Revés. Una juez remitió al activista opositor al penal de San Pedro.
Audiencia se realizó en medio de la presión de grupos masistas.
La Fiscalía anunció que apelará la decisión de derivar el proceso judicial.
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La Prensa
Audiencia: Melgar (centro) es acompañado por sus abogados, ayer en el Juzgado Cautelar Cuarto en lo Penal
La Juez cautelar dijo que por jurisdicción territorial el juicio se debe realizar en Riberalta.
La juez cuarto de Instrucción en lo Penal Cautelar, Margoth Pérez, envió ayer al penal de San Pedro de manera preventiva al activista cívico y comentarista de televisión Jorge Melgar, acusado de terrorismo y otros delitos, y decidió remitir el proceso judicial al Juzgado de Riberalta.
La audiencia pública comenzó a las 09.20 y terminó cerca de las 11.45 en el cuarto piso de la Corte Superior de Distrito, en medio de la presión del Comité Cívico Popular, una organización afín al Gobierno, y de pobladores de Riberalta que llegaron para observar las acciones del Poder Judicial.
La Juez estableció, después de los fundamentos de la Fiscalía y la defensa del conductor de televisión, que hay peligro de obstaculización a la investigación y el riesgo de fuga, por lo que determinó su detención preventiva en la cárcel de San Pedro.
Si el proceso es enviado a Riberalta, Melgar será trasladado hasta esa población junto con los antecedentes de la causa, y los fiscales tendrán que viajar hasta esa localidad para seguir con el proceso penal.
El Gobierno se constituyó en parte querellante del juicio.
El comentarista fue capturado la madrugada del lunes y traído por la tarde a La Paz.
Los representantes del Ministerio Público argumentaron en la audiencia que Jorge Melgar había participado en la toma del aeropuerto de Riberalta, el 9 de septiembre, junto a otros activistas como Luis Enrique Monasterio, Carmelo Arteaga y otras personas.
Además, a través de su programa Camila y Macarena, al parecer había instigado a conspirar en contra de las autoridades del Poder Ejecutivo, a perseguir a dirigentes de sectores sociales y a oponerse a la llegada del presidente Evo Morales.
La defensa del comentarista riberalteño anunció que interpondrá un recurso de hábeas corpus para lograr la libertad del detenido, quien denunció que fue “secuestrado” en su casa en Riberalta por un grupo de policías encapuchados.
Sandra Melgar, abogada e hija del activista, aseguró que su padre es inocente, aunque en la audiencia no pudo desbaratar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Dijo que le faltó tiempo para preparar la defensa, pues como están alejados de Riberalta no cuentan con todas las pruebas que pueden objetar los alegatos de la Fiscalía. Afirmó que llegó a La Paz con el objetivo de liberar a su progenitor.
Denunció que la detención fue violenta. Los policías que entraron en su domicilio rompieron la puerta, maniataron a los niños y a la esposa de Melgar, y les amenazaron con matarles.
“Estaban encapuchados y con armas de fuego. Le han tratado como a un delincuente, mi papá iba de un lado a otro como si fuera una pelota”, relató Yesenia Melgar, la otra hija del detenido.
El conductor de televisión guarda detención preventiva desde ayer en el penal de San Pedro. La juez Pérez también derivó el proceso judicial a Riberalta (Beni), donde existe un Juzgado que tiene las mismas competencias de la instancia judicial de La Paz. En su resolución decidió que los fiscales de la Comisión Nacional, que fue creada para investigar las tomas de entidades públicas y campos petroleros por cívicos y autonomistas durante las movilizaciones por la devolución del IDH, se trasladen hasta esa sección provincial.
Esta figura legal es conocida como “declinatoria de jurisdicción” que fue planteada por los abogados defensores de Melgar. La radicatoria del juicio en Riberalta implica, según averiguó este matutino, el envío de los archivos y las actuaciones hasta el Juzgado provincial.
