Acusación. El gobierno reveló que la UIF investigó a otros seis dirigentes del MAS por encargo.
El Ejecutivo acusa a la agencia de EEUU de proteger y fomentar el narcotráfico.
El ministro Quintana habla sobre el accionar de la DEA en Bolivia (foto ABI)
La Prensa
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Gobierno expulsó a la DEA por indagar a Evo y a seis masistas
Según el Ejecutivo, la DEA fue cómplice y encubridora del asesinato de Noel Kempff y un diputado. El Gobierno critica a la oposición, a la que acusa de haber convivido con la agencia de EEUU.
La investigación de las cuentas bancarias de Evo Morales y de otros seis masistas el año 2003 fue lo que “colmó la paciencia del Gobierno” y es uno de los justificativos que utilizó para “suspender indefinidamente” las operaciones en el país de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
El Ejecutivo apeló además a dos casos de tráfico de drogas, “Huanchaca” (ocurrido hace 26 años) y “narcoavión” (1995), para acusar a esa agencia de proteger y fomentar la actividad ilícita.
Durante un acto en la Academia Nacional de Policías (Anapol), el presidente Evo Morales explicó que uno de los motivos para retirar a la DEA fue que esa oficina se extralimitó en sus atribuciones, pues ordenó hacer un trabajo de investigación y persecución a políticos.
El Mandatario denunció que la agencia estadounidense encargó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) indagar las cuentas bancarias de su persona y de los entonces diputados Antonio Peredo e Iván Morales (actual asesor de la ministra de Justicia, Célima Torrico), además del canciller David Choquehuanca; el embajador de Bolivia en Ecuador, Marcel Quezada (posesionado ayer); el ex asesor de Evo Morales Iván Iporre, y su hermano Juan Carlos.
En esa lista también están las entidades de cooperación Rayo de Sol y Unitas. Esa investigación se habría realizado entre el 3 y el 27 de octubre de 2003.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, precisó que la DEA ordenó al entonces director de la UIF, Ramiro Rivas Montealegre, proceder con esas investigaciones violando un precepto constitucional, cual es la inmunidad parlamentaria. Y es que el año 2003 Evo Morales, Antonio Peredo e Iván Morales eran diputados del MAS.
Para probar que la DEA obró ilegalmente y convirtió a la UIF en su “oficina pública”, Quintana mostró un fólder con el rótulo de ese organismo en el que se hace referencia a esa investigación.
Sin embargo, Rivas declaró ayer a la red ATB que no se pronunciará sobre esa denuncia. “Quiero conocer los papeles antes de vertir una opinión. No voy a permitir que me estén acusando con papeluchos que no conozco y quiero conocer; más bien voy a pedir al Palacio que me hagan conocer y ver de qué se trata”.
Espera que esa denuncia no sea de gente “preocupada en buscar un ascenso en el actual Gobierno, que está jugando con información que puede traer consecuencias a Bolivia”.
Pidió a Quintana que se comunique con él, para lo cual facilitó su teléfono móvil (71267737), a fin de hablar con esa autoridad y entregarle documentación que “cambiará todo el comportamiento y toda la opinión que tiene el Gobierno sobre mi persona”.
El Ministro afirmó que existen comunicaciones diarias entre Rivas y agentes de la DEA en las que se dan “el privilegio de ordenarle que investigara ilegalmente cuentas bancarias de ciudadanos bolivianos”.
Según Quintana, la actuación de esa oficina fue ilegal porque para que la UIF proceda con esa investigación primero se tendría que haber presentado indicios de culpabilidad a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), entidad que, a su vez, debió remitir el caso a un fiscal y éste solicitar a la UIF que inicie las indagaciones. Por esta actuación, el Ministro consideró que esa unidad de investigaciones se “convirtió el patio trasero de la DEA”.
Conminó a Rivas a responderle al país “qué agentes de la DEA y qué funcionarios del Gobierno de Sánchez de Lozada y Carlos Mesa le obligaron a hacer una investigación ilegal”.
La expulsión de la DEA es el último incidente en las tensas relaciones entre el Gobierno de Evo Morales y Estados Unidos. Antes, la agencia de cooperación USAID también fue echada del trópico cochabambino y el Ejecutivo expulsó al embajador estadounidense, Philip Goldberg.
No se luchó contra “narcos”
El presidente Morales también explicó que la decisión del sábado 1 de noviembre de detener las actividades de la DEA fue tomada por “la dignidad” boliviana, pues la agencia antinarcóticos no respetaba a la Policía ni a los mandos militares.
