Editorial de El Diario.
Desde que fue posesionado el presidente Evo Morales Aima parece que a Bolivia se la quiere convertir en una tierra de nadie, porque con el rótulo de “movimientos sociales” se agrupa gente afín al oficialista Movimiento Al Socialismo, para cometer abusos que son fomentados por el Gobierno. Gente adicta al MAS comete tropelías y delitos que no son sancionados, porque gozan de la impunidad que les otorga su militancia partidaria. Quieren imponer un régimen de terror y de imposición, por lo cual amedrentan a todos aquellos bolivianos que no están de acuerdo con la forma de administrar el Estado y por tanto se alinean en la otra vereda sin que asuman una línea opositora, sino más bien de independencia, ya que no están de acuerdo con los desmanes y excesos que son cometidos desde el propio Palacio Quemado. Cada vez con mayor frecuencia la población toma conocimiento de agresiones de gente inocente por parte de masistas infiltrados y escudados en organizaciones sociales coyunturales, que son creadas con fines proselitistas y de apoyo a los gobernantes. A cambio se benefician con empleos en el aparato gubernamental, con alimentos y sumas de dinero, por cometer esos abusos y participar en las manifestaciones de apoyo a la administración estatal y para oponerse a los actos que organizan aquellos que sin ser enemigos del masismo, no comparten su forma de actuar.
Tuvo que pasar mucho tiempo para que los organismos internacionales se den cuenta de los excesos que cometen los llamados movimientos sociales, como los denominados “sin techo”, “sin tierra”, “ponchos rojos”, “satucos” y agrupaciones de vecinos y comunarios, algunos de los cuales se dan el derecho de asaltar y apropiarse de propiedades privadas, con el argumento de ser “pobres” y no tener dónde vivir. Otros atenidos a que andan en grupo cometen agresiones que llegan a la tortura y al asesinato de presuntos delincuentes, mientras unos amparados en las sombras de la noche se dan a la tarea de dañar los muros y paredes con el rayado y pintado de consignas del oficialismo, sin dejar de mencionar a los sindicatos, juntas de vecinos o de comunarios que se concentran en los centros urbanos para hacer conocer sus protestas contra las autoridades del Gobierno, las prefecturas o alcaldías e impedir el tránsito de vehículos y peatones, como también proceder al bloqueo de caminos y carreteras, como sucedió en San Julián y Yapacaní en el Oriente y el la Chacarilla en el altiplano, por problemas que tienen con el Ejecutivo y que no son atendidos.
Hace poco los abogados defensores del ex Prefecto de Pando fueron interceptados y agredidos físicamente por los activistas del MAS apostados en las puertas de la cárcel de San Pedro, donde hacen vigilia, dicen que para impedir la salida de esa ex autoridad. Con esas actitudes la gente afín al MAS demuestra no tener argumentos legales para enfrentar en los estrados judiciales un proceso justo, por lo que amedrentan, como ocurrió con los dos abogados cuando abandonaban una audiencia fallida que buscaban llevar adelante los miembros de la Comisión de Diputados que investiga los sucesos de Porvenir. Es intolerable que grupos de choque quieran torcer la majestad de la ley, recurriendo a la violencia física, cuando lo correcto es que el proceso se desarrolle como manda la norma, respetando todos los derechos de las personas.
La irracionalidad política con la que actúan activistas y grupos de choque del partido de Gobierno cuenta con el apoyo de las fuerzas del orden, porque los policías por órdenes superiores no cumplen con las tareas que tienen la obligación de realizar para garantizar la seguridad interna de las personas. Ni un solo policía intervino para evitar la agresión de los masistas a los abogados del ex Prefecto de Pando, por lo que los agresores cumplieron con su objetivo. También a una señora que conducía su vehículo por el lugar se le impidió el paso y por el solo hecho de tocar bocina, la gente se le abalanzó con piedras, palos y otros objetos contundentes, rompiendo todos los vidrios del motorizado a vista y paciencia de los policías del lugar. Se puede identificar a los agresores, pero cualquier acción que se realice contra los autores, encubridores y cómplices de esas agresiones, caerá en saco roto, porque se trata de gente militante del partido de Gobierno que goza de protección y de inmunidad.
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Por esa conducta de algunos militantes y dirigentes proclives al régimen gubernamental, en Bolivia desaparece la seguridad ciudadana y se conculca los derechos de las personas. Así, gente del Gobierno busca ocultar la realidad nacional, que muestra falta de gobernabilidad y que el país está sumido en una crisis que crece porque se ha interpuesto la política a los intereses nacionales.