Las reglas de competencia territorial de los jueces y fiscales están establecidas en el artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, que dice que el Juez debe ser “natural” del lugar donde se cometieron los delitos, como la toma del aeropuerto de Riberalta, ataque a un avión Hércules, amenazas a autoridades gubernamentales y sectores sociales.
Esta derivación debe ser efectuada en 72 horas. En ese periodo el Ministerio Público puede apelar la decisión de la Juez cautelar ante otro Juzgado que en una audiencia determinará si procede esa petición.
El fiscal Isabelino Gómez anunció que presentará la interposición, aunque ayer el fiscal general Mario Uribe pidió explicaciones a esta Comisión por sus actuaciones. Gómez aclaró que el delito de terrorismo es de jurisdicción nacional.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, ayer en una entrevista en radio Erbol, rechazó la determinación de la Juez cautelar, porque según él, en Riberalta el caso puede extinguirse porque esa instancia judicial supuestamente no investigó ni siquiera de oficio los actos de violencia que ocurrieron en aquella región.
El Ministerio Público determinó procesar al conductor de televisión porque al parecer incurrió en delitos como terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, sedición y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
Las contradicciones sobre la detención
La defensa del Jorge Melgar
El abogado defensor René Benito observó ayer en la audiencia de medidas cautelares que en el cuaderno de investigaciones no encontró la orden de aprehensión emitida por la Comisión de Fiscales.
También cuestionó la jurisdicción territorial. Los supuestos delitos fueron cometidos en Riberalta, por tanto Melgar debería ser juzgado en ese distrito.
Denunció que los policías que capturaron a su defendido no tenían orden para allanar la vivienda fuera del horario establecido (19.00) para estas actuaciones, como señala la Constitución Política vigente. El operativo fue llevado a cabo el lunes a las 04.00.
Aseguró que no hay pruebas suficientes para relacionar a Melgar con la toma de instituciones estatales, alzamiento armado y otros delitos.
El jurista sostuvo que se imposibilitó el derecho a la defensa, pues el detenido no tiene el respaldo “material” suficiente para defenderse de un juicio en la ciudad de La Paz, pues vive en Riberalta. Además denunció que su cliente fue golpeado severamente.
La Fiscalía
El fiscal Edward Mollinedo exhibió en la audiencia desarrollada ayer en el Juzgado Cuarto en lo Penal Cautelar la orden de aprehensión, aunque no pudo precisar la fecha de su emisión.
El Ministerio Público sostiene que el delito de terrorismo, por el que está acusado Melgar, tiene jurisdicción nacional.
Los policías que ejecutaron la captura son de un grupo de élite, entrenados para acciones antiterroristas. La Fiscalía no presentó la orden o autorización del Juez para realizar la aprehensión fuera del horario definido en la Constitución.
El fiscal Mollinedo dice que tiene como prueba videos de los programas de Melgar, en los que afirma que el Presidente y otros funcionarios deben ser “fusilados”.
El comentarista de televisión fue asistido hasta el martes por un abogado de Defensa Pública asignado por la Fiscalía. El Ministerio Público señala que el detenido puede disponer de los defensores que requiera.
Notificación
La Fiscalía de Distrito notificó a un docente y tres estudiantes universitarios para que presten sus declaraciones informativas en torno a la violenta toma de entidades gubernamentales que se llevó a cabo en septiembre.
El rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, Carlos Cabrera Íñiguez, anunció que los acusados se presentarán ante la autoridad correspondientes para asumir defensa legal como corresponde en un país democrático.
Estas personas son investigadas por la toma del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Servicio Nacional de Migración (Senamig) regional, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Dirección de Hidrocarburos.
Cabrera brindó su respaldo a los notificados. “Nosotros en ningún momento estamos en contra de que se interprete la ley a cabalidad en nuestro país”. El director cívico, Freddy Castrillo, sostuvo que las notificaciones que llegan son “ilegales y arbitrarias”.