Quintana consideró que es intolerable que la DEA se coloque por encima de los organismos de seguridad, los controle, los someta y los humille. “No permitiremos que siga haciendo lo que le venga en gana. El ciclo de abuso, de prepotencia, de la ilegalidad, de la violación a derechos humanos ha concluido”.
Afirmó que durante años los organismos de seguridad extranjeros, particularmente la agencia estadounidense, cometieron abusos, violaron los derechos humanos, detuvieron ilegalmente a bolivianos (no precisó cuántos), los torturaron y los sometieron a chantajes y a presiones psicológicas “en casas de seguridad que han sido utilizadas de manera sistemática en el país”.
“Y lo peor —según el Mandatario— es que la DEA no luchaba contra el narcotráfico, sino que fomentaba el narcotráfico”.
Quintana sostuvo que el encubrimiento de oficiales de la DEA “a actividades ilegales de narcotráfico en el país fue una constante”. El caso más dramático, según la autoridad, fue que a sabiendas de que su trabajo está referido a actividades de inteligencia para detectar esos ilícitos, no hizo nada para evitar la muerte a manos de narcotraficantes del científico cruceño Noel Kempff Mercado y de sus tres ayudantes, hecho que fue conocido como el “caso Huanchaca” (1982) y que no se esclareció.
Dijo que tampoco pudo alertar sobre el crimen del diputado Edmundo Salazar, quien fue asesinado diez días después de la muerte del científico cruceño. De acuerdo con la autoridad, ese parlamentario y el ex diputado Róger Cortez denunciaron en el Congreso que las actividades de los narcotraficantes se desarrollaron en la serranía de Caparuch bajo conocimiento de esa oficina antidrogas, por lo que en un informe en borrador ese legislador propuso que el Gobierno de Bolivia saque a las tropas militares de Estados Unidos y eche a los agentes de la DEA, “precisamente por haber sido cómplices y encubridores de esos asesinatos”.
“Con el conocimiento de la DEA se podía haber evitado muerte del científico, de tres de sus ayudantes y del diputado Salazar”.
Otro de los hechos que, según Quintana, confirman el supuesto encubrimiento de la DEA a “narcos” es que en septiembre de 1995 se exportaron cuatro toneladas de cocaína desde La Paz hasta Lima (Perú) “en narices de la DEA” y de la FELCN, unidades que no pudieron interceptar ese cargamento que había sido acopiado durante seis meses.
“La DEA y la Policía se acusaron mutuamente de ser responsables de encubrimiento. Cuando este escándalo llegó al nivel político más alto, el Gobierno de Estados Unidos mandó callar a Gonzalo Sánchez de Lozada”. Recordó que en este caso, conocido como “narcoavión”, que no fue esclarecido, estuvieron involucrados ministros de Estado y funcionarios del Gobierno, pero que pese a ello el único pez gordo que cayó fue Luis Amado Pacheco, alias “Barbaschocas”.
Quintana explicó que recién presentaron esas denuncias porque recabar los datos tomó tiempo y además porque se tuvo que cruzar la información.
Criticó a la oposición por defender las actividades de la agencia antidrogas porque “convivió” con esa oficina y “protegió” esas irregularidades, “promovió la impunidad. Recuerden ustedes la influencia en gobiernos del viejo sistema corrupto”.
Presencia de militares de EEUU
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, reveló ayer que informes de ex comandantes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) certifican la presencia y actuación de militares norteamericanos en la lucha contra las drogas.
“La participación de la DEA en buena parte de operativos antidroga bajo modalidad militar tiene pruebas abundantes con informes de la propia FELCN, informes que explican participación militarizada de esa oficina en un conjunto de actividades que no le corresponden y, por tanto, usurpa prerrogativas que nadie le dio”.
Quintana dio lectura a un informe de la fuerza antidroga boliviana del 25 de marzo de 1994. En ese informe se señala que Umopar y miembros de la oficina estadounidense se constituyeron en dos helicópteros “en inmediaciones de la estancia Florida en auxilio de nave siniestrada con matrícula CP1792 y piloteada por Bismark Roca Daza y cuatro pasajeros. El primero fue un presunto narcotraficante al que se había procesado tres años antes”.
Otro de los hechos denunciados por Quintana está referido a que en un operativo efectuado en 1991 por militares de Estados Unidos en Santa Ana del Yacuma hubo abuso, prepotencia y violación de derechos humanos. Según el Ministro, esa actuación hizo que el entonces comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Jorge Rodríguez Rojas, solicitara al gobierno del presidente Jaime Paz Zamora la expulsión de 300 militares norteamericanos y de un número no especificado de agentes de la DEA, porque hubo una “violación flagrante a la soberanía del Estado boliviano”.
