Editorial de El Diario.
Con la pretensión de bajar los precios de productos como la carne de pollo, de res, aceites comestibles, arroz, maíz y soya, el Ejecutivo promulgó un Decreto Supremo prohibiendo su exportación a los mercados externos. Por ello los productores avícolas disminuyeron sus precios al consumidor, pero demandaron levantar la prohibición. Pasado un tiempo se procedió de la misma manera con los aceites, en tanto los grandes productores de carne decidieron no enviar su producto a la Sede de Gobierno, aunque después cambiaron de opinión. Lo que no se tomó en cuenta es que la prohibición gubernamental causaba un grave perjuicio a los productores de maíz y soya, porque estaban impedidos de exportar sus productos, lo mismo sucedió con productores de oleaginosas, por lo que los trabajadores de esas factorías fueron obligados a tomar vacaciones indefinidas. Entre los productores de esos artículos vedados estaban miles de campesinos del Altiplano que se asentaron en zonas productoras del oriente y del valle. Pero los gobernantes no repararon en el daño que se hacía a esa gente a la que dicen defender y apoyar.
Lo grave es que cuando fue aplicada la prohibición, los precios para la soya y el maíz en el mercado internacional estaban altos y resultaba beneficioso su comercialización en el exterior. No haberlo realizado ha causado grandes pérdidas a los productores y al país porque se limitó el ingreso de divisas al territorio nacional. Esta forma de actuar tiene la finalidad de presionar a los considerados enemigos del Gobierno para que enderecen sus actos de acuerdo con lo que quieren los que administran el Estado y si aquéllos se resisten, se los perjudica económicamente, sin tomar en cuenta que se está afectando las fuentes de empleo y la supervivencia de miles de bolivianos que no tienen otra actividad, por la falta de diversificación en el campo agropecuario y agrícola.
Hace unas semanas los productores de maíz y de soya revelaron que están soportando una difícil situación por las pérdidas económicas y que en cualquier momento colapsarían los silos donde guardan sus granos que no pueden ser vendidos en el exterior y que el abastecimiento interno es normal y no se lo puede saturar porque daría lugar a un descenso en el precio por la ley de la oferta y la demanda. Por su parte los pequeños productores, que son campesinos, tienen que sacar su producto a los mercados internos y venderlos con precios que no cubren los costos de producción. Además las empresas que acopiaban tanto maíz como soya para industrializarlos habían dejado de adquirirlos, porque no pueden hacer sus actividades industriales y agropecuarias de forma normal, ante la falta de mercados para vender su producción.
Desesperados por la prohibición que los afectaba, la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció que la Ministra de Producción obstaculizaba la liberación de las exportaciones de maíz y por esa conducta se calculaba una pérdida de 51 millones de dólares. A pesar del reciente levantamiento de la prohibición gubernamental, las pérdidas económicas serán difíciles de cubrir, porque grandes extensiones de sembradíos no se los pudo atender por la duda que había entre los pobladores sobre si la mencionada determinación continuaría o no. Según Anapo el daño está hecho. Son 350 mil toneladas de maíz que requerirán entre 10 a 12 mil viajes en camión para poder trasladarlas a los mercados externos, una logística que no se la tiene. La desesperación de los productores proviene del hecho de que 350 mil toneladas de maíz están siendo cosechadas y solamente entre maíz y sorgo hay un excedente de 500 mil hectáreas que requieren de inmediato su exportación.
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El levantamiento de la prohibición se lo debió hacer mucho antes, cuando los precios en el mercado externo eran favorables. Actualmente se evita la saturación de los silos, para que el sobrestocamiento de maíz no los haga colapsar, y que no aumente la pérdida de 25 millones de dólares que ha causado la decisión gubernamental, según la Cámara Agropecuaria del Oriente. Una vez más se comprueba que el Ejecutivo adopta determinaciones negativas para el desarrollo del país y cambia de posición presionado por los sectores afectados, como ha sucedido con los productores de oleaginosas y maíz, mientras que los cooperativistas mineros anunciaron medidas de hecho en contra del Gobierno, por la falta de previsión de las autoridades para enfrentar la crisis que afecta a la minería nacional por la caída de los precios en el mercado mundial.