Hay malestar entre los militares por las agresiones contra soldados.
El presidente Evo Morales empuja a sus bases a la resistencia.
La Prensa
Herido: un soldado es evacuado herido de inmediaciones de Impuestos en Santa Cruz
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Cuando el presidente Evo Morales reclamó a las Fuerzas Armadas por no haber evitado la toma de entidades estatales en cinco departamentos del país, el comandante en Jefe de la entidad castrense, general Luis Trigo, le respondió enérgicamente que, si quiere la intervención de la institución, «firme» un decreto que lo autorice.
La airada conversación entre el Capitán General de las Fuerzas Armadas y el Comandante en Jefe de la institución, según altos cargos militares, ocurrió la noche del martes luego de que la violencia se desbocara en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, departamentos donde hasta ayer al menos 36 entidades estatales fueron tomadas por civiles.
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, consultado respecto de estas versiones, dijo que no se pronunciará sobre rumores.
El Decreto Supremo 27977, aprobado en la gestión del ex presidente Carlos Mesa, establece los procedimientos bajo los cuales un Jefe de Estado puede hacer uso de la fuerza en conflictos internos. Las Fuerzas Armadas, según la Carta Magna, garantizan la estabilidad del Gobierno legalmente constituido.
Además, según el decreto aprobado por Mesa, uno de los objetivos del empleo de las Fuerzas Armadas es «evitar la toma, destrozo o incendio de la propiedad pública o privada y de instalaciones o infraestructura relativa a servicios públicos esenciales».
Dicha norma especifica: «Las instrucciones del Capitán General para el uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas deberán ser escritas, debiendo referirse a situaciones específicas; en lo posible, con descripción detallada de tiempo y espacio, pudiendo incluirse otras referencias puntuales, como instrucciones para el repliegue o detalles referentes a coordinación con otros organismos de seguridad».
El Gobierno dispuso que la Policía Militar resguarde las entidades estatales ante el anuncio de los cívicos y prefectos de la «media luna» de tomar esas instituciones. Los soldados del segundo escalón, en el caso de Santa Cruz, fueron trasladados a las entidades públicas.
Tras enfrentarse con los jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista y luego de utilizar agentes químicos para dispersarlos, tuvieron que replegarse.
Malestar
Tras perder el control de las entidades estatales, el comandante de la Octava División del Ejército, acantonado en la capital oriental, general Marco Antonio Bracamonte, acuarteló a los soldados.
Ayer dijo: «Preferimos morir en nuestros cuarteles (…) antes que muera el resto de mi país, de mis ciudadanos».
Sostuvo que si los militares hubieran usado armas contra los manifestantes, la reacción inmediata habría sido el inicio de un proceso en su contra por «asesino». Además dijo que tras su repliegue prefiere que los jóvenes que tomaron las entidades estatales le digan «scout».
Una fuente militar comentó que «la rabia contenida de ese general lo dice todo, absolutamente todo». Otro efectivo de la entidad añadió que las palabras de Bracamonte reflejan el malestar interno en la institución a raíz de lo que consideran atropellos contra su institución.
Además de enfrentarse con equipos antimotines con jóvenes de la UJC, los policías militares fueron agredidos por los integrantes de ese grupo. Algunos de los soldados resultaron con heridas en la cabeza.
La madrugada de ayer también un escuadrón de militares (instructor y soldados) fue desalojado a la fuerza de la planta hidrocarburífera de Vuelta Grande, ubicada en la provincia Luis Calvo, de Chuquisaca. Los medios de comunicación que acompañaron a los cívicos chuquisaqueños en esa acción mostraron cómo los civiles les arrebataron las armas.
En otras dependencias estatales, como el aeropuerto de Trinidad y Almacenes Bolivianos (Albo), los militares se replegaron sin usar la fuerza.
En Tarija, también ayer, grupos ligados al comité juvenil hostigaron a la Policía Nacional y la Policía Militar, y luego de más de dos horas de enfrentamiento y de resistir el embate, los uniformados se retiraron.
El viernes de la semana pasada, tres oficiales de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que trasladaron equipos antimotines para la Policía y las FFAA de la capital pandina fueron retenidos y agredidos en el aeropuerto de Cobija.
En Trinidad, la semana pasada, también hubo amenazas de desalojo en contra del comandante de la Sexta División del Ejército, Fernando Rocabado. Los cívicos cuestionaron las acciones de esta autoridad y del Comando Departamental de la Policía, que habían reprimido a civiles para evitar la toma del SIN y la invasión del INRA.