Otra de las pruebas de Quintana es que en 1995 el general Simón Sejas Tordoya, entonces comandante de la FELCN, denunció ante una comisión del Parlamento “la injerencia, intervención, soborno y chantaje que cometían agentes de la DEA en el marco de su aparente lucha contra las drogas”. A esto se suma que el ex jefe de la fuerza antidroga René López Leytón dejó un informe a Sejas Tordoya en el que le advertía “sobre la infiltración, corrupción e injerencia de la DEA en FELCN”. “Los policías norteamericanos, dice, interferían en esa oficina, en el Ministerio de Gobierno y en la Cancillería”. Esa denuncia, según Quintana, fue ratificada por Presencia.
Reacciones
“La expulsión de la DEA es desacertada. Si el Gobierno no tiene una proposición clara sobre el tema, está dejando al país sin medios en la lucha contra el narcotráfico y eso es grave. Hasta donde yo tengo conocimiento, la UIF nunca ha tomado control por parte de operaciones de la DEA, no es parte de su trabajo. Creo que están hablando de un tema que no conocen bien y dan respuestas mediáticas”.
Luis Vásquez
Senador de Podemos
“Si el ministro (Juan Ramón) Quintana ha presentado pruebas, creo que esa autoridad está muy bien informada, ha trabajado mucho con el Gobierno americano, ha hecho altos estudios en la Escuela de las Américas. Ha sido un hombre muy cercano a la DEA y la Embajada y me imagino que hoy día está pasando la información que manejaba, y habría que analizar si es verídica o montada”.
Arturo Murillo
Diputado de Unidad Nacional
“Dignidad es vivir sin drogas, no con drogas, eso es dignidad, que nos vean a escala internacional no como narcotraficantes (…) Este Gobierno nunca ha luchado contra el narcotráfico; es más, tiende a favorecerlo mediante los cocaleros (…) La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) tendrá serios problemas para combatir la ilícita actividad, porque incluso con la cooperación de la DEA es insuficiente”.
Ernesto Suárez
Prefecto de Beni
Detalles
El canciller Choquehuanca dijo que se oficializó la suspensión de las actividades de la DEA.
El convenio con esa agencia indica que en caso de denuncia debe salir en tres meses.
Anoche, fuentes oficiales informaron que el Director de la DEA y siete agentes se fueron a Perú.
Choquehuanca dijo que tras el anuncio de la salida de la DEA comenzaron a recibir denuncias.
Según la autoridad, las denuncias contra esa oficina tienen que ser sistematizadas.
Aclaró que los casos serán dados a conocer en la medida en que sean recopilados.
El Presidente anunció la expulsión de la DEA el 1 de noviembre en el Chapare.
Según Evo Morales, esa oficina financió actividades de conspiración en su contra.
También dijo que disparó a campesinos en Eterazama el año 1998, pero no presentó pruebas.
El Ejecutivo anunció que se apropiará de los bienes donados por ese organismo.
El Estado habría recibido en donación dos aviones Hércules, 32 botes, 33 vehículos y 1.000 fusiles.
Prevé negociar el traspaso de diez helicópteros y tres “Hércules” que están en “préstamo”.
Morales vincula a la DEA con narcos
El Mandatario y su Ministro de la Presidencia aseguran que la agencia estadounidense incurrió en corrupción, intromisión, soborno, chantaje, intimidación e injerencia en los últimos 20 años.
• El Presidente dice que el organismo de EEUU fomenta el narcotráfico y quiere decírselo a Obama. Denuncia que la UIF investigó a masistas a pedido de la DEA. Ayer entregó equipamiento para la Policía (foto).
La Razón
El presidente Evo Morales denunció ayer que la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) encubrió al narcotráfico en Bolivia, y quiere demostrárselo, si se lo permite, al presidente electo de ese país, Barack Obama.
Ayer por la mañana, el presidente Morales, en la Academia de Policías; y por la tarde su ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunciaron irregularidades en la actuación de la DEA en más de 20 años.
Morales suspendió indefinidamente a la agencia estadounidense. Quintana dijo que su expulsión se evalúa.
“Lo peor es que la DEA no luchaba contra el narcotráfico, sino lo fomentaba”. “Afirmar que con su suspensión aumentarán los cultivos de coca y la cocaína es falso, directa o indirectamente protegía el narcotráfico”, señaló Morales en dos partes de su discurso en una entrega de equipamiento policial en La Paz.
Quintana citó a dos ex jefes policiales y un militar, que en la década de los 90 coincidieron en pedir su salida y denunciaron actos de soborno, intimidación, chantaje e injerencia.
