El caso Quintana salpica ahora a la cúpula del MAS. Dos cartas revelan que Morales se reunió con los “comerciantes” en el Palacio.
Escándalo. En dos misivas enviadas el 20 y 23 de junio al Presidente, diez dirigentes de los contrabandistas revelan que Evo Morales negoció en Pando y en el Palacio de Gobierno la salida de 33 camiones. Dos meses después, en agosto, los vehículos fueron “liberados” pese a la resistencia legal de la Aduana y del Comando Conjunto. Ayer, el ex jefe aduanero César López desafió al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a entablar un juicio civil por los hechos de corrupción.
Salida: César López deja el ambiente donde ofreció una conferencia de prensa, ayer en el hotel Copacabana
La Prensa
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Los contrabandistas negociaron con Evo antes de la “liberación”
Chambi envió cartas a varias autoridades para liberar su mercadería y comerciarla con Brasil.
Los presuntos contrabandistas de Montevideo negociaron la salida de la mercadería retenida en la Zona Franca de Cobija con el presidente Evo Morales en el departamento de Pando y en el Palacio de Gobierno dos meses antes del 26 de agosto, cuando los pobladores de esa zona recuperaron los camiones por la fuerza, según revelan dos cartas enviadas por la dirigencia gremial de esa región al Jefe de Estado a las que tuvo acceso La Prensa.
El vocero gubernamental, Iván Canelas, consultado por este matutino, dijo no conocer la existencia de tales misivas o a dirigentes como Jesús Chambi, por lo que evitó dar cualquier otra declaración y colgó el celular.
En la primera carta, fechada el 20 de junio y firmada por el presidente de la organización territorial de base (OTB) de Montevideo o Puerto Evo, Jesús Chambi, él y otros dirigentes de esa organización le recuerdan al presidente Morales de una reunión en el Palacio de Gobierno en la que “se vio la posibilidad de dar solución definitiva al problema que atravesamos los residentes de Puerto Evo, en el sentido de la legal reexpedición de nuestra mercadería a Puerto Evo desde la Zona Franca de Cobija”.
Chambi es uno de los implicados en el caso de contrabando de mercaderías y es investigado por la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados y la Fiscalía pandina.
De acuerdo con las averiguaciones, la carga de los residentes de Puerto Evo o Montevideo estaba detenida en la Zona Franca de Cobija desde hacía 45 días o más y los propietarios de esa carga comenzaron a gestionar una salida a la retención, por lo que acudieron al presidente Morales.
Una segunda carta, fechada el 23 de junio, ratifica que Morales se reunió con los comerciantes en Pando y luego en el Palacio de Gobierno. Un párrafo de esa segunda carta señala:
“Señor Presidente tal cual las conversaciones sostenidas con su ilustre autoridad en circunstancias en que estuvo de visita a nuestro departamento y posteriormente en Palacio de Gobierno conjuntamente el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, el presidente de la Aduana Nacional, general (r) Cesar López y la gerente de Normas Jacqueline Villegas en el despacho del ministro de la Presidencia, donde se vio de dar solución definitiva al problema que atravesamos en este momento todos los pobladores de Puerto Evo Morales, antiguo Montevideo”.
La misiva dirigida al Jefe de Estado le insta a aprobar un decreto supremo para permitir que se extienda la Zona Franca de Cobija hasta Puerto Evo para que los pobladores puedan mover sus mercancías. “… Toda vez que al presente nos encontramos perjudicados con el tránsito de nuestras mercaderías paralizadas en la Zona Franca de Cobija por disposiciones del Comando Conjunto (…) causándonos esto una serie de problemas y perjuicios a nuestra economía y normal desenvolvimiento”.
El caso de los 33 camiones de contrabando estalló más de un mes después de que las misivas fueran remitidas al presidente Morales. La detención de los motorizados se dio el 27 de julio en la localidad de Santa Rosa del Abuná, por disposición del Comando de Tareas Conjuntas.
El 26 de julio, Chambi había afirmado ante el punto de Control Operativo Aduanero del kilómetro 19 que contaba con la autorización del ministro Quintana para sacar sus mercaderías de la zona franca.
Informes de la Aduana señalan que las mercaderías estuvieron aparcadas en la Zona Franca de Cobija al menos 45 días antes de que los camiones fueran detenidos.
