Los Tiempos
Editorial
El juicio penal anunciado contra uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia es la próxima batalla entre la democracia y la autocracia. Es de esperar que los legisladores se pronuncien antes de llegar a ese extremo
Como lo venimos advirtiendo desde este espacio en reiteradas ocasiones, el rasgo central del proceso político que está en marcha en nuestro país consiste en la paulatina pero firme sustitución de un régimen constitucional por uno autocrático. Es decir, Bolivia está dejando de ser un Estado regido por una Constitución Política y el andamiaje legal que la respalda para convertirse en uno en el que voluntad de una sola persona es la suprema ley.
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El Presidente de la República, en numerosas ocasiones, ha proclamado franca y abiertamente su inclinación por la autocracia. Ha dicho que las leyes son un estorbo y ha instruido a sus abogados que hagan lo necesario para “legalizar lo ilegal” cuantas veces sea necesario. Y para que no queden dudas sobre la seriedad de sus palabras, también en ya excesivas ocasiones las ha respaldado con los hechos. Y lo que es aún peor: lo ha hecho con la aquiescencia del Poder Legislativo.
Como resulta de obvia deducción, un régimen autocrático como el que propone Morales es absolutamente incompatible con los fundamentos básicos de uno democrático: la independencia de poderes. Por el contrario, lo que requiere es que todos los poderes del Estado se sometan a la voluntad del gobernante y actúen como simples reparticiones ejecutoras de las órdenes impartidas.
Un paso importante tras ese objetivo lo dio al lograr el sometimiento del Poder Legislativo que, como se ha visto durante las últimas semanas, ha renunciado a su rol y se ha prestado, más bien, a avalar un sinfín de ilegalidades.
En su afán de someter al Poder Judicial, en cambio, el Poder Ejecutivo no ha tenido, hasta ahora, más que éxitos parciales. Ha logrado derribar a uno de sus pilares, el Tribunal Constitucional; pero ha fracasado en el más importante de sus objetivos: someter a la Corte Suprema de Justicia.
La firmeza con que el máximo tribunal del Estado ha salido al paso de las arbitrariedades gubernamentales se ha constituido en la última línea de defensa de la institucionalidad republicana y de los derechos básicos de la ciudadanía. Y eso, por las razones expuestas, es algo que el gobierno del MAS no está dispuesto a tolerar. Por ello, y como era previsible, el Poder Ejecutivo ha desencadenado un conflicto de poderes que apunta a dejar el camino expedito, libre del “estorbo de la ley”.
El juicio penal anunciado contra uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia es la próxima batalla entre la democracia y la autocracia. Si el gobierno tiene la audacia de pasar de las amenazas a los hechos, pondrá una vez más a la legalidad ante una de sus más difíciles pruebas. Es de esperar que antes de llegar a ese extremo, los legisladores se pronuncien en defensa de lo que manda la Constitución Política del Estado.