Persecución. El directorio del Comité pro Santa Cruz anunció juicios contra los actores de acciones ilegales. Los prefectos se reúnen el próximo martes para definir medidas conjuntas contra el Gobierno
Fiscal dice que Marinkovic no está imputado por las tomas.
Reunión. Fueron cinco horas de intenso debate y al final los cívicos postergaron la toma de medidas contundentes
El Deber
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C. Peña y Lillo / H. Ugarte
Los miembros del Consejo Nacional Democrático (Conalde) se reunirán el próximo martes 9 para intentar conformar una defensa en bloque en contra de las detenciones de los cívicos de la denominada ‘media luna’ y para hacer campaña por el No al proyecto de Constitución Política del Estado, que vulnera la propuesta autonómica departamental.
La decisión fue asumida el lunes por la noche, después del encuentro entre las autoridades prefecturales de Beni, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. “Ésta es una rearticulación del Conalde, porque luego del golpe duro que sentimos cuando secuestraron al gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, ahora el movimiento se está volviendo a fortalecer”, afirmó Alberto Melgar, presidente cívico de Beni, que llegó el lunes a nuestra capital con su par femenina, Nora Suárez, y el prefecto beniano, Ernesto Suárez.
En la reunión del lunes, las autoridades departamentales definieron que únicamente Savina Cuéllar, prefecta de Chuquisaca, sería la representante del bloque opositor al Gobierno la que se ausentaría a Ecuador, país al cual fueron invitados los líderes regionales para participar de un encuentro sobre gobiernos intermedios.
Melgar precisó que al final del encuentro se decidió convocar la cumbre del Conalde el martes 9, a la cual también se invitará a los cívicos de Cochabamba y a las autoridades de Pando. “Se diseñará una estrategia para parar las violaciones a los derechos humanos que está cometiendo el Gobierno”, puntualizó el líder cívico, que propondrá pedir la postergación del referéndum constitucional hasta que cesen las detenciones.
El senador por el MAS Félix Rojas criticó la posición del Conalde, al que calificó, como ya lo hizo el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, de un consejo de delincuentes y aseveró que el intento de rearticular o fortalecer esta organización sólo se conseguirá en un recinto carcelario. “El consejo nacional de delincuentes terminará en una celda. Ése es el destino que les espera y allá, seguramente, se van a articular, se van a lamer sus heridas entre leprosos, antipatrias y separatistas”, indicó el senador.
Por su parte, el vicepresidente cívico cruceño, Luis Núñez, señaló que el permanente amedrentamiento de parte del Gobierno se debe a la campaña a favor del No que se está ejecutando y cuestionó los argumentos del Poder Ejecutivo respecto al presunto acto terrorista que derivó en la explosión de un ducto de Transredes y por el cual están detenidos cívicos tarijeños y acusado el presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic.
“No vamos a dejar de hacer campaña por el No, nunca”, enfatizó Núñez, que, al igual que los cívicos provinciales y las organizaciones juveniles y vecinales, trabaja en la campaña en contra del proyecto de Constitución que será sometido al voto del pueblo el próximo 25 de enero de 2009.
Ayer, poco antes de la medianoche, el directorio ampliado del Comité Cívico emitió una resolución en la cual denuncia las persecuciones gubernamentales a escala nacional e internacional, expresa su solidaridad con los perseguidos y detenidos, exige el cumplimiento de las normas jurídicas, amenaza con juicios a los que las incumplan y ratifica la campaña ciudadana por el No a la nueva Carta Magna.
Antes del inicio de la reunión de directorio, varios representantes sectoriales expresaron su expectativa por los resultados que se darían luego del debate; sin embargo, al final, después de cinco horas, algunos se fueron con sabor a poco.
Uno de ellos fue Carlos Dabdoub, secretario de Autonomía de la Prefectura, que quería que se convoque la Asamblea de la Cruceñidad; empero, la directiva optó por considerar la moción después de la reunión del Conalde, planificada para el martes 9 de diciembre.
Cívicos visitaron la Corte de Justicia
Los representantes del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, primer vicepresidente; Roberto Gutiérrez, segundo vicepresidente; y Luis Alberto Áñez, presidente cívico provincial, se reunieron ayer con el vocal de la Sala Civil Segunda, Édgar Terrazas, para hacerle llegar el apoyo de los cívicos al Poder Judicial y para recibir una explicación de las violaciones al procedimiento jurídico en el que estaría incurriendo el Gobierno.