Testimonios de los funcionarios de esa institución que visitaron la zona donde estaban retenidos los camiones señalan que los transportistas estaban muy molestos por el tiempo y recursos que les estaba costando el traslado de aquellas existencias.
Un informe de la Aduana del 28 de julio recoge el testimonio de un transportista: “Estamos cansados de estar detenidos más de 30 días (en la Zona Franca de Cobija), y ahora en Santa Rosa del Abuná, donde todo es caro. Nos dijeron que estaba todo listo y con autorización”. Las notas de Chambi en este periodo no solamente están dirigidas al presidente Morales. También existe correspondencia mutua con el ministro Quintana, con el entonces presidente de la Aduana César López y con otras autoridades.
Los comerciantes dirigidos por Chambi se remiten a una nota de la presidenta de la Aduana en 2001, Amparo Ballivián, en la que se autorizaban “las expediciones hacia la población de Montevideo como solución al problema de tránsito aduanero”.
El tránsito de mercaderías se interrumpió debido a la instalación del Comando de Tareas Conjuntas y desde entonces los comerciantes de Puerto Evo pretenden prolongar la Zona Franca de Cobija hasta su localidad.
Montevideo es un asentamiento de comerciantes en la frontera con Brasil que en los últimos años ha sido castigado por las lluvias y un incendio que prácticamente arrasó con el pueblo. Un programa del Gobierno reinstaló a los colonos en un monte, igual fronterizo, con mayor elevación y por ello fue bautizado como “Puerto Evo Morales” (ver cuadro.)
Jesús Chambi es el dirigente de la organización territorial de base de Montevideo o Puerto Evo y promovió que las familias de esta población participaran en acciones de hostigamiento en Santa Rosa del Abuná, donde estaban detenidos los camiones.
La presencia agresiva de los contrabandistas y las familias de comerciantes en la zona de los camiones se constituyó en uno de los factores que imposibilitaron el Operativo Retorno de los camiones a Zofra Cobija.
El 20 de agosto, en una reunión en la oficina de la delegada presidencial Nancy Texeira, con la participación de la Fiscalía y funcionarios de Aduana, el comandante del Comando Conjunto que reemplazó al contraalmirante Rafael Bandeira, de apellido Pacheco, afirmó que “ni con mil policías y mil efectivos militares se podrán mover esos camiones”, según documentación a la que se tuvo acceso.
A los tres días, el 23 de agosto, un operativo armado recuperó los 33 camiones y las mercaderías de los garajes.
La Fiscalía rechazó una querella
Tras la incautación de los 33 camiones que pretendían salir del país con mercadería de contrabando, la Aduana puso en conocimiento de la Fiscalía de Distrito esta anomalía a través de una denuncia que fue rechazada en una primera instancia porque la parte querellante no presentó el acta de intervención ni la valoración de la carga.
El organismo aduanero volvió a presentar una demanda el 30 de agosto en contra de los presuntos propietarios de las mercaderías: Ana María Guaqui, Margot Aguilar, Gladys Aguilar, Judith Aguilar, Jenny Lourdes Ojeda Limachi, Imp. Landos, Rodolfo Encinas, Adela Quisbert, Carlos de la Cruz, Guillermo Huanca Quispe, Manuel Montero, Gabino Mamani, Milenka Huanca, Olga Quispe, Tiburcio Chipana, Luis Orlando Camargo, Rigoberto Choque, Marcelo Siñani y Jesús Chambi.
La querella también fue presentada en contra de los conductores de los camiones: Carmelo Pérez Cartagena, Juan Carlos Timaray Aiguana, Beltrán Ochoa Luna, Juan Vargas, Juan Carlos Chalco, Guillermo Mamani, Horacio Chalco, Gonzalo Mamani, Jaime Mancilla, Efraín Paucara, Roberto Choque, Julián Cocarico Villca, Bernardo Sandro Tórrez, Gualberto Vallejos, Nicolás Olivares Yuta, Juan Carlos Vásquez Alí, Sabino Condori, Richard Cáceres, Rafael Ramos, Julio Vera, Rildo Calsina, Estanislao Mamani, Alfredo Cabrera, Edwil J. Vargas, Nicolás Olivares, Gualberto Vallejos, Milton Carlos Aliaga, Nemesio Cruz Aguirre, José Cristóbal Acosta Ledesma, Wilmer Patón Suca, César Azturillo Aliaga, Roberto Carlos Ramos, Juan Carlos Quispe y Édgar Valdés.