El Gobierno negó ayer que exista malestar entre los militares. El canciller David Choquehuanca lo descartó y dijo que las Fuerzas Armadas brindan su apoyo al Ejecutivo.
El viceministro Sacha Llorenti, también aseguró que «no existe malestar, existe trabajo de coordinación».
Para que las FFAA actúen el presidente Morales debe dar una instrucción por escrito
Agresión
El viernes de la semana pasada en Cobija, tres oficiales del Ejército fueron tomados rehenes.
Los agentes llegaron ese día al aeropuerto con una dotación de equipos antimotines.
Los materiales eran para los militares y policías que custodian entidades públicas.
La avioneta en la que llegaron y todos los equipos fueron «decomisados» por los civiles.
Los militares fueron golpeados y liberados tras casi tres horas de hostigamiento.
Decreto 27977
La norma autoriza al Presidente de la República, como Capitán General de las Fuerzas Armadas, a ordenar la participación de unidades de la entidad castrense en situaciones en las que los elementos policiales apostados en un área determinada fueran rebasados por la magnitud de la violencia de las personas que intervienen en el conflicto o cuando la escalada del conflicto hace prever la necesidad del empleo de dichas divisiones.
Se señala también que se usará a militares después de haberse agotado la negociación del Gobierno con las partes en conflicto, así como los persuasivos y disuasivos empleados por la Policía Nacional.
El Decreto también dispone que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional y, de ser necesario, entrarán en acción de acuerdo con las normas y principios establecidos en la Constitución Política del Estado, tratados y convenciones vigentes y leyes de la República.
Las instrucciones del Capitán General, dice el decreto, deberán ser escritas y referirse a situaciones específicas, en lo posible con descripción detallada de tiempo y espacio, pudiendo incluirse otras referencias precisas, como instrucciones para el repliegue o detalles relativos a coordinación con otros organismos de seguridad.
EL GOBIERNO EMPUJA A SUS BASES A LA RESISTENCIA
El presidente Evo Morales convocó a la población boliviana a defender la democracia y la unidad del país. Asegura que existe un complot.
La Razón
• Plaza murillo • Un grupo de personas anuncia su apoyo al gobierno de Evo Morales, el miércoles, en puertas del Palacio.
En una campaña abierta, el Gobierno convocó ayer a sus bases sociales y a la población en su conjunto a resistir las movilizaciones de sectores cívicos y prefecturales que en cinco departamentos tomaron violentamente oficinas del Estado y que además realizan un bloqueo de carreteras en contra de la administración de Evo Morales.
Frente a esas acciones, a las que calificó como un «golpe civil, cívico y prefectural», Morales señaló que es «obligación del Gobierno Nacional, pero también obligación del pueblo boliviano, defender la unidad del país».
Además, manifestó que llegó la hora de que los bolivianos defiendan la democracia. «Sólo los pueblos organizados, movilizados, defendieron y recuperaron la democracia, y llegó la hora de defender la democracia», aseveró.
Dijo que «no hay por qué asustarse» por las protestas en Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca, porque «más bien nos dan más argumentos para organizarnos, para concientizarnos, también para movilizarnos y también para defender la patria».
De hecho, la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), conformada por sectores sociales afines al Gobierno, inició un bloqueo de carreteras en Santa Cruz y Cochabamba, con el objetivo de asfixiar a la capital oriental en represalia a la toma de instituciones públicas en esa urbe.
Además, convocaron, a través de una instructiva, a realizar «concentraciones masivas en todas las ciudades en defensa de la democracia y la integridad territorial del país, el día viernes».
Consultado si el Gobierno permitirá esas movilizaciones, el canciller David Choquehuanca respondió: «Nosotros respetamos la independencia sindical». Luego, dijo que «todos deberíamos defender la democracia, las instituciones del Estado».
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, también convocó a una movilización civil en defensa de las válvulas de gas. «La empresa estatal YPFB convoca a todos los trabajadores de la empresa a movilizarse para que precisamente se salvaguarde, juntamente con quienes dan seguridad, para evitar estos actos de terrorismo», señaló.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que «el país en su conjunto tiene que responder a este tipo de amenazas, a este tipo de atentados, a estos actos terroristas, a estos actos vandálicos».