Editorial de Los Tiempos
Es poco probable que más allá de los círculos oficialistas en nuestro país, el informe de Unasur merezca la aprobación y adhesión de aquellos en cuyo nombre actuó, con la previsible excepción de Venezuela
En septiembre pasado, cuando se produjeron los luctuosos enfrentamientos en Porvenir, Pando, previmos en este mismo espacio que las secuelas de tales hechos serían tan profundas que marcarían un hito en la historia contemporánea de Bolivia.
Consideramos, en esa oportunidad, que lo acontecido era el resultado de dos procesos que alcanzaron su punto culminante. Por una parte, la extraordinaria habilidad con que las fuerzas gubernamentales prepararon las condiciones óptimas para propinarle a la oposición cívica un golpe fulminante. Y por otra, un mayúsculo error de los dirigentes cívicos y prefecturales que al optar por la vía de la violencia, se expusieron a una derrota de dimensiones.
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La principal consecuencia de la matanza de Porvenir fue que le dio al proyecto político del MAS, cuyo principal objetivo táctico era y es destruir a las fuerzas de la oposición, un sólido pretexto para avanzar en su marcha hacia la sustitución del Estado de Derecho por un régimen autocrático. En efecto, lo que viene ocurrido desde entonces confirma que el gobierno ha logrado ubicarse por encima de las disposiciones legales vigentes para desencadenar una ola represiva.
En este contexto, el informe presentado durante las últimas horas por la comisión de Unasur se constituye en un espaldarazo para las pretensiones gubernamentales. Como se ha podido constatar, se trata de una interpretación de los hechos que satisface sin atenuantes las expectativas oficialistas y concluye dándoles una aureola de legitimidad a todas sus acciones.
Sin embargo, por la evidente omisión de una serie de elementos de juicio que eran imprescindibles para una evaluación objetiva e imparcial del caso, deja muchas más dudas que certezas sobre su real aporte a su esclarecimiento y sus consecuencias.
El informe de Unasur, por otra parte, incurre en un inadmisible exceso al ir mucho más allá de sus atribuciones, pues no se limita a presentar una interpretación de los hechos, de por sí cuestionable, sino que se arroga una potestad que de ningún modo se le puede atribuir, como es la de dictaminar la manera cómo debe ser encaminado el juicio contra las personas involucradas.
Con esos antecedentes, es poco probable que más allá de los círculos oficialistas en nuestro país, el informe de Unasur merezca la aprobación y adhesión de aquellos en cuyo nombre actuó, con la previsible excepción de Venezuela, y que para que adquiera el peso que se le pretende dar, será necesario que los parlamentos de los integrantes de esa organización le den su reconocimiento.
Mientras tanto, el informe que comentamos se tornará en una razón más para dudar sobre la real naturaleza de dicho bloque internacional.