Uno de los miembros de la comisión de fiscales que imputó a 21 de los confinados por los hechos de Pando, reveló que para hacerlo sólo escuchó a los familiares de las víctimas. Dice que los confinados callaron.
• Audiencia del sábado • Dos de los ex confinados se retiran del juzgado séptimo, de Betty Yañíquez, luego de que la audiencia fue suspendida porque ella fue recusada.
La Razón
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Eduardo Morales, uno de los miembros de la comisión de investigadores de la Fiscalía paceña que indaga el caso de la muerte de al menos 13 personas en Pando, reveló ayer en una entrevista con este medio que para la imputación de los 21 ex confinados por cinco delitos se tomó en cuenta sólo las declaraciones de los familiares de las víctimas.
El fiscal señaló que la comisión interrogó también a los confinados, pero ellos no aportaron datos porque se acogieron al silencio. Por ello hoy, el prefecto suspendido, Leopoldo Fernández, y otras 20 personas, en base a ese trabajo, serán sometidos a una audiencia de medidas cautelares. Se los acusa de terrorismo, asesinato, homicidio, asociación delictuosa y lesiones graves o gravísimas, entre otros.
La autoridad del Ministerio Público destacó también que son indagaciones preliminares, y que fue una masacre contra campesinos desarmados que se dirigían a Cobija, ejerciendo su derecho a la libre circulación.
En la lista de imputados no están autoridades de Filadelfia o de Riberalta, ¿por qué?
Tomamos declaraciones a las víctimas, y ellas prácticamente han manifestado quiénes estaban implicados. Mientras tanto, de los confinados, la mayor parte se acogió al derecho al silencio. De quienes sacamos la información es solamente de los familiares de las víctimas.
¿Es por eso que no hay gente que tenga vínculos con el MAS entre los imputados?
Nosotros no nos fijamos quién tiene vinculaciones con ese partido o quién no.
Los imputados, todos sin excepción, son opositores al Gobierno, funcionarios o gente de la Prefectura relacionada con Leopoldo Fernández.
Él los organizó.
¿Por qué no está por ejemplo el ex alcalde (de Cobija) Miguel Becerra? (a quien la Fiscalía General sí lo tomó en cuenta para otro proceso, el del juicio de responsabilidades).
Esta es una investigación preliminar. Y en ese plano se llega a la imputación. Seguiremos investigando. Tomaremos declaraciones, complementaciones. Este tema está en la primera fase.
¿Es decir que hasta ahora sólo se tomaron declaraciones a las víctimas de los sucesos?
A familiares de las víctimas, como a los confinados.
¿Entonces los confinados no aportaron ni un solo nombre para que la Fiscalía investigue?
Ellos se acogieron al derecho del silencio. Yo no puedo obligar a nadie a darme nombres.
¿Eso quiere decir que los confinados no quisieron colaborar?
No digo eso, simplemente se acogieron a un derecho. Ese es un derecho constitucional.
Y así, ¿usted cree que ésta es una investigación justa, si no están todos los actores?
En este momento nadie puede decir si esta investigación es concreta o es justa. Es una indagación preliminar. Nuestra imputación está en alguna medida de carácter personal, o cualquier otra medida, pues solamente preliminar (sic).
Hubo un enfrentamiento, ¿qué pasó del otro lado?, ¿nadie incentivó la violencia?
Si usted lee las conclusiones de Unasur, ahí claramente dice que los campesinos no tenían armamento. Ustedes lo publicaron.
Y la columna de campesinos que iba rumbo a Cobija, ¿no buscaba enfrentamiento?
Derechos Humanos, la Constitución garantizan que cualquier persona puede circular por cualquier rumbo del país, y pueden agruparse también. Ellos tienen una confederación de campesinos, y su directiva los convocó. Y a quien no le gustó, les disparó.
Nómina de los imputados
El Ministerio Público imputó a 21 de 39 personas confinadas.
Por los delitos de terrorismo, homicidio, asesinato, asociación delictuosa, lesiones graves o gravísimas, entre otros, se encuentran:
– Leopoldo Fernández Ferreira
– Jorge Lengua Áñez
– Juan Marcelo Mejido Flores
– Olman Pino Soria
– Máximo Aillón Martínez
– Rosendo Domínguez Deromedis
– Melitón Brito Ferreira
– Homer Polanco Ventura
– Felipe Bigabriel
– Agapito Vira Cuéllar
– Felsin Fernández Medina
– William Musuco Rodríguez
– Ademar Herrera Guerra
– Oswaldo Valdivia Avariega
– Hugo Apaza Saonero
– Néstor Da Silva Rivero
– Ronald Musuco Rodríguez
– Abel Janco Cáceres
– Danilo Huari Cartagena
– William Terrazas López
Por el delito de peculado:
– Gerardo Aliaga
– Juan Marcelo Mejido Flores
El proceso
Los confinados • En total, durante el estado de sitio en el departamento de Pando, que se inició en el mes de septiembre, se confinó a 39 personas en Cobija.