JUEZ MANDA A MELGAR A RIBERALTA
Decisión. Le dictó medidas cautelares y, hasta que se cumplan las 72 horas que hay de plazo para la apelación, estará en la cárcel de San Pedro. Le negaron el derecho de ampararse en la Ley de Imprenta
Audiencia. Jorge Melgar fue cautelado en medio de la presión del Comité Cívico Popular, que intentó entrar a la sala
El Deber
Marco Chuquimia
La juez Cuarta de Instrucción en lo Penal, Margot Pérez, determinó aplicar detención preventiva al periodista Jorge Melgar, pero al mismo tiempo declinó jurisdicción y dispuso el traslado del acusado a la cárcel de Riberalta.
Los fiscales, la parte querellante y el acusado pueden presentar una apelación ante la Corte Superior de Distrito de La Paz, en un plazo máximo de 72 horas.
La defensa argumentó precisamente que no puede ser procesado en la ciudad de La Paz porque el supuesto delito, el lugar, las pruebas, la vivienda y el empleo del acusado están en Riberalta.
El fiscal Isabelino Gómez adelantó que presentará la apelación para impedir que Melgar sea trasladado a su pueblo natal, porque considera que los delitos que se le imputan son de carácter nacional y pueden ser procesados en la sede de Gobierno.
Melgar fue acusado de incitar a la violencia en la toma violenta del aeropuerto de Riberalta, el ataque a un avión Hércules con matrícula venezolana, destrozos y el asalto a varias instituciones públicas.
El abogado defensor, Benito Huanca, calificó de ‘inaudito’ que exista un proceso contra su defendido promovido desde La Paz, siendo que él tiene su trabajo en Beni.
El denunciante es Venancio Hugo Vera Montesinos, un estudiante de la ciudad de La Paz, que lo acusa de terrorismo, asociación delictuosa y atentado contra la seguridad del Estado.
Desde Riberalta, Percy Melgar, hijo del periodista detenido, dijo que no conocen a ningun Venancio Vera. “Sabemos que el Gobierno consigue a cualquier parroquiano y puede hacerle firmar una denuncia”, afirmó.
Asimismo, la defensa demostró que no existe mandamiento de aprehensión y cuando el fiscal Gómez hizo uso de la palabra, no pudo encontrar la fecha cuando se emitió el documento.
Sólo dio lectura al documento de recepción del detenido, que se produjo el lunes a las 20:45.
Una de las hijas de Melgar, Sandra, ofició de abogada defensora, pese a la oposición de los fiscales, que exigían documentos que la acrediten como profesional. Fue la hija quien observó que no existía una orden de arresto el día de la captura de su padre.
Los oficiales de la Policía que procedieron a la detención tampoco contaban con una orden de allanamiento del domicilio del periodista.
El fiscal deslindó responsabilidades. Informó de que envió la orden de captura y fueron los operadores los que cumplieron la medida.
Pese a estas fallas, la juez decidió enviarlo a la cárcel de San Pedro, donde fue trasladado a las 15:00 desde las celdas judiciales de la Genaro Sanjinés.
La Fiscalía argumentó que el acusado no puede ampararse bajo la Ley de Imprenta –que rige a los periodistas- porque los delitos por los cuales está acusado no son ‘de imprenta’ y por tanto corresponde juzgar el caso a la justicia ordinaria.
Isabelino Gómez no pudo demostrar la militancia de Melgar en el Comité Cívico de Riberalta y tampoco su participación en la toma del aeropuerto, porque los recortes de prensa no son considerados como prueba.
Un grupo de seis dirigentes de Riberalta se presentó en la audiencia y denunció que Melgar era parte de un grupo represivo en esa región. Denunciaron supuestos actos de xenofobia y racismo de Melgar.
