares de los pandinos. De igual forma, exigen el retiro inmediato de los funcionarios cubanos y venezolanos, que supuestamente habrían sido traídos por el Poder Ejecutivo para apoyar las acciones de violencia en ese departamento. También se pide el licenciamiento de los jóvenes que están en los cuarteles.