Todas estas personas fueron acusadas del delito de contrabando. El 30 de agosto, en el mismo memorial, la Aduana solicitó a la Fiscalía que dispusiera la retención preventiva de toda la mercancía y de los camiones que habían sido usados para transportarla a Brasil. El fiscal anticorrupción Genaro Quenta afirmó ayer en La Paz que el Ministerio Público cumplió con todos los procedimientos de investigación antes de que se formara la Comisión Especial Parlamentaria que también averigua los acontecimientos que involucran al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
La investigación de este caso está a cargo del fiscal pandino Carlos Gonzales, en Cobija. La Prensa intentó comunicarse telefónicamente con él, pero fue imposible.
El viernes, el fiscal de Distrito Eloy Aspetti convocó a declarar a 114 personas presuntamente implicadas en este caso después de casi seis meses de ocurrido el hecho. La Comisión de la Cámara Baja se constituyó en cabeza de Ministerio Público; sin embargo, el fiscal Quenta señaló que la Fiscalía realiza su propia investigación.
Ex de Aduana emplaza a Quintana
El ex presidente de la Aduana Nacional César López emplazó ayer al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a dejar el poder con que fue investido para asumir su defensa en la vía ordinaria como un ciudadano común y corriente, respecto de las acusaciones que pesan por la salida de 33 camiones de contrabando en Pando.
La ex autoridad, quien denunció a Quintana ante una comisión especial de Diputados, anunció que contratará a un abogado para asumir su defensa, tras el anuncio del ministro de querellarse con López en dos procesos, uno por el delito de incumplimiento de deberes y otro por difamación y calumnia. “El ministro Quintana debe ponerse a la altura de un ciudadano común para ejercer su derecho al juicio sin ejercer el poder del Estado”.
Dijo que si la autoridad gubernamental no aceptara este pedido, estaría iniciando un proceso “extraño”, porque sería la primera vez que un ministro de Estado enjuiciara a un funcionario por decir la “verdad”. “Que explique por qué encubrió a contrabandistas de Cobija. Que diga por qué se entrometió en funciones que no le competían”. Se declaró en tres ocasiones “soldado del proceso de cambio”.
La cronología
20 de junio: el dirigente Jesús Chambi envía una carta a Evo Morales para recordarle las reuniones en Pando y en el Palacio de Gobierno para solucionar el problema de “la reexpedición de sus mercaderías”. Le piden al Presidente que emita un decreto supremo que prolongue la zona franca hasta Puerto Evo.
23 de junio: nuevamente Chambi envía una nota a Morales en los mismos términos. Tiene sello de recibido de la Presidencia el 26 de junio.
30 de junio: Chambi envía otra carta al Directorio
de la Cámara de Industria y Comercio de Pando para promover una reunión de la administración de la Zona Franca de Cobija para discutir la situación de Puerto Evo.
3 de julio: la nota de Jesús Chambi va dirigida al vicepresidente del Movimiento Al Socialismo, Gerardo García, para que se discuta dentro del partido la solución al problema de la mercadería parada.
6 de julio: la nota está dirigida al entonces presidente de la Aduana Nacional de Bolivia César López, a quien solicita la instalación de un puesto aduanero “para garantizar de esta manera la salida de mercaderías de Zofra Cobija hacia su destino final”.
21 de julio: López envía una nota a la jefa de gabinete de la Presidencia de la República, Alejandra Claros Borda, para informar al Presidente de la solicitud de los pobladores de Puerto Evo de liberar las mercaderías retenidas en la Zona Franca de Cobija.
López le dirige otra nota al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a fin de informarle que la Aduana explicó al grupo de Chambi que no le compete intervenir en la solicitud de Puerto Montevideo por ser parte de la Zona Franca de Cobija.
César López le escribe a Jesús Chambi para informarle que el pedido de Puerto Evo deberá ser tratado entre los ministerios de Producción y Microempresa y de Hacienda.
26 de julio: los 33 camiones cargados con mercadería abandonan Zofra Cobija y rebasan el punto del Control Operativo Aduanero (COA) ubicado en el kilómetro 19. Jesús Chambi afirma en el COA que tienen la autorización del ministro Quintana.
27 de julio: el Comando Conjunto actúa de oficio y detiene los camiones en Santa Rosa del Abuná por violación de tranca.
Antecedentes
El ex Presidente de la Aduana reveló el jueves que Quintana pactó con contrabandistas.
El Ministro negó tal extremo y el domingo amenazó con enjuiciar a César López.
La ex autoridad ratificó ayer sus denuncias y lo desafió a someterse a un proceso civil.
La Prensa accedió a dos cartas en las que los comerciantes piden al Presidente que cumpla sus compromisos
El caso Quintana salpica ahora a la cúpula del MAS
LA RAZÓN
Además del ministro Quintana, Adolfo Colque, miembro de la dirección nacional del partido oficialista, habría participado en la reunión revelada por el ex jefe de la Aduana Nacional.
• UN SITIO CUESTIONADO • Un camión y nueve autos permanecían ayer estacionados en la Zona Franca de Cobija, uno de los lugares mencionados en el caso de contrabando en Pando.
Un alto dirigente del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) estuvo en la reunión que, según el ex presidente de la Aduana Nacional, general César López, sostuvo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, con comerciantes de Pando acusados de contrabando.
Una fuente ligada a la anterior administración de la entidad aduanera reveló ayer a La Razón que el dirigente masista Adolfo Colque participó en el encuentro que, según López, tuvo lugar en el Palacio de Gobierno en La Paz, el 30 de julio de este año.
El general López involucró a Quintana en la fuga de 33 camiones de contrabando ocurrida el 23 de agosto en Cobija (Pando), ante la comisión de Diputados que investiga el caso.
Colque, que es vicepresidente de la Comisión Política de la dirección Nacional del MAS, declaró el 21 de abril que el partido respetaría la decisión del presidente Evo Morales de mantener a Quintana en el cargo. Entonces, el ministro era cuestionado por algunos sectores. La afirmación la hizo en la inauguración del Tercer Congreso Departamental del MAS en La Paz.
Como masista, Colque también organizó junto a las organizaciones sociales de Riberalta, Guayaramerín y Rurrenabaque el encuentro que el 18 de julio tuvieron en Beni los presidentes de Bolivia, Brasil y Venezuela.
Mientras, el diputado Arturo Murillo (UN), miembro de la comisión de diputados, informó a este medio que se presume que “no hubo una sola reunión (de autoridades de Gobierno) con los contrabandistas. Hubo varias, vamos a confirmar. En una de ellas hubo diputados, estamos investigando quiénes son los diputados que habrían participado”.
Agregó que estas reuniones habrían tenido lugar en agosto, antes de la fuga de los camiones.
Una segunda fuente oficial, que pidió mantener su nombre en reserva, indicó que al menos se habrían producido cuatro reuniones después del 30 de julio.
Precisó que dos de ellas se realizaron en Pando, entre el ministro Quintana, la delegada Presidencial, Nancy Texeira, su asesor jurídico, Wálter Zuleta, el prefecto interino de Pando, contraalmirante Rafael Bandeira, y Jesús Chambi, dirigente de los comerciantes involucrados.
Las otras dos reuniones —dijo— fueron en la ciudad de La Paz y en éstas participaron las mismas autoridades, además de diputados del MAS, entre las que mencionó a Ana Lucía Reiss, parlamentaria por Pando.
La misma fuente explicó que el contacto entre los comerciantes pandinos y Quintana estuvo a cargo del senador disidente de UN y afín al MAS, Abraham Cuéllar, y del ex alcalde de Cobija, Miguel Chiquitín Becerra, también alineado con el partido oficialista.
La Razón intentó comunicarse con la Delegada Presidencial, pero ésta tiene el celular apagado desde el domingo. Cuéllar no quiso hablar del tema vía teléfono y pidió hacerlo en persona.
Texeira también fue mencionada en la declaración de López ante la comisión investigadora.
La ex autoridad afirmó que el 5 de agosto recibió un informe del coronel Wálter Villalpando, agente del Control Operativo Aduanero (COA), enviado a Cobija para efectuar la verificación física y documental de la mercadería contenida en los 33 camiones. En ese informe “nos hacen conocer que la Delegada Presidencial informó que dos personas representantes de los comerciantes viajaron a La Paz para sostener reuniones en el Palacio de Gobierno y que nos informarían de los resultados”.
“No hubo una sola reunión (de autoridades de Gobierno) con los contrabandistas. Hubo varias, vamos a confirmar”.
ARTURO MURILLO, diputado Unidad Nacional (UN).
López dice que Suxo sabía del contrabando en Cobija
INFORME • El ex jefe de la Aduana informó del hecho al Viceministerio de Transparencia.
Una de las acciones que el ex presidente de la Aduana, general César López, realizó después de la detención de los 33 camiones de contrabando, fue informar del hecho a la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.
“Este hecho (de contrabando) no fue conocido sólo a través de la querella (interpuesta por la Aduana ante la Fiscalía). También lo hice conocer al Viceministerio de Transparencia en su oportunidad”, sostuvo ayer López en una rueda de prensa.
El ex presidente de la Aduana dijo no recordar la fecha en la que se comunicó con el despacho de Suxo; pero sostuvo que fue “por escrito y con documentación”.
Este medio trató de contactarse vía telefónica con Nardi Suxo para conocer su versión sobre el tema, lo que no fue posible, porque la viceministra estaba de viaje y retorna hoy al país.
Los camiones fueron interceptados por el Comando Conjunto de Cobija el 23 de agosto en la localidad de Santa Rosa del Abuná, a 180 kilómetros de la zona franca de Cobija, de donde salieron rumbo a la población fronteriza de Montevideo, sin pagar los impuestos de ley.
López acusó al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de autorizar el paso de los camiones en la tranca del kilómetro 19 (antes de llegar a Santa Rosa) y de negociar con los contrabandistas. El ministro anunció que enjuiciará al ex jefe aduanero por incumplimiento de deberes y calumnias.
López ratificó ayer las declaraciones hechas ante la comisión de la Cámara de Diputados que investiga lo ocurrido en Pando y emplazó a Quintana a “que diga la verdad al pueblo boliviano”.
“Que explique por qué encubrió a contrabandistas de Cobija. Que diga por qué se entrometió en funciones que no le competían”, manifestó ante la prensa.
La ex autoridad agregó que “si el ministro Quintana cumple su amenaza (de llevarlo ante la justicia), será un juicio extraño y raro, porque será la primera vez que un Estado enjuicie a alguien cuyo único delito fue decir la verdad”.
Según UN, Deheza es amenazado
DENUNCIA • Arturo Murillo dijo que el subteniente teme por su vida.
El diputado Arturo Murillo (UN) denunció ayer que la vida del subteniente Christian Deheza —que fue quien reportó que los comerciantes que querían hacer ingresar mercadería de forma ilegal por Pando decían tener autorización del Ministro de la Presidencia— corre peligro.
Murillo indicó que, tras haber reportado el ilícito, el efectivo del Control Operativo Aduanero (COA) recibió amenazas. “Todas estas cosas hay que investigar y aquí está la carta que hemos mandado al Ministro de Gobierno, porque Deheza nos ha pedido desesperado ayuda y su vida corre peligro”. El diputado es parte de la comisión de la Cámara Baja que investiga el caso de contrabando en Pando, en el que estaría involucrado el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
El diputado solicitó a las organizaciones sociales, especialmente a cocaleros y campesinos, que se pronuncien. “¿Es correcto que el Presidente se vea manchado por el ministro Quintana?, ¿ustedes meten las manos al fuego por el ministro?”. Agregó que Rafael Bandeira, actual prefecto de Pando, está implicado y que no podrán avalar la solicitud de ascenso que permita al uniformado ocupar el cargo del Comandante en Jefe de las FFAA. Redacción Cochabamba
Según Podemos, Quintana trató de controlar la ANB
NORMA • Un decreto integra a esa cartera de Estado al directorio de los recintos aduaneros.
El senador Roberto Yáñez (Podemos) denunció ayer la supuesta intención del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de controlar los recintos aduaneros del país mediante el Decreto Supremo 29694, emitido el 3 de septiembre del 2008, 11 días luego de la fuga de los 33 camiones de contrabando en Pando.
“El decreto supremo establece que el ministro Juan Ramón Quintana participa de forma directa en la administración de los recintos aduaneros que estaban bajo la administración de las empresa Almacenera Boliviana SA (Albo) y la empresa concesionaria Swissport”, sostuvo Yáñez.
Mediante esta norma, el Gobierno creó la empresa pública nacional estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), con domicilio legal en la ciudad de El Alto y cuyo objetivo es “la prestación de servicios logísticos, de almacenaje y de asistencia al control de tránsitos”.
En su artículo 7, el decreto establece que el directorio de la DAB estará constituido por un representante del Ministerio de la Presidencia; uno del de Hacienda; y uno de la cartera de Producción y Microempresa.
El parlamentario opositor se preguntó: “¿Qué tiene que ver en la administración de los recintos aduaneros un Ministro de la Presidencia?”. Agregó que el decreto podría ser la razón de las recientes contraacusaciones entre Quintana y el ex presidente de la Aduana, general César López.
El ex jefe aduanero sostuvo ayer en una rueda de prensa que además de la injerencia del ministro en el paso de los 33 camiones, “ha habido algunas insinuaciones (de Quintana) sobre el cambio de algunas autoridades (dentro la entidad)”.
Precisó que esas insinuaciones eran para retirar funcionarios en algunas gerencias regionales, y que Quintana no dio nombres para reemplazar a las mismas. “Dio algunos nombres de (quienes) no quería que estén trabajando junto conmigo”.
El domingo, el Ministro de la Presidencia culpó a López por el contrabando y anunció un juicio de responsabilidades en contra suya por negligencia, incumplimiento de deberes y calumnias.
Opositores piden a Evo que actúe para salvar su gestión
POSTURAS • Para los oficialistas, la acusación contra Quintana es un “plan” para desestabilizar al Gobierno. Morales no habla sobre el tema.
Desde diferentes instancias, los parlamentarios de la oposición demandaron ayer al presidente Evo Morales que asuma acciones en el caso de contrabando que involucra al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a fin de “salvar su gestión”.
El presidente del Senado, Óscar Ortiz (Podemos), lamentó ayer que Quintana no haya renunciado al cargo para someterse al proceso y pidió al Jefe de Estado “que no se haga el desentendido”. “El Presidente es quien nombró al ministro, y si éste no asume voluntariamente una actitud diferente, el Presidente es quien debe dar la cara, tomar definiciones que permitan el esclarecimiento de un caso tan grave”.
El senador Luis Vásquez (Podemos) opinó que si el Gobierno tolera la presencia de Quintana dentro del Ejecutivo “con los serios cargos de corrupción que tiene por detrás, aquí algo más grave va a ocurrir, y es que la política anticorrupción de este Gobierno se habrá hecho trizas”.
Desde Cochabamba, el diputado Arturo Murillo (UN) pidió al Primer Mandatario ayuda para erradicar la corrupción en Bolivia y, como primera medida, propuso que otorgue licencia a Quintana para que se defienda. “Si el Presidente no nos ayuda, quiere decir que los del oficialismo sí pueden cometer actos de corrupción”.
Murillo anunció que hoy entregará una carta al Presidente con ese tenor y consideró que el ministro está implicando “al hombre que se ha abanderado la lucha contra la corrupción en el país”.
Hasta el momento, el Jefe de Estado no se ha referido específicamente al caso. El viernes, se limitó a decir a sus ministros que se cuiden “de la derecha”.
Para los parlamentarios oficialistas, la denuncia del ex presidente de la Aduana, general César López, en contra de Quintana, es parte de un plan de la derecha para dañar al Ejecutivo.
“Todo es un plan fraguado en contra del hermano Juan Ramón Quintana con el afán de desprestigiarlo, dado el hecho de que él se ha constituido en el pivote esencial en la lucha en contra de quienes han cometido genocidio en el departamento de Pando”, sostuvo el senador Félix Rojas. Su par Ricardo Díaz afirmó que el tema está siendo utilizado “de forma morbosa para tapar la muerte de 20 personas”, en alusión a los hechos de septiembre.
Según la ANF, el presidente de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), Fidel Surco, afirmó que Quintana debería someterse a un proceso investigativo. “La Conalcam defiende el proceso de cambio, y no defenderá posibles irregularidades cometidas por autoridades del Poder Ejecutivo”, adelantó.