A estos dirigentes se sumaron los miembros del autodenominado Comité Cívico Popular, encabezados por Édgar Mora, que fueron desalojados por proferir gritos y por no permitir la prosecución de la audiencia.
Una vez fuera, consiguieron petardos que lanzaron contra las ventanas del Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal.
Las dos hijas de Melgar, Yesenia y Sandra, estuvieron en la audiencia y no realizaron declaraciones luego del acto por el operativo policial que fue desplegado y que no permitió el acceso de los medios de comunicación a las celdas judiciales.
Cívico beniano llama a la tranquilidad
El presidente del Comité Cívico de Beni, Alberto Melgar, llegó a Riberalta ayer para convocar a la población a la calma, ante las persecuciones realizadas por agentes encubiertos del gobierno y las detenciones de cívicos y periodistas. Melgar fustigó la forma en que apresaron a Jorge Melgar, sin ningún tipo de respeto a los derechos humanos y violando el derecho constitucional a la libertad de expresión.
El líder beniano manifestó su solidaridad con la familia de Jorge Melgar y con el presidente del Comité Cívico de Riberalta, Mario Aguilera, cuyo domicilio fue allanado de madrugada y al momento se encuentra en la clandestinidad.
Melgar dijo que en Beni se están conformando comités de autodefensa para evitar más arrestos, por lo que convocó a la población mantenerse en alerta para hacer respetar los derechos ciudadanos hoy venidos a menos por la política autoritaria del Gobierno.
“No serán permitidas más detenciones de esta naturaleza y la propia población será la encargada de conformar redes de protección, ante la actitud dictatorial del Gobierno”, enfatizó.
Melgar también criticó al Gobierno por “utilizar la mentira y buscar con ella confundir a la población”, haciendo alusión a la manifestación del primer mandatario cuando señaló que se daría atención a la solicitud de Riberalta para dar paso a la autonomía regional y crear nuevos departamentos en el sur y el norte del país.
"En Riberalta la gente apostó por la autonomía departamental en varias ocasiones, y lo demostró con su voto; no hay manifestaciones contrarias", sentenció Melgar.
Sin embargo, en los días recientes afloraron las expresiones de algunos dirigentes sindicales y ex dirigentes cívicos, quienes en varias reuniones informales señalaron estar a las puertas de una reparación histórica hacia Riberalta, cuando se tenga la oportunidad de acceder a una autonomía plena, regional, incluso creando un nuevo departamento. /D.B.
Rada dice que hay un manto de impunidad
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, afirmó que la jurisdicción de los jueces y fiscales, prevista en la ley y la Constitución y que fue uno de los argumentos de defensa del periodista Jorge Melgar, es ‘una excusa’ que se ha constituido en el manto de impunidad de los que cometen delitos en sus regiones y “gozan de la protección de ciertas esferas de la justicia en esos distritos”.
Rada puso como ejemplo el caso de Santa Cruz y dijo que la agresión al ex comandante departamental de Santa Cruz Wilge Obleas, el 15 de agosto, nunca fue investigado por la Fiscalía de Distrito y que sólo cuando el Gobierno actuó, los otros fiscales demandaron competencia. En esa oportunidad, cinco personas fueron detenidas y liberadas por falta de pruebas. Por lo que indicó el ministro, había la intención de llevarlos a La Paz.
"Hay un círculo de impunidad que opera desde la fiscalías de distrito y que no se atreven a abrir en esas regiones", señaló Rada.
El funcionario argumentó que los delitos por los cuales están acusados los dirigentes que hasta ahora fueron aprehendidos, son de carácter nacional y por tanto no se puede reivindicar la regionalziación de la justicia para su liberación. Recordó que en el caso de Villa Montes, existen dos detenidos, José Vaca y Jimmy Benítez. Este último fue liberado y el Gobierno no emitió protesta alguna ni inició querella contra el juez. Benítez fue el único que no cayó en el juzgado de Williams Dávila.