Los choferes cuestionan eventuales cambios y advierten con no pagar peajes.
Desde la madrugada de hoy la estatal controla las 125 trancas que hay en el país, después de 10 años de manejo privado.
La Prensa
Operaciones: una funcionaria de la empresa privada atendió ayer por última vez en el peaje de la autopista
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Tras la conclusión del contrato con la empresa Toll S.A., la estatal Vías Bolivia asumió la madrugada de hoy la administración de los retenes de La Paz (14) y Oruro (11). Así, completó la retoma del control total de las 125 trancas que hay en el país, después de 10 años de manejo privado.
El director general de Vías Bolivia, Álvaro Ríos Óliver, anticipó a La Prensa que como parte de la nueva política se actualizarán las tarifas de los peajes, porque las tablas vigentes datan de 1992 y se requieren más fondos para el mantenimiento de las rutas.
El 1 de febrero del año pasado, Vías Bolivia recuperó el manejo de los retenes de Potosí (12), cuando feneció el contrato con Toll S.A., y ese mismo año, los de Santa Cruz (38), Beni (10), Pando (4), al término del convenio con Conosur, aunque éste se opuso a dejar el negocio.
En agosto de esta gestión, el Estado asumió también el control de los peajes ubicados en Cochabamba (16), en Chuquisaca (11) y en Tarija (9). Conosur también objetó ese hecho.
Ríos Óliver explicó que, a diferencia de esos casos, Toll S.A. entregó en forma pacífica los retenes de La Paz y Oruro, y anticipó que alrededor de 80 personas operarán en ellos.
El gerente de esa compañía privada, Jorge Prado, ratificó la tranquilidad del traspaso y anunció a la agencia ABI que presentará la documentación correspondiente al Servicio Nacional de Caminos en liquidación.
Las nuevas tasas
El Director de Vías Bolivia anticipó la necesidad de actualizar las tarifas del peaje.
«Hay un tarifario vigente en la región occidental, Beni y Pando incluidos. Sin embargo, para Santa Cruz se hizo una actualización en 2004. Ese es uno de los reclamos del transporte, debido a que no existe el mismo tratamiento de esta región con el resto del país. No hay una tarifa homogénea y ese es un problema que vamos a resolver a través de la revisión del tarifario».
Actualmente, las tasas del peaje varían en función al tipo de vehículo y al tramo, entre otros. También existen valores especiales como los que se aplican en la autopista La Paz-El Alto, donde no se cobra la distancia, a diferencia de otras rutas donde sí se ejecuta este criterio.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Fránklin Durán, rechazó el anuncio. Explicó que para aplicar un reajuste se requiere previamente una nueva ley sectorial.
Además, afirmó que de cambiarse la tabla se tendría que aplicar una rebaja a las tarifas que se cobran en Santa Cruz y Cochabamba que, dijo, son las más altos de todo el país. Y advirtió que si por el contrario se pretende elevar las tasas del resto de los departamentos, la Confederación instruirá inmediatamente la suspensión del pago de peajes en los retenes.
El Director de Vías Bolivia dijo que se formará un equipo multisectorial para analizar el tema y participarán la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el Viceministerio de Transporte, la Superintendencia del rubro, la Confederación de Choferes, entre otros.
Ríos Óliver anunció que para el reajuste se tomarán en cuenta los factores de justicia, equidad, costos y condiciones de las carreteras. Precisó que para el mantenimiento y conservación de las rutas se necesita más dinero. Explicó que existe un déficit entre lo que se gasta por este concepto y lo que se recibe por recaudación de peajes.
«Tenemos que reducir esa brecha en un minucioso trabajo de revisión del actual tarifario. Sabemos que esa no es una labor que se va a resolver de un día para otro de forma inmediata. Se requiere mucha planificación para que beneficie a todos y, principalmente, al país».
La recaudación nacional de peajes en 2007 fue 221 millones de bolivianos. De ese monto, el 30 por ciento pasó a cubrir los costos de administración de las ex operadoras. ABC recibía el 70 por ciento restante, pero de ahí entregaba un 30 por ciento a las prefecturas.