El anuncio • En todos los casos, el Gobierno señaló que se los había detenido porque infringieron supuestamente las normas del estado de excepción.
El término • La Fiscalía, horas antes de que termine el estado de sitio, imputó a 21 de ellos por delitos como terrorismo y asesinato, por los hechos de Pando.
Los demás • Ayer por la mañana, 16 de los que no fueron imputados retornaron a la capital pandina, mientras que otros dos se quedaron en La Paz.
Las cautelares • Los 21 imputados serán sometidos hoy a una audiencia de medidas cautelares, luego de que el caso pasó por tres juzgados.
Un anexo • Dos de los detenidos, Juan Marcelo Mejido y Gerardo Aliaga, a las 9.00 de hoy, serán sometidos a otra cautelar, pero por peculado.
Fiscalía imputa otra vez a Fernández con más cargos
PROCESO • El juez Róger Valverde decide hoy si recibe el caso o no del ex prefecto de Pando.
La comisión de fiscales que investiga los hechos violentos en Pando, aumentó hechos conexos al proceso penal que sigue en contra del ex prefecto del departamento Leopoldo Fernández para volver a imputarlo.
Uno de los representantes de la comisión, Félix Peralta, informó que los delitos por los cuales se lo imputó a Fernández fueron, entre otros, asesinato, homicidio, lesiones graves o gravísimas y asociación delictuosa.
El ex prefecto se encuentra en el penal de San Pedro. Hace dos meses fue detenido en calidad de confinado y luego fue sometido a medidas cautelares bajo los mismos cargos.
Al consultarle a Peralta si no es ilegal imputarlo dos veces, señaló que ese proceso no está fuera de la ley. “No es ilegal porque existen hechos conexos que se están investigando. Uno de ellos es la muerte del soldado que se produjo en el aeropuerto (en septiembre) y los otros están vinculados a la matanza del Porvenir”.
Por su parte, el abogado de Fernández, Karlo Brito, aseguró que el procedimiento de la Fiscalía es ilegal. “El Ministerio Público está haciendo dos procesos. Quiere buscar otro mandamiento de aprehensión como sea”.
El otro fiscal, Eduardo Morales, indicó que ahora el caso debe estar en manos de un juez instructor en lo penal. Manifestó que si en este nuevo proceso la justicia determina medidas sustitutivas para Fernández, podrá salir en libertad.
La audiencia cautelar para Fernández y para 20 imputados pasó por dos jueces. El sábado, la juez Séptima de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, fue recusada; ayer el juez Tercero de Instrucción en lo Penal, Constancio Alcón, se excusó de conocer el caso. Actualmente, el caso está en manos del juez Octavo de Instrucción en lo Penal, Róger Valverde, quien definirá hoy si recibe el caso o se excusa.
APUNTES
Peculado • La audiencia cautelar contra Juan Marcelo Mejido Flores y Gerardo Aliaga por el delito de peculado será hoy a las 9.00 en el juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal.
Imputados • 20 personas que hasta el domingo estaban en calidad de confinadas, fueron imputadas por la Fiscalía por los delitos de asesinato, homicidio, terrorismo, entre otros.
16 confinados regresaron este lunes a sus hogares
PANDO • Al menos mil refugiados que están en Brasilea (Brasil) dicen que no retornarán.
Tras levantarse el estado de sitio en Pando a las 0.00 del domingo, al menos 16 confinados regresaron a Cobija ayer a las 6.30 después de haber permanecido retenidos en el cuartel Bolívar de Viacha.
Luego del arribo, familiares y amigos de los confinados los recibieron con lágrimas en los ojos y emoción. La hermana de uno de ellos no dejaba de abrazarlo. “Estoy feliz, gracias a Dios regresó”, afirmó a la red PAT.
Otro de ellos contó que durante el confinamiento fueron tratados “muy bien” por los miembros de las Fuerzas Armadas y que no recibieron amenazas, malos tratos ni daños físicos.
La llegada a Pando estaba prevista para las 7.30, sin embargo vehículos de las Fuerzas Armadas y de la Policía salieron del cuartel en la madrugada con los confinados en su interior.
El estado de sitio duró 71 días en Pando. La Constitución Política del Estado (CPE) establece que debe tener una vigencia de 90 días como máximo.