El Mandatario y su colaborador también se refirieron al caso Huanchaca, en 1986, cuando un grupo de narcos mató en una pista clandestina al científico Noel Kempff y dos de sus ayudantes. 10 días después se produjo el asesinato del diputado Edmundo Salazar, quien presentó un informe en el que denunció que la DEA encubrió operaciones del narcotráfico que ocurrieron los años 70 en el país para financiar a los Contras en Centroamérica.
“Esas fábricas grandes en Santa Cruz estaban bajo la protección de la DEA de EEUU”, puntualizó Morales.
Quintana señaló que en 1995 “por las narices” de la DEA se pasaron cuatro toneladas de droga en el caso “Narcoavión”. El Presidente deslizó: “No es que no sabían, sí sabían que algunos ministros, y sus secretarias estaban implicados en el tema”.
Ambos señalaron que el 2003 la DEA ordenó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), durante los últimos días del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y los primeros de Carlos Mesa, una investigación sobre las cuentas bancarias de los entonces diputados Evo Morales, Antonio Peredo, y los dirigentes masistas David Choquehuanca, Marcel Quezada, Iván Iporre, Iván Morales, además de las ONG Rayo de sol y Unitas. “El señor Ramiro Rivas Montealegre (ex director de la UIF) debe responderle al país qué agentes de la DEA y funcionarios del Gobierno de Sánchez de Lozada y Mesa lo obligaron a hacer una investigación ilegal”, cuestionó el Ministro de la Presidencia.
Rivas respondió: “Nunca hice nada ilegal. Le pediría al señor Quintana que abramos esas carpetas, y demuestre que ahí hay algo que confirme que soy el autor de esas investigaciones. Mi teléfono es 71267737, esperaré las 24 horas su llamada”.
Entonces el presidente Morales, casi al final de su discurso, lanzó la propuesta al nuevo Gobierno de EEUU. “Ojalá, de verdad, el presidente electo Barack Obama pueda conocer estos documentos. Aquí no estamos simplemente acusando ni desprestigiando (a ese país). Pero también quiero decir la verdad.
Rada apoya a la Policía
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en ocasión de la entrega de dos vehículos antidisturbios, 32 motocicletas, un lote de máscaras antigás y manillas a la Policía de La Paz, aclaró que en la nueva Constitución se garantiza el respeto a la integridad de la institución verde olivo.
“Hay competencias privativas del Estado incorporadas en la nueva Constitución y no están sujetas a ningún tipo de desconcentración, entre éstas la Policía Nacional”, señaló Rada en respuesta a los rumores de que los municipios asumirán el control de Tránsito.
Acotó que en el nuevo texto existen competencias privativas, intransferibles, no pueden ser sujetas de ningún tipo de desconcentración y entre éstas está la institución verde olivo con todas su funciones establecidas en la Ley Orgánica de la Policía y su régimen constitucional. El comandante de la Policía, Miguel Gemio, aseguró que no se dará la desconcentración de Tránsito a favor de los gobiernos municipales.
Acusaciones
Estas son seis de las denuncias, según el Ministro de la Presidencia.
Huanchaca
1986. El diputado Edmundo Salazar, quien denunció que una década antes la DEA conocía actividad del narcotráfico para financiar a los Contras, fue asesinado 10 días después del científico Noel Kempff.
Snowcamp
1991. En el operativo Snowcamp, protagonizado por militares de EEUU en Santa Ana de Yacuma, hubo abusos, prepotencia y violación de derechos humanos. El jefe de las FFAA, Jorge Moreira Rojas, pidió la expulsión de la DEA.
Narcoavión
1995. En las narices de la DEA salió un avión del aeropuerto de El Alto, con un cargamento de cuatro toneladas de droga. La agencia y la FELCN se culparon mutuamente. Años después, EEUU hizo callar al Gobierno de Sánchez de Lozada.
Injerencia
1995. El director de la FELCN, Simón Sejas Tordoya, denunció ante una comisión del Congreso que el chantaje, el soborno y la intimidación eran el trabajo permanente de la DEA en su supuesta lucha contra las drogas en el país.
Intromisión
1995. René López Leytón, director de la FELCN, denunció que la agencia estadounidense interfería en esa dependencia, como también en el Ministerio de Gobierno y en la Cancillería. Esa denuncia está registrada además en una entrevista con el periódico Presencia.
Investigación
2003. La Unidad de Investigaciones Financieras realizó para la DEA una investigación de las cuentas bancarias de los diputados Evo Morales, Antonio Peredo, sin respetar su inmunidad, y de otros dirigentes ligados al MAS.