«Por esa situación —explicó Ríos— los recursos que se generan por peajes no alcanzan para cubrir ni el 50 por ciento del presupuesto que se requiere para mantenimiento y conservación vial. Esa es la brecha que debemos resolver».
Aseguró que, de hecho, el ingreso del Estado a la administración de las trancas generará más recursos, ya que Vías Bolivia percibirá como comisión un 17 por ciento a diferencia de Toll S.A., que recibía un 30 por ciento, y Conosur, un 40 por ciento.
Anticipó que aquella diferencia representará un ahorro para el país de casi 20,5 millones de bolivianos, los cuales irán destinados al mantenimiento de rutas y mejora de trancas.
El Director de la firma estatal informó que espera recaudar inicialmente por el trabajo en los retenes de La Paz cerca de 3,1 millones de bolivianos mensuales, que era lo que obtenía la anterior operadora, y 1,8 millones en Oruro. «Después veremos los mecanismos necesarios para incrementar esa recaudación».
Caminos en liquidación auditará a Toll S.A. y a Conosur
El Servicio Nacional de Caminos (SNC) en Liquidación informó ayer que a partir de la finalización de los contratos con Toll S.A. y con Conosur lo que corresponde es iniciarles auditorías para verificar el cumplimiento de los convenios ejecutados durante los anteriores 10 años.
El liquidador del SNC, Carlos Jemio, aseguró que esos estudios se practicarán a partir del 15 de este mes. Anticipó que existen indicios de que Conosur incumplió las inversiones comprometidas, unos 350.000 dólares inicialmente.
Jemio informó que ya instruyó al Fiscal Nacional de Peajes para que los términos de referencia del proceso de auditoría estén listos hasta la primera semana de este mes.
«Vamos a publicar la licitación entre el 10 y el 12 para que las empresas externas elegidas firmen un contrato el 15. Luego, se prevé que en unos 20 días los resultados estén listos».
Tres procesos pendientes
Jemio informó que con Conosur existen tres juicios pendientes. La firma privada presentó una demanda de cumplimiento de contrato; el SNC le respondió con una solicitud de resolución del convenio por incumplimiento y un juez falló a favor de Conosur, por lo que ésta se negó a entregar las trancas al Estado.
El liquidador explicó que, sin embargo, «por el incumplimiento del contrato, que tiene fuerza de ley», el SNC retomó los retenes a fines de julio.
El otro caso se refiere a la demanda penal presentada por el Estado contra Jorge López, Nancy Delgadillo y Quiquey Robles, ejecutivos de Conosur, por la resistencia en la entrega de retenes.
En el tercer proceso, el SNC detalló que Conosur estaba obligada a pagar impuestos por la comisión del 30 por ciento que recibía por administrar las trancas. Jemio explicó que la firma cumplió con esto aunque se favoreció con un «perdonazo» y que ahora interpuso una demanda para que se le devuelva unos 20.000 dólares.
Este diario no logró comunicarse con los ejecutivos de Conosur.
Los retenes
LA PAZ
Trancas: 14
Recaudación mensual promedio:
Bs 2.953.468,00
ORURO
Trancas: 11
Recaudación: Bs 1.555.647,00
SANTA CRUZ
Trancas: 38. Funcionarios: 207
Recaudación: Bs 5.822.606,00
POTOSÍ
Trancas: 12. Funcionarios: 50
Recaudación: Bs 705.310,16
BENI
Trancas: 10. Funcionarios: 32
Recaudación: Bs 280.689,33
PANDO
Trancas: 4. Funcionarios: 11
Recaudación: Bs 73.949,58
COCHABAMBA
Trancas: 16. Funcionarios: 100
Recaudación: Bs 5.166.610,73
CHUQUISACA
Trancas: 11. Funcionarios: 38
Recaudación: Bs 530.903,00
TARIJA
Trancas: 9. Funcionarios: 39
Recaudación: Bs 439.496,33