“Venimos a darle apoyo a nuestro Poder Judicial, que en este momento ha sido avasallado por el Gobierno. Hemos conocido las principales normas que están siendo pisoteadas por el Poder Ejecutivo con las detenciones, como la jurisdicción, los procedimientos y la forma en que se actúa al momento de la aprehensión”, indicó Núñez y agregó que es indispensable cumplir con los procedimientos, para tener juicios justos.
La visita de los líderes cívicos se realizó un día antes de la reunión que sostendrán en Beni los presidentes de las cortes superiores de distrito y donde se tratarán temas de la institucionalidad e independencia de este poder frente a los otros.
“El Gobierno busca la confrontación de manera constante”, comentó Gutiérrez y afirmó que el vocal Terrazas coincide con los presidentes de los colegios de abogados (nacional y regional), que cuestionan la jurisdicción de los procesos en contra de los cívicos y del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
Branko aún no aparece por el Comité
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, aún no aparece en público. Ayer, se mencionó que el dirigente cívico había llegado hasta la institución, pero que no ingresó. El vocero gubernamental, Iván Canelas, criticó la ‘desaparición’ del representante institucional en momentos de dificultad.
Asesores cercanos a Marinkovic afirman que se encuentra fuera del radio urbano capitalino y que en los siguientes días volverá a aparecer públicamente. Los otros representantes de la institucionalidad cruceña aseguran que está evitando exponerse ante la presunta persecución que el Gobierno tiene en su contra.
El lunes pasado, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, estuvo en Santa Cruz. En la oportunidad advirtió al líder cívico de que en vez de pensar en huir del país, debería alistar su defensa legal ante el proceso penal que se le viene.
Sin embargo, en el círculo íntimo del titular cívico, anoche, confiaron que no ha salido del país y que si bien ha tomado los recaudos necesarios para evitar ser sorprendido por el Gobierno, es cuestión de horas su reaparición por la sede cívica. En La Paz, su abogado comentó que el presidente cumple su función recorriendo las provincias de Santa Cruz.
Fiscal dice que Marinkovic no está imputado por las tomas
Procesos. El Ejecutivo tiene juicios contra líderes cívicos y prefectos por tres temas distintos. Al presidente del Comité pro Santa Cruz no se lo ha denunciado por la explosión de ductos
Pablo Ortiz |El Deber
Pese a que el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, anunció que había ampliado la querella por el estallido de un ducto en Tarija, para procesar al presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic, el fiscal Isabelino Gómez informó de que no existe denuncia contra el dirigente cruceño por este caso y que no hay ningún mandamiento en su contra.
Gómez, que forma parte de la comisión de fiscales que investiga los hechos de violencia política de agosto y septiembre, aseguró ayer que no se abrió ninguna investigación y tampoco existe una denuncia en contra de Marinkovic. Explicó que en el caso que involucra a los tres unionistas (Jorge Brasil Vargas Vaca, Julio César Zenteno y David Yuli) es por la agresión a jefes policiales y, en ese tema, no existe ningún vínculo con el dirigente cruceño.
Asimismo, dijo que en ese proceso ya se cumplió con la primera fase, que era la detención de los autores materiales y que existe una decisión judicial que se está cumpliendo (fueron pasados a la cárcel de San Pedro). El responsable del equipo especial de investigación, mayor Jhonny Aguilera, adelantó que existen «cuatro a cinco personas» que están siendo investigadas pero no adelantó nombres.
Respecto a la explosión de la válvula número tres del campo gasífero de Vuelta Grande, existen cuatro imputados, tres de los cuales guardan detención en la cárcel de San Pedro. Se trata del líder cívico tarijeño, Reynaldo Bayard y los dirigentes Gonzalo Salazar y José Germán Vaca Ortiz; mientras que Jimmy Esteban Benítez Ortiz es procesado, pero el juez Williams Dávila decidió aplicarle medidas sustitutivas. Por este tema, la Policía busca a Carlos Zeballos, considerado el autor material directo, puesto que habría sido el que encendió la mecha de la dinamita.
Para el abogado y primo del dirigente cívico cruceño, Vladimir Marinkovic, esto es una buena noticia, ya que él no pudo obtener esta certificación pese a que fue a la oficina de Gómez en dos ocasiones. “Ojalá no nos estén ocultando información porque Branko, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a saber si está siendo procesado”, dijo.
Se quejó de la declaración de Rada que involucra a su defendido en la explosión del ducto, cuando existe un informe de la transportadora Transierra que indica que el percance se debió a una mala manipulación de la válvula. “¿Dónde está el atentado terrorista? Sin embargo, escuché a un viceministro decir que ese informe no sirve y que tienen otro”, se quejó el abogado Vladimir Marinkovic.
