Un funcionario de Cotel pagó Bs 4.500 a un delegado del Comité Cívico Popular.
El presidente del Consejo de Vigilancia de Cotel, acusa a los “cívicos” de amenazas con tomar la Cooperativa y atentar contra su familia.
Reunión: el presidente del Comité Cívico Popular, Édgar Mora (centro), junto con otros activistas en San Pedro
La Prensa
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Una denuncia destapa extorsión por parte de “cívicos populares”
Jaime Siles acusa a los “cívicos” de realizar amenazas con tomar Cotel y atentar contra su familia.
Una denuncia del presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Teléfonos La Paz (Cotel), Jaime Siles, sobre una supuesta extorsión del Comité Cívico Popular, destapó la existencia de un sistema de presión de esa organización social afín al MAS para financiar sus medidas de protesta.
La entidad solicitaba a instituciones y personalidades “aportes voluntarios” para realizar sus protestas, pero si el desembolso no procedía, amenazaba con volcar la pelea contra las víctimas.
Siles denunció ayer que representantes del autodenominado Comité Cívico Popular en 2007 le pidieron dinero en cuatro ocasiones, bajo advertencias de tomar la cooperativa telefónica y atentados contra su familia, para cubrir los refrigerios de sus reuniones.
El presidente del Comité Cívico Popular de La Paz, Édgar Mora, negó ayer todas estas acusaciones y culpó de las sindicaciones a “personas” que supuestamente quieren quebrar la unidad de su organización, tildada de violenta por las agresiones contra periodistas y medios.
El funcionario de la telefónica dijo que los aportes que realizaba servían para sustentar el refrigerio de los encuentros de los “cívicos populares”, en los que supuestamente se debatían temas como la redacción de un nuevo Estatuto de Cotel y otros asuntos. Incluso la autoridad asistió a una de esas citas en un restaurante de la calle Boquerón, ubicada en el centro de la ciudad.
El afectado contó a La Prensa que “si yo no respondía a esa invitación, ellos iban a asumir medidas de presión, podían tomar Cotel (…) Me dijeron que si yo tenía el suficiente valor debería ir ahí”.
Ante estas presiones, según Siles, decidió participar en el encuentro en el que les explicó sobre el trabajo que realiza el Consejo de Vigilancia.
En esa reunión participaron entre 60 y 80 personas presididas por el líder de los “cívicos populares”, Édgar Mora.
Afirmó también que estuvieron dirigentes cívicos, vecinales y representantes de partidos como el Movimiento Al Socialismo (MAS), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), aunque no pudo precisar nombres.
El encargado de recoger el dinero sería el segundo coordinador institucional de dicho comité, Roberto Fernández Pérez.
Cuando La Prensa le preguntó a Siles ¿por qué le presionaron a usted y no a otros representantes de Cotel?, respondió: “(Los otros) no les abrieron las puertas, ni les atendían el teléfono, otros consejeros ni nadie de Administración. Yo trabajo aquí de puertas abiertas y llegaron para preguntarme lo que estaba haciendo sobre las denuncias de irregularidades en la cooperativa”.
El funcionario sospecha que la entrega de los recursos generó una división interna en esa agrupación porque después Siles habría recibido una carta de un sector del Comité Cívico Popular en la que se consultaba qué cantidad de dinero se le entregó.
El representante de Cotel sostuvo que respondió la misiva indicando que fueron 4.500 bolivianos. Este matutino tuvo acceso a una copia de esa carta.
Un miembro de la organización liderada por Édgar Mora que pidió guardar su nombre en reserva dijo que las bases no estaban enteradas de los cobros, por lo que decidieron echar a Mora y a Fernández. La acción está reflejada en un voto resolutivo en el que ambos dirigentes son declarados “personas no gratas” porque dañaron la imagen institucional. Una fotocopia llegó hasta el medio.
La Prensa se comunicó con Mora sobre esta supuesta decisión. Negó el hecho y dijo que el documento es falso y que proviene de “algunas personas que formaban parte de ese comité, que son masistas y que buscan destruir la unidad de nuestra organización”.
Guillermo Villanueva, quien dijo ser abogado y miembro de la entidad cívica popular, afirmó que los supuestos actos de extorsión generaron una pugna interna en esa organización.
Afirmó que en esa pelea salió a defender como jurista a Roberto Fernández, contra quien el mismo Mora habría interpuesto una querella por “estafa” que no prosperó debido a una negociación interna.
También denunció que el líder de la entidad cívica tenía previsto visitar al prefecto interino de La Paz, Pablo Ramos, con una nómina de 20 personas para pedirle puestos de trabajo.
Mora desmintió tal versión y explicó que los hechos ocurrieron a la inversa. Fernández habría sido quien buscó “pegas” en la Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (Repac), incluso en Cotel y la Prefectura paceña, por lo que habría sido expulsado.
Otros dos integrantes de la organización consultados por este matutino indicaron que el Comité Cívico Popular recibe “aportes voluntarios” de instituciones y personalidades, aunque para ello ejerce presión.
“Hemos participado en muchas movilizaciones, para eso se necesitan recursos económicos y los hemos tenido por las buenas o por las malas”, dijo un estrecho colaborador de Mora.
Ante estas denuncias, el presidente de la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados, Guillermo Mendoza (UN), comenzó a investigar los hechos. Solicitó a Cotel y a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), otra entidad que habría sufrido la presión de los “cívicos populares”, informes pormenorizados.
El legislador, asimismo, averigua el contenido de otra carta firmada por cuatro supuestos dirigentes de sectores sociales de El Alto y que está dirigida a la presidenta de la ABC, Patricia Ballivián, en la que le solicitan audiencia para hablar sobre la destitución de José María Bakovic, ex presidente del Servicio Nacional de Caminos, quien fue destituido bajo presión. En otra hoja se detallan los costos de esa protesta: 3.480 bolivianos.
La organización
El Comité Cívico Popular es un grupo de personas que dicen apoyar el proceso de cambio y niegan ser militantes del MAS.
Esta agrupación agredió la anterior semana a 13 periodistas en las puertas del penal de San Pedro de La Paz.
Ahora se destapó una forma de financiamiento de sus movilizaciones en varios lugares de la ciudad.
El presidente del Consejo de Vigilancia de Cotel, Jaime Siles, dijo que pagó 4.500 bolivianos a esa organización.
Según Siles, canceló este monto de dinero porque recibió amenazas de algunos de los dirigentes contra él y Cotel.
Dichos recursos fueron solicitados por Roberto Fernández para financiar algunas actividades y viajes al interior del país.
Otros datos
Siles dice que los recursos que entregó al Comité Cívico Popular son suyos y no de Cotel.
Existe otra denuncia de extorsión a la ABC por parte de movimientos sociales.
La Comisión de Política Social investiga ambas denuncias basada en pruebas escritas.