Tras la suspensión de la medida de excepción, al menos 1.000 refugiados que se encuentran en Brasilea (Brasil) dieron a conocer que no regresarán al país porque no cuentan con garantías.
“Aquí nos quedamos. En nuestro país no tenemos garantías”, dijo la cívica Ana Melena a ATB.
Otro de ellos explicó anoche a PAT que los refugiados se encuentran en territorio brasileño desde hace más de dos meses y que “el sentimiento general (de los refugiados) es de no regresar a nuestro país”.
En un video del Gobierno se ve la inacción de la Policía
HECHOS • El material audiovisual muestra, además, la participación de tres funcionarios prefecturales, dos cívicos y dos parientes de Fernández.
Un video elaborado por el Gobierno muestra supuestamente a tres funcionarios de la Prefectura, dos cívicos y dos familiares del prefecto suspendido Leopoldo Fernández que participaron en los hechos de Porvenir y demuestra la inacción policial.
Además, una secuencia de imágenes de la escalada de violencia desatada ese día, donde murieron al menos 13 personas.
Este video, que no tiene fuentes, pasó a manos de la comisión investigadora de los sucesos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), según informó ayer la agencia de noticias ANF.
En la secuencia de imágenes, se observa a cívicos y trabajadores de la Prefectura pandina frente a supuestos campesinos, pero separados por una zanja en Tres Barracas. Asimismo, se muestra al vicepresidente del Comité Cívico de Pando, Ricardo Shimokawa, antes de la balacera, y quien en tono de advertencia pide a los campesinos que regresen.
El material audiovisual, según el audio, vincula al senador de Unidad Nacional (UN), José Villavicencio, quien pregunta a un campesino si es que fue obligado por el alcalde Miguel “Chiquitín” Becerra a asistir ese día.
En otra secuencia, se observa a Villavicencio junto al entonces comandante policial del departamento de Pando, Silvio Magarzo. El video muestra también a personas armadas y disparando, entre ellas, Akito Franco.
Una comparación de imágenes revela la presencia del pastor evangélico Luis Alberto Rivera, quien presuntamente amenaza a uno de los campesinos. Al día siguiente, Rivera falleció luego de recibir dos impactos de bala en el aeropuerto de Cobija (Pando) Aníbal Arab.
En este video se puede reconocer a Akito Franco, funcionario de la Prefectura; Edberto Mayna Silva, secretario general del Comité Cívico y funcionario de la Prefectura y a Hugo Mopi, también de la Prefectura; José Oliveira, de la Prefectura; Chamaco Soria, cuñado del prefecto suspendido Leopoldo Fernández y según la gubernamental ABI, Elías Apuri William Ferreira, primo de Fernández.
La comisión de fiscales que indaga los hechos en Pando dijo que analizará si el video será tomado como prueba.
Cinco presuntas revelaciones
El Gobierno difundió a través del canal estatal, un video que no tiene fuentes. La producción está editada y muestra una versión de los hechos.
La advertencia
“Retírense, o utilizaremos armas”, amenazó un dirigente que acompañaba al vicepresidente del Comité Cívico de Pando, Ricardo Shimokawa, durante un intento de negociación antes de los hechos de Porvenir, cerca a una zanja que la Prefectura cavó en Tres Barracas para evitar el paso de los campesinos hacia Cobija, el 11 de septiembre.
Los que aparecen
El vicepresidente del Comité Cívico, Ricardo Shimokawa, aparece en la negociación de Tres Barracas. En el enfrentamiento, el cívico Edberto Mayna. Los funcionarios de la Prefectura Akito Franco y José Rivera, y los parientes de Fernández, Chamaco Soria y Elías Apuri, según el video difundido por TVB.
Inacción policial
Un elemento fundamental del video es que certifica que la Policía no intervino en los sucesos. Los efectivos se dedicaron a mirar lo que sucedía, y en algunos casos, como el de la foto, a intentar calmar los ánimos de quienes se enfrentaban. La comisión de Unasur criticó este punto anteriormente.
El caso del pastor
Las imágenes que difundió el Gobierno apuntan a que Luis Alberto Rivera, el pastor que supuestamente fue asesinado cuando pedía paz en el aeropuerto Arab el 12 de septiembre, participó en los hechos del día anterior, y que incluso apareció armado en los sucesos.
El senador Villavicencio
El parlamentario de Unidad Nacional aparece, primero, mientras conversa con el ex comandante de la Policía, Silvio Magarzo. Luego, según el video, supuestamente se escucha su voz cuando interroga a un campesino herido al que pregunta si lo envió el ex alcalde Miguel Becerra.