La Razón
Editorial
El hecho de que los detenidos del sureño chaco, del norteño Pando, de la amazónica Riberalta o de la oriental Santa Cruz sean remitidos a prisiones paceñas es algo que va contra la práctica de la justicia y convierte a esta ciudad en la que monopoliza los sitios de reclusión.
La detención de ciudadanos por parte de agentes encapuchados que actúan en horas de la madrugada es un modo de proceder que viene adoptando el Gobierno y que representa un giro peligroso del manejo de la justicia. Y esta posición no significa, de ninguna manera, estar en contra de la investigación y posterior sanción, si correspondiera, a quienes cometen delitos en el territorio nacional.
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Los primeros en ser sometidos a este método de detención, más próximo a un secuestro, fueron Roberto Sandóval y José Vaca, seguidos luego por el comentarista Jorge Melgar.
La denuncia de que en Villamontes un niño de 11 años de edad fue retenido por agentes de la Policía que le pedían datos acerca de su tía, una activista del movimiento cívico chaqueño, lleva las cosas a un punto de extrema preocupación. La oposición ha sido acallada con la aplicación del estado de sitio en Pando, aunque, a juzgar por el caso del dirigente Sandóval, de Sucre, estos actos intimidatorios se remontan a meses atrás.
Más allá de las sindicaciones esbozadas por el Gobierno, las detenciones referidas fueron criticadas por diferentes sectores, no tanto por salir a favor de los sindicados, sino por la manera en que se realizaron los operativos. El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, se ha sumado a los cuestionamientos de la forma en que se están llevando a cabo estas aprehensiones.
Algo que es preciso remarcar es que nadie se opone a que la justicia se aplique con el rigor que corresponda; pero, el uso de métodos alejados de toda norma democrática, en el marco del Estado de Derecho, no se puede justificar de ninguna manera.
El Gobierno no debería descuidar la buena imagen que el presidente Evo Morales había alcanzado en el exterior desde el momento de su asunción como Primer Mandatario surgido del estrato campesino en Bolivia. Actualmente, debido a la grave crisis por la que atraviesa el país, la comunidad internacional está pendiente de los acontecimientos y, en ese marco, seguramente no dejará pasar ninguna violación a los Derechos Humanos.
Porque, en los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como en los demás grupos de países del mundo, no está permitido detener a nadie con enmascarados ni en horas de la madrugada cuando no hay resistencia de la persona buscada. Todo gesto de simpatía ideológica, proveniente de naciones vecinas y de otros continentes, no debería significar que se vaya a apañar los excesos de un régimen democrático.
Quienes protestan por el centralismo han ganado argumentos en estos días, cuando la sede del Gobierno se ha convertido en la única sede de los recintos carcelarios del país. El hecho de que los detenidos del sureño Chaco, del norteño Pando, de la amazónica Riberalta o de la oriental Santa Cruz sean remitidos a prisiones paceñas es algo que va contra la práctica de la justicia y convierte a esta ciudad en la que monopoliza los sitios de reclusión. ¿De qué sirven entonces las cárceles del interior?
Agentes encapuchados se trasladan en vehículos sin placas de identificación para practicar detenciones. El Ejecutivo debe revisar la forma de operar de sus organismos de Inteligencia del Estado, porque, en democracia, no caben —ni pueden ser aceptadas— las aprehensiones que no sigan los procedimientos legales.