Ministro Quintana inicia juicio al ex de Aduana por calumnias. César López está preocupado por su seguridad y la de su familia.
La comisión decidió que el general Luis Trigo, comandante en jefe de las FFAA, no declare en la comisión y se limite a brindar un informe escrito.
La Razón
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Con el voto de la mayoría oficialista, la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso de los 33 camiones de contrabando en Cobija decidió que el lunes se cerrará la primera ronda de declaraciones con la del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sindicado de haber autorizado la salida ilegal de los vehículos de la zona franca de Cobija (Pando).
Según el presidente de la comisión parlamentaria, Javier Zabaleta (MSM-MAS), también se decidió por unanimidad que el comandante en Jefe de las FFAA, general Luis Trigo, sólo presente un informe escrito, en el que explique por qué los militares no apoyaron los operativos de rescate y resguardo de la mercadería que pasó la tranca del kilómetro 19 y que fue detenida en Santa Rosa.
Trigo fue mencionado por el ex presidente de la Aduana Nacional, César López, en una carta enviada al presidente Evo Morales, en la que le indica que las FFAA no tenían disponibilidad de apoyar los operativos para recuperar las 33 camiones. Ante la comisión investigadora, el ex gerente Regional de la entidad, Luis Fernando Sánchez, manifestó que el Control Operativo Aduanero (COA) no contó con apoyo de los militares porque —dijo— necesitaban una orden.
Zabaleta informó que, pese a las discrepancias de los parlamentarios de la oposición, los oficialistas con su mayoría aprobaron convocar a Quintana para el lunes 22 a las 16.00.
Si bien Quintana indicó el 7 de diciembre que no se someterá a ninguna investigación, el miércoles el vicepresidente Álvaro García aseguró que la autoridad se presentará para aportar en el proceso de investigación.
Antes de terminar la primera etapa de declaraciones, el opositor Arturo Murillo (UN) planteó la necesidad de volver a escuchar al general César López y al responsable del COA, teniente Christian Deheza. Un informe de éste último revela que los comerciantes argumentaron que tenían autorización del ministro para el paso de los camiones.
Sin embargo, ante la imposibilidad de lograr la convocatoria, Murillo propuso convocar a dos careos: uno entre López y Rafael Bandeira, actual prefecto de Pando y ex comandante del Comando Conjunto, que también habría autorizado el paso de los camiones, y otro entre el capitán de navío Óscar Abastoflor y Deheza.
En sus declaraciones ante la comisión, Deheza señaló que Abastoflor, en su calidad de autoridad superior del Comando Conjunto en la tranca del kilómetro 19, fue quien autorizó el paso ilegal de los camiones.
Zabaleta indicó que esta propuesta será tratada el lunes, después de escuchar a Quintana.
Ayer se presentó en la comisión el alférez Marco Miranda para dar su versión de los hechos del 26 y 27 de julio, cuando los 33 camiones cruzaron el límite de la zona franca de Cobija.
Según Miranda, los motorizados pasaron la tranca con autorización del COA y del Fiscal de la zona franca. “Como a las 3.00 de la mañana vi que un camión pagó el peaje y cruzó la tranca. Entonces yo busqué al teniente Deheza y lo encontré junto al fiscal John Sosa en un cuarto oscuro y me dijeron ‘no te preocupes, tienen todo al día’”, relató.
Miranda confirmó que dos días antes del paso de los camiones, comunicó al Comando Conjunto la intención que tenían los comerciantes de pasar la tranca con permiso “de altas autoridades”. Sin embargo, sostuvo que el 27 de julio a la 1.00, quedó sólo con apoyo de cuatro soldados y que el capitán Abastoflor y el coronel Veizaga se fueron a dormir. Mencionó también que a esa hora, los dos oficiales habían visto que unas doscientas personas habían llegado al lugar en vehículos y temían que el grupo se apoderase de sus armas.