Además de los presidentes cívicos cruceño y tarijeño, hay otros dirigentes que están siendo procesados por el Gobierno.
El líder cívico de Chuquisaca, Jhon Cava, tiene seis juicios por los hechos de La Calancha y la agresión de campesinos el pasado 24 de mayo en la plaza de Sucre. Por este mismo caso están siendo procesados el rector de la San Francisco Xavier, Jaime Barrón; la alcaldesa de Sucre, Aidée Nava; y la prefecta Savina Cuéllar.
A ellos se suman los procesos de los otros prefectos. Esta semana la Fiscalía General no encontró delitos a Rubén Costas por haber organizado el referéndum sobre el Estatuto Autonómico del 4 de mayo y, ayer, el tarijeño Mario Cossío declaró ante la Fiscalía General por la denuncia de la viceministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, que lo acusa de irregularidades en la firma de contratos y ejecución de proyectos financiados por la ONU.
“Es una denuncia más de doña Nardy Suxo, que vive acusando a todos los opositores y persiguiéndolos, en su estrategia de judicialización de la política”, dijo. Cossío aseguró que es el único investigado por este hecho, pese a que más de 100 instituciones del país firmaron el mismo convenio.
La Fiscalía ya sobreseyó a Ernesto Suárez, prefecto de Beni, por un caso de supuesto nepotismo, por contratar a su esposa como funcionaria.
Enjuician al presidente de la Suprema
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados admitió ayer la denuncia contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Walter Fernández Gutiérrez, por supuesta retardación de justicia en tres juicios de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle y el ex ministro de Salud Tonchi Marinkovic.
La denuncia fue interpuesta por el dirigente alteño Édgar Patana y el abogado de las víctimas de octubre negro, Rogelio Mayta.
El Poder Judicial se reúne desde ayer en Trinidad para analizar su situación y tomar una decisión sobre el proyecto de Nueva Constitución. A este encuentro asisten más de 70 representantes de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agrario Nacional, Consejo de la Judicatura, Instituto de la Judicatura, cortes superiores de distrito y asociaciones departamentales de magistrados.
El diputado del MAS Wilber Flores aseguró que la reunión de autoridades del Poder Judicial analiza una «renuncia en cadena» de magistrados y vocales, con el supuesto objetivo de favorecer a los líderes de la denominada media luna, que estarían siendo amenazados con una serie de procesos legales por el Gobierno.
Por su parte, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, dijo que la justicia necesita una refundación, pues se ha convertido en el refugio de la extrema derecha en el país.
Los casos
Referéndum. Enjuiciaron al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, por financiar con recursos públicos la consulta departamental por el Estatuto Autonómico. Fue sobreseído.
La Calancha. Los miembros del Comité Interinstitucional, Jhon Cava, Aidée Nava, Jaime Barrón y Fidel Herrera debieron responder por los tres muertos de noviembre negro. Aún no se ha podido juzgar al ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
24 de mayo. El directorio del Comité Interinstitucional está siendo enjuiciado, junto a dirigentes juveniles, por la humillación de campesinos en la plaza de Sucre. Se rechazó la querella contra el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.
Pando. El prefecto Leopoldo Fernández es la única autoridad enjuiciada por los hechos del 11 de septiembre. No se ha investigado a otros sospechosos de haber participado en la organización de la matanza de Porvenir, como alcaldes, el ministro de la Presidencia y dirigentes políticos..
Colegio de Abogados pide dignidad
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, dijo ayer que las autoridades judiciales cruceñas y el representante del Ministerio Público deben intervenir para impedir las detenciones y persecuciones, en su opinión ilegales, que se están produciendo en la jurisdicción cruceña.
En su criterio, es preferible y más digno que los funcionarios judiciales se vayan a sus casas antes de someterse al poder circunstancial de ciertas personas que están violentando el estado de derecho.
La queja de Rojas es por las detenciones de cívicos y su posterior traslado a La Paz, no juzgándolo en sus jurisdicciones.
El presidente de los abogados dijo que los profesionales merecen respeto porque han estudiado y aportan con conocimientos al país, por lo tanto es lamentable que no asuman acciones por el interés de mantenerse en una pega o en un puesto de privilegio.
Pidió al fiscal del Distrito, Jaime Soliz, que cumpla su palabra, cuando hace dos meses dijo que no permitiría detenciones ilegales en Santa Cruz.