Constitución masista legalizará los linchamientos con el pretexto de la “justicia comunitaria”.
Achacachi, pueblo legendario por dar origen a los “ponchos rojos” que apoyan al gobierno y la rebeldía y ferocidad de sus habitantes, conmocionó ayer al país cuando las imágenes de televisión mostraban a un grupo de presuntos ladrones que eran rescatados después de haber sido sometidos a las torturas de la “justicia comunitaria”. (pie de foto de La Patria,18-11-08)
La constitución masista contiene más de una aberración pero la más peligrosa de ella es que podría legalizar una práctica que ha demostrado ser abusiva y hasta salvaje como la llamada “justicia comunitaria”.
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La quema de dos personas, supuestamente delincuentes, en Achacachi y la milagrosa salvación de otros nueve, no es un hecho aislado. Tampoco lo fue el feroz degollamiento de dos perros el pasado año por parte de “ponchos rojos” que a la fecha se han convertido en el nada enaltecedor emblema de ese pueblo, que es uno de los principales bastiones del gobierno del MAS.
Ambos hechos, salvando las distancias, muestran toda una concepción en la que se desprecia a la vida, cosa rara si se tiene en cuenta que esta actitud viene precisamente de una cultura de la que se dice que su fuerza proviene de su relación armónica con la naturaleza.
Sería erróneo y maniqueo afirmar que existen culturas buenas y culturas malas, razas buenas y razas malas. Sin embargo existen expresiones perjudiciales que surgen al influjo de determinados estímulos. Un ejemplo de ello es el surgimiento, en un pueblo tan culto como el alemán, de un sentimiento tan destructivo como el generado al influjo del nazismo.
También el MAS está operando en su beneficio este tipo de actitudes primarias, por no decir salvajes y cavernarias, con el argumento de recuperar prácticas ancestrales. Con el pretexto de devolver la dignidad y los derechos arrebatados durante más de quinientos años, el presidente Evo Morales, está manipulando a los grupos indígenas a los que dice pertenecer apelando a su tesitura cobriza, pero de los que en realidad está muy alejado por su mentalidad y práctica cultural.
Les dice que ellos son los únicos propietarios de los recursos naturales, que pueden avasallar las propiedades agrarias y mineras cuando crean conveniente además de ejercer su sistema de “justicia comunitaria” con los resultados que son conocidos.
Lo más peligroso es que estas prácticas repulsivas tendrán una categoría constitucional si es que la constitución masista es aprobada. La quema de personas se hará norma por ser una práctica ancestral lo cual resultaría tan anacrónico como si en Italia se recuperara la costumbre de la crucifixión para sancionar los delitos por haber sido una práctica del Imperio Romano.
La quema de personas por el supuesto delito de robo o cualquier otro, es tan reprobable como la lapidación en algunos países musulmanes de mujeres acusadas de adulterio. Ni la religión ni una supuesta recuperación de una práctica ancestral y originaria pueden justificar semejante salvajismo.
Si bien los miembros del gobierno han condenado los hechos de Achacachi, en realidad lo han hecho solo de dientes para afuera. El patético viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra, si bien anunciaba sanciones contra los responsables de la quema, remarcaba con sospechosa insistencia que las víctimas eran delincuentes, con lo que intentaba, abiertamente, justificar un hecho salvaje y criminal.
Policías y fiscales, con llamativa celeridad, han preparado antecedentes y «colectado» (lenguaje policial) pruebas para mostrar que los ajusticiados por la turba achacacheña, los muertos y los que sobreviven, son delincuentes. Ya se anunció para ellos, las víctimas de este lamentable suceso, prisión preventiva y rápido proceso, en tanto no existe un solo detenido por el asesinato de los dos supuestos «cogoteros» y la tortura a los otros nueve.
Queda entonces claro que la constitución masista establecerá dos tipos de ciudadano: los que están facultados para hacer “justicia” por mano propia y tienen “licencia para matar” y aquellos que deben sujetarse a las normas legales.