Según la gubernamental ABI, ayer el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez denunció que la investigación está politizada.
“Como a las 3.00 de la mañana vi que un camión pagó el peaje y pasó la tranca”.
Alférez Marco Miranda.
Ministro Quintana inicia juicio al ex de Aduana por calumnias
César López está preocupado por su seguridad y la de su familia
La Prensa
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, inició un juicio al ex presidente de la Aduana Nacional de Bolivia general en retiro César López, por “calumnias” debido al testimonio que presentó en sentido de que esa autoridad había “negociado” con los supuestos contrabandistas de Puerto Evo la salida de 33 camiones desde Cobija.
López, por su parte, expresó su preocupación por su seguridad personal y la de su familia porque en días recientes recibió varias amenazas de muerte.
El ministro Quintana comenzó a sustentar su demanda con las declaraciones de la ex autoridad aduanera que fueron registradas por los medios de comunicación, por lo que el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal requirió a este medio y a otros impresos y audiovisuales proporcionar toda la documentación referente a este caso.
El domingo 7 de diciembre, en una entrevista con Radio Patria Nueva, Quintana ya había anunciado que seguiría un proceso judicial contra López por las acusaciones sobre su supuesta participación en la salida de 33 camiones cargados con mercadería de contrabando de la Zona Franca de Cobija con destino a Puerto Evo el 26 de julio.
El hecho se agravó la noche del 26 de julio y la madrugada del 27 cuando los vehículos llegaron al puesto de control del kilómetro 19 sobre el camino a Porvenir. Según los informes oficiales del Control Operativo Aduanero (COA), los “comerciantes” encabezados por el presidente de la OTB de Puerto Evo, Jesús Chambi, entregaron dos listas con los nombres de los choferes y las facturas de los productos y pidieron que se levantara la tranca porque supuestamente tenían autorización del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
López, en sus declaraciones del 4 de diciembre ante la comisión parlamentaria que investiga esta denuncia, afirmó que el 26 de julio había recibido una llamada de la autoridad del Ejecutivo para pedirle que dejara pasar el convoy. Ese día, los camiones salieron de la ciudad sin pagar los tributos aduaneros indispensables para sacar mercancías de una zona franca.
Los vehículos pasaron también el puesto de control del kilómetro 19; sin embargo, todavía no se ha establecido quién es el responsable del tránsito de ese convoy. El COA y el Comando Conjunto se han responsabilizado mutuamente por su inacción de acuerdo con las declaraciones recogidas hasta ahora por la comisión parlamentaria que investiga el hecho.
El Ministro de la Presidencia se declaró inocente de todas esas acusaciones lanzadas por el ex Presidente de la Aduana. Admitió que se reunió en varias ocasiones con estos pobladores y que una de las citas tuvo lugar en el Palacio de Gobierno; sin embargo, negó que haya llegado a un acuerdo para la salida de los camiones y aseguró que no se someterá a ningún proceso de investigación porque considera que no cometió ningún delito, empero, el vicepresidente Álvaro García Linera, el jueves, dijo que el Ministro asistirá si es convocado por la comisión.
López convocó a una conferencia de prensa el lunes 8 de diciembre, en la que confirmó sus denuncias presentadas ante la Cámara de Diputados. El ex Presidente de la Aduana expresó ayer su temor por su seguridad personal y la de su familia a raíz de amenazas recibidas. La agencia Erbol publicó también que la ex autoridad aduanera le expresó a un grupo de periodistas su preocupación, puesto que desde que prestó su declaración informativa ante la comisión especial de la Cámara de Diputados se ha convertido en objeto de “técnicas de persecución, amedrentamiento y amenazas manifiestas”.
López contó: “Después de mi última conferencia de prensa han comenzado a llamar a mi celular realizando amenazas de toda índole. No solamente a mi persona, sino a mi familia. Esta situación no es nueva, antes hubo un atentado contra mi esposa en mi casa y contra mi madre en Cochabamba. Eso a consecuencia de las declaraciones que hice en el Congreso”.
López tomó con cautela la información de que Quintana inició un proceso judicial en su contra. “No sólo es lo que dice el general López, lo mismo dicen otras autoridades, miembros del COA (…) Ya tengo mi abogado para tomar los recaudos necesarios (para la demanda)”.
Alférez Miranda acusa al COA de permitir el paso de los 33 camiones
Ayer prestó su declaración informativa ante la comisión especial parlamentaria que investiga la salida de 33 camiones con mercadería de contrabando el alférez Marco Miranda, del Comando Conjunto, quien afirmó que, 48 horas antes de la salida de los motorizados, cuatro comerciantes le anunciaron que contaban con la autorización de una autoridad gubernamental.
Miranda confirmó que el Comando Conjunto tenía la información de la partida del convoy 48 horas antes de la salida. Relató que recibió la visita de “cuatro individuos (que) informaron que tenían un permiso especial de altas autoridades del Gobierno”. El alférez entregó la información y ésta fue puesta en conocimiento del entonces comandante del Comando Conjunto, ahora prefecto de Pando, Rafael Bandeira.
Miranda fue incapaz de identificar a los “cuatro individuos” entre los comerciantes que aparecieron en los medios y en la comisión parlamentaria en la última semana. Según Miranda, el agente del COA Cristian Deheza y el fiscal de Aduana Jhon Sosa le informaron esa jornada que los comerciantes tenían todos los papeles en regla.
“Deheza me dijo que estaba todo arreglado (…) Jhon Sosa dijo que todos los papeles estaban en orden”.
El militar quitó responsabilidad al Comando Conjunto puesto que, según él, era deber de Deheza solicitar la ayuda correspondiente. “En ningún momento me pidieron apoyo (…) Yo habría sido el primero en ayudar, pero no nos llamaron. Yo me limité a dar parte a mis superiores antes y durante el conflicto”.
Según el relato de Miranda, los funcionarios aduaneros no le informaron del convoy. La carpa del Comando Conjunto, donde se encontraba el alférez con su personal, se ubica a unos 50 metros de las oficinas del COA en el kilómetro 19. El militar afirmó que “generalmente Deheza se traslada hasta la carpa para solicitar apoyo, revisar los camiones e impedir el paso si hay irregularidad”.
Finalizada la declaración de Miranda, el diputado Arturo Murillo (UN) solicitó formalmente al presidente de la comisión, Javier Zabaleta, que se realicen careos debido a los “evidentes puntos de contradicción” en las declaraciones prestadas.
La intención de Murillo es confrontar al prefecto pandino Rafael Bandeira, el ex presidente de la Aduana César López y el agente del COA Cristian Deheza con el miembro del Comando de Tareas Conjuntas Óscar Abastoflor.
Se ha determinado citar al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para que preste su declaración el lunes a las 16.00. El Ministro ayer dijo que estará complacido de dar su versión ante los diputados.
Responsables
El presidente de la comisión especial parlamentaria que investiga el caso de los 33 camiones, diputado Javier Zabaleta, reveló que existen elementos suficientes para afirmar que cuatro instituciones encargadas del control en Pando no cumplieron sus funciones y permitieron el paso de la mercadería de contrabando.
“Aquí han fallado los mecanismos y los sistemas de control. Más allá de las personas, falló el mecanismo de control entre todas estas instituciones. Han escuchado ayer la declaración del general (Luis) Sánchez (gerente de la Aduana de La Paz), tiene problemas de coordinación entre Aduana y COA, la Aduana con la Policía o Comando Conjunto con la Policía”.
César López
7 de noviembre: es destituido de la Presidencia de la Aduana Nacional de Bolivia.
4 de diciembre: presta su declaración ante la comisión que investiga el caso “33 camiones”.
8 de diciembre: convoca a conferencia de prensa, en la que rectifica